La motivación, el compromiso y la comunicación, claves de una buena acción directiva.

Noticia enviada por Inmaculada Morales Cuerva:

La sede madrileña de la Escuela Europea de Negocios (EEN) acogió un desayuno profesional en torno a la calidad de la acción directiva. El encuentro, promovido por TopTen Business Experts y la propia EEN, estuvo dirigido por el consultor y coach en Alta Dirección, Mariano Vilallonga, para quien “la acción calidad directiva no reside en el tamaño de las empresas, sino en su propio dinamismo”. Considerado como uno de los mayores expertos en Desarrollo Directivo (Executive Coaching) de España por distintas publicaciones del área económica, Vilallonga señaló igualmente que “la motivación, la comunicación y el compromiso son claves para medir y mejorar la altura profesional de nuestros directivos”.

En el transcurso de su ponencia, que posteriormente concluyó con un debate abierto a todos los participantes en este “Desayuno Directivo”, Vilallonga propuso tres variables para para medir y diagnosticar la acción directiva: las competencias gerenciales (visión estratégica de negocio, capacidad de negociación, dirección y motivación de personas, etc.); el nivel de compromiso (según intensidad y fidelidad en tiempo); y la sinergia de equipos (a partir de la capacidad del directivo en la integración en los equipos, tanto individual como conjuntamente, y la diferenciación entre grupos de trabajo de alto rendimiento, alto potencial o alto consumo).

Vilallonga contó en su exposición con la colaboración de Cristina Harto Sánchez, responsable del área de Recursos Humanos de Richard Ellis España y Marruecos, así como el debate estuvo conducido por el periodista Francisco Garcia Cabello.
 
Durante el coloquio abierto, algunos de los asistentes subrayaron la necesidad de imponer los valores humanistas en las empresas y en las escuelas de negocios, algo que compartieron los representantes de la Escuela Europea de Negocios. Asimismo, se habló como una alta cualidad del directivo es su capacidad para afrontar situaciones adversas, bien mercantiles, bien personales o de equipo, lo que se definió como “capacidad de resiliación”.
Vilallonga concluyó su intervención parafraseando a E. Hubbard: “Existe algo más difícil, fino y escaso  que el talento. Es el talento de potenciar a los talentosos”.


Originalmente publicada en www.rrhhdigital.com

El Ib-Salut presenta a los sindicatos un plan para ahorrar 3,9 millones en personal.

Noticia enviada por Inmaculada Morales Cuerva:

El Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut) ha presentado a los sindicatos un plan de medidas que afecta principalmente a la reorganización de los Recursos Humanos de los hospitales de Gesma, es decir, el Hospital General, el Joan March y el Psiquiátrico, con la supresión de la Gerencia de Gesma, que de llevarse a cabo supondrá un ahorro de 3,9 millones de euros en materia de personal.

Así lo ha manifestado CCOO en un comunicado, en el que considera "inaceptable" iniciar las negociaciones con el Ib-Salut hablando de reorganización de personal y amortización de plazas, "cuando no se habla de un ahorro en el resto de partidas presupuestarias, priorizando la racionalización de la gestión y su eficacia antes de hablar de despidos de personal".

En este contexto, el sindicato ha insistido a la administración que aporte los costes de actividad de la masa salarial global del Ib-Salut especificado por centro de gasto en la que se haga constar de forma separada las retribuciones fijas y las complementarias variables.

Asimismo, en el caso del Hospital General, Joan March, Psiquiátrico (área de salud mental y anexos) y los servicios centrales de Gesma, desde CCOO solicitan la cuantificación económicos y su justificación de las guardias de presencia física y localizadas, relación, justificación y coste; los complementos por excepción de guardias para mayores de 55 años; los alquileres de locales, ubicación, mantenimiento y costes económicos y los de la política actual de aislamientos.

En esta misma línea, reclaman un estudio del ahorro para la prescripción de fármacos equivalentes, unificación de farmacias y fungible con sus hospitales de referencia; un estudio para la adaptación de una nueva guía farmacológica que adecue a la polifarmacia, y política de antibióticos y fármacos de largo recorrido y valoración de ahorro.

Finalmente, solicitan el coste de personal detallado y la actividad realizada por los servicios centrales de GESMA; la valoración y justificación del coste económico de las contratas y subcontratas; de la reorganización del servicio de prevención del CHM; los costes de las actividades extra-hospitalarias y la evolución del coste de cama por hospital.

Ante esta situación, CCOO asevera que desde el sindicato trabajan "intensamente" para que la repercusión de esta reordenación "no sea una escabechina de personal, aumentando más las listas de demandantes de empleo".

Noticia oficialmente publicada en www.elmundo.es

Un informe de diputación ve insuficiente la partida para personal temporal

Noticia enviada por Inmaculada Morales Cuerva:

Un informe de la Diputación de Málaga advierte de que el presupuesto aprobado para personal laboral temporal de cara al próximo año puede ser insuficiente, según ha señalado el portavoz socialista en la entidad provincial, Francisco Conejo.

Ha explicado que, según este informe sobre el capítulo 1 -gastos de personal- del proyecto de presupuesto de la Diputación para 2013, elaborado por el Departamento de Recursos Humanos, el dinero para retribuciones del personal temporal laboral se ha reducido un 30%,pasando de los seis millones actuales a 4,2 millones.

El personal temporal laboral lo conforman las personas que cubren las bajas por enfermedad, las sustituciones por incapacidad temporal o las interinidades por vacantes, entre otros aspectos, del personal que trabaja en servicios que presta la institución.

