EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
UPyD pide despolitizar la gestión de personal
ZARAGOZA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha solicitado despolitizar la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento de Zaragoza y ha calificado de "muy negativa" la gestión en estos años de la consejera municipal de Régimen Interior, Lola Ranera, porque "lleva más de 13 años sin convocar un concurso general de traslados para los técnicos superiores del Grupo A1".
UPyD ha indicado que "de la poca información que ha podido recabar, a pesar de la escasa transparencia del equipo de gobierno sobre esta materia, se deduce" que hay 104 directivos en la administración general municipal; 11 gerentes de sociedades municipales, organismos autónomos y fundaciones; 16 jefes de Policía Local; 50 asesores o cargos eventuales de confianza, todos ellos nombrados por libre designación; y 672 jefes intermedios, técnicos superiores y medios, de los que 212 son técnicos superiores, cuyos puestos de trabajo "deben cubrirse necesariamente por concurso de méritos".
El coordinador en Zaragoza de UPyD, Javier Puy, ha recordado que el Ayuntamiento lleva sin convocar concursos de traslados de técnicos superiores desde hace más de 13 años, el último data de 1998 y se resuelve en 2000.
"Ello ha permitido abusar de la utilización de otras figuras para trasladar discrecionalmente al personal sin consultarles, tales como la libre designación, los nombramientos provisionales, las comisiones de servicios, y las encomiendas temporales de servicios", ha alertado Puy.
"INSEGURIDAD JURÍDICA"
Esta situación prolongada en el tiempo ha creado entre los técnicos municipales una situación de "inseguridad jurídica, incertidumbre y de provisionalidad, que pudiera estar desmoralizando a la plantilla, y desincentivando su trabajo con repercusión en la dedicación y productividad, en una organización politizada y sujeta a la discrecionalidad, cuando no arbitrariedad", ha considerado.
A juicio de Puy "estamos asistiendo a una situación anómala y espuria, en la que el equipo de gobierno pretendería controlar a su antojo y domesticar la posición y destino del grupo de funcionarios de carrera más importante del Ayuntamiento por su categoría y cualificación profesional" al argumentar que éstos los que pueden optar a puestos directivos y de jefatura, y "dada su presunta independencia, dificultar las decisiones políticas que alcalde, consejeros municipales y concejales del Gobierno municipal adoptan con la máxima discrecionalidad".
Para evitar este "desmantelamiento" de la Administración, UPyD ha propuesto "profesionalizar el personal para asegurar la independencia del poder político, y de esta forma evitar que se pudiera ir en contra del ordenamiento jurídico, y de los principios reglados de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".
Noticia propuesta por: Juan Antonio Mendoza Blanco
Desgraciadamente esta estampa no se da solo en el Ayuntamiento de Zaragoza, se repite a lo largo y ancho de esta piel de toro que es nuestro país. Tampoco es un problema único de las entidades locales, sino que ocurre (y con frecuencia) en todos los niveles de la administración.
ResponderEliminarSe desprestigia asín el trabajo de funcionarios, y las salvaguardas que se han ganado con esfuerzo (tanto para entrar a la administración, como al participar de ella); y me temo que pocos de la "bienaventurada casta política" harán realmente algo que no sea de cara a la galería para solucionarlo.
Quedaremos pues a espesas de los que controlan a la base de los trabajadores de este país (tanto en la función pública como fuera de ella), como ya venimos sufriendo en España desde....Siempre. En fin, ¿que se le va a hacer?
Sirva de ejemplo el ayuntamiento de Zaragoza, y debemos pensar que esto pasa en todos los ayuntamiento y en todas las administraciones. El poder político se encarga de alargar sus brazos hasta los puestos más básicos de la Administración, no existiendo ningún funcionario que pueda desarrollar su trabajo con independencia.
ResponderEliminarYa es difícil, cuando no existen amenazas extras, que un técnico le diga a su jefe político “esto no se puede hacer así”; más difícil aun, cuando te encuentras ante la tesitura de “si tú no haces lo que te digo, buscaré a alguien que lo haga”. Así se encuentra la Administración, rendida a los caprichos de los políticos de turno.
Es verdad que no podemos decir que todos los políticos son iguales y que todos vayan buscando el interés personal o del partido ante todo, pero si podemos decir que la mayoría no son técnicos y que se empeñan en hacer cosas saltándose la legislación a piola como si con ellos no fuera la cosa.