En el informe se establece, según ha trasladado Conejo en un comunicado, que "la disminución de dicho crédito presupuestario se basa en la reducción de contrataciones por la disminución de vacaciones y licencias, la reordenación de centros y la reasignación de efectivos".

"No obstante -continúa-, si se extrapolan los datos de los contratos actualmente en vigor a la anualidad completa del ejercicio de 2013, el crédito fijado sería insuficiente; por ello, dicha aplicación deberá tener un seguimiento exhaustivo.".

El portavoz del PSOE ha criticado que el PP ponga en peligro el empleo actual en la institución, al mismo tiempo que "incrementa las partidas para las retribuciones de los cargos de confianza".

"El Partido Popular ha recortado el dinero que se destina a contratar a personas para cubrir servicios fundamentales que da la Diputación, como las residencias de mayores o la atención a personas discapacitadas", ha denunciado el diputado socialista. Al respecto, ha dicho que se trata de una medida que "va en la línea de desmantelamiento de los servicios públicos de la institución que ha emprendido el PP".

A su juicio, "lo más grave es que mientras que la propia Diputación alerta de que con este recorte no se podrán mantener los mismos contratos que ahora existen, el equipo de gobierno del PP incremente el dinero de las retribuciones a los cargos de confianza".

En este sentido, Conejo ha detallado que esta partida se ha incrementado un 2,31% -de 2.341.228,70 euros ha pasado a 2.395.228,70 euros- y el pago a la Seguridad Social correspondiente a esas retribuciones ha aumentado un 5,67% -de 589.067,44 a 622.480,85 euros-.

"El PP ha aumentado la partida para seguir pagando los sueldazos a Salomón Castiel (90.000 euros), Antonio Peñalver (94.380 euros), López Nieto (65.000 euros) o al chófer de Elías Bendodo (54.000 euros), pero pone en riesgo contratos que garantizan que la Diputación pueda seguir prestando servicios básicos", ha lamentado. "Así entienden el presidente de la Diputación y el PP la austeridad", ha apostillado.

Datos manipulados

El portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que el PSOE "ha manipulado la información para sacar el lado negativo" y ha recalcado que "el presupuesto es sólo una foto fija cuando se aprueba, pero a lo largo del año va cambiando, se va moldeando con modificaciones en función de las necesidades".

Así, ha añadido que "los recursos son escasos así que se ha ajustado el gasto al mínimo" pero eso no significa que no se cubran las necesidades de la Diputación, pues "podrá haber ahorros en algunas partidas que se puedan destinar a otras".

Además, ha recalcado que "son contratos temporales" y ha pedido a Conejo "que no sea alarmista".

Oficialmente publicada en www.elmundo.es

El Gobierno facilita los despidos colectivos de empleados públicos alegando causas económicas

La plantilla pública se redujo un 5,6% en el 3T

Noticia aportada  por Rosa María Bardón Gómez.

El Gobierno facilita los despidos colectivos en la Administración Pública por causas económicas. Concretamente, la indemnización será de 20 días si, por ejemplo, el presupuesto del ente público se ha reducido un 5%.

El número de empleados públicos cayó en el tercer trimestre un 1,6% respecto al trimestre anterior y bajó por primera vez en cuatro del nivel de los tres millones (concretamente, hasta 2,9 millones). El descenso es más pronunciado si se compara con los trabajadores de la Administración que había hace un año, en este caso la reducción de la plantilla pública es del 5,6% (hay que destacar que en el tercer trimestre de 2011 se marcó un máximo al alcanzar los 3,2 millones de públicos).

Esta tendencia podría acentuarse después de que hoy haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y mañana entre en vigor la nueva normativa sobre los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, que facilita los ERE en el sector público por causas económicas (con 20 días de indemnización). Aunque hay que matizar que este Real Decreto no afecta a los casi tres millones de empleados públicos, sino al colectivo conocido como personal laboral contratado, unos 840.000 empleados (entre la Administración y las empresas públicas). De esta manera, los funcionarios de carrera no se verán afectados por este cambio legal.

La nueva normativa detalla dos situaciones en las que la Administración Pública puede alegar estas causas económicas. Por un lado, que la Administración en la que se integra el Departamento, órgano, ente, organismo o entidad demuestre que en el ejercicio hubiera presentado una situación de déficit presupuestario.

Por otro, que las transferencias a esa Administración se hayan reducido un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% o en los dos ejercicios anteriores.

En estos escenarios descritos, los distintos niveles del sector público podrán realizar despidos colectivos por causas económicas.

Además, el texto explica que se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.

También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.

30/10/2012

Fuente: http://www.expansion.com/2012/10/30/funcion-publica/1351595311.html

RRHH: Cuatro de cada diez asalariados recuperan poder adquisitivo este año

Noticia Publicada por: Elena Cartes Gutierrez

A falta de un mes para que termine el año aún hay un tercio de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva que no han revisado ni firmado su convenio para este año.

En concreto, según los datos estadísticos publicados por el Ministerio de Empleo, a finales de noviembre habían revisado su convenio colectivo o firmado uno nuevo un total de 5.793.500 trabajadores. Esto supone el 64% de los aproximadamente nueve millones incluidos en la negociación colectiva.

Este evidente retraso en la negociación de los convenios viene produciéndose de forma palpable como uno de los primeros efectos de la crisis en 2009 y se agrava a medida que pasan los años.

La mayoría de los retrasos se concentran en convenios de ámbitos inferiores y que afectan a menos trabajadores. De hecho, a pesar de que dos tercios de trabajadores ya cuentan con su convenio sólo se han firmado la mitad de los acuerdos colectivos previstos.

Esto ocurre en sectores como la construcción o el metal -con graves problemas de destrucción de empleo- donde fuentes de UGT