Ana D. Cobo
Aunque aquí se concreta en el caso particular de un ayuntamiento no deja de ser esto un exponente general de lo que viene ocurriendo en todas las administraciones públicas. Pero centrarnos sin más en opinar sobre la oportunidad o no de compartir el criterio del partido que se opone o de entrar en los pormenores del caso, nos puede inducir a error. Lo que presente la noticia tiene muchísimo más calado del contenido de la noticia en sí. Hay que elevarse de la especificad del caso y encarar el tema con mayor altura de miras. Aquí se nos plantea un caso práctico de lo que debemos entender como uno de los tipos de “cáncer” de las democracias occidentales avanzadas.
ResponderEliminarEl funcionamiento democrático de los estados de derecho avanzados cuenta con dos tipos de grandes trampas o “cánceres” que es necesario tener presente siempre a la hora de analizar el comportamiento de los agentes políticos, cualquiera que sea su nivel o su ubicación, o el carácter de los mismos, y son los siguientes:
a) La “profesionalización” de los políticos
b) El clientelismo político
De las dos cuestiones a) y b) aparecen señales en el caso que se comenta.
En el caso de a) estamos ante una manera de entender al partido como una empresa de colocación, en el sentido de que insertando a sus miembros en las estructuras del estado les permite, por un lado, un control partidario de estas estructuras, pero, por otro, mantener un ejército de allegados y sus esferas de influencia a coste cero para su organización. No entro a analizar los efectos nocivos para los ciudadanos y la prestación de los servicios derivados de estas entradas “por la puerta trasera” a la administración pública.
En el caso b) es una manera de fidelizar a la persona y su área de influencia, entendiéndola como cliente, para que se aferre a una manera de entender la realidad política, sea acólito siempre de la misma, y eliminar su sentido crítico al posponer su “bien material personal” al análisis de la realidad. El beneficiado con esta forma de hacer mira en su interés personal y familiar antes que en el bien común al que supuestamente se debe.
Las consecuencias de esta forma de actuar política son gravísimas a la vez que perfectamente visibles, apuntamos algunas de ellas:
a) Falta de profesionalidad en la prestación de los servicios.
b) Detrimento de la cualificación de las personas que han de prestar los servicios públicos
c) Agravios comparativos graves ante el resto de los funcionarios y empleados públicos que aducen su mérito y su capacidad antes que el “pesebrismo” político.
d) Se crea un ambiente propicio, debido a la pleitesía que estos “colocados” deben a sus jefes partidarios, para la corrupción y malas prácticas.
e) Es una auténtica “cagada” al concepto de imparcialidad que debe regir el actuar de las administraciones públicas.
f) A largo plazo y en una situación prolongada en el tiempo y extensa en los ámbitos llegamos a la creación de un auténtico “régimen” entendiendo por tal la simbiosis de la administración con una estructura partidaria que a través de ello extiende su influencia con fuerza manipuladora en las estructuras sociales y económicas.
Muchas serian las ideas que se podrían aportar para acabar con estas prácticas y evitar el gravísimo perjuicio que con ellas se le infiere a la sociedad civil, quien en definitiva es quien paga. Yo me voy a centrar solamente en una. Consiste en echar una mirada a los resquicios que el ordenamiento jurídico tiene y que posibilitan desde un punto de vista legal o pseudolegal la producción de estas prácticas conocidas popularmente como “enchufismo” político. Me quiero concretamente a la figura de “personal eventual” en la administración y el uso fraudulento al que se presta el personal laboral.
Cruda realidad es la que se vive en las administraciones públicas, la gran mayoría de los trabajadores que en ellas trabajan son elegidos a "dedo" por intereses partidistas, y es que parece que cada partido lleva consigo un séquito de enchufados. Por otro lado nos encontramos con aquellos que han aprobado una oposición, aquellos a los que no les han regalado nada, aquellos que se han pasado años formándose y ven sus expectativas laborales mermadas, en la mayoría de las ocasiones anclados en un determinado puesto, mientras "otros" que en algunos casos su formación solo llega al "graduado escolar" logran ocupar puestos bastantes bien remunerados, cuya función no se sabe bien cuál es. Y es que ya va siendo hora, de acabar con esta lamentable práctica.
ResponderEliminarTodos sabemos que es difícil acabar con esta situación, pero es momento de que los políticos tomen conciencia de esta situación (cosa bastante improbable) pues desgraciadamente siempre prima el interés particular, en definitiva no nos queda otra de tomar conciencia a todos los ciudadanos a la hora de votar, pues somos quien al fin y al cabo pagamos los "platos rotos"
Me llama la atención el gran número de puestos de libre designación que todos serán del partido político de turno que gobierne en ese momento, pero mas me llama que en puestos que se rigen por concurso de méritos se los salten y metan gente a dedo en puestos que deberían regirse por los principios de merito y capacidad.
ResponderEliminarEl fin debe de ser el de una administración independiente sin que el poder político pueda interferir en el trabajo de los funcionarios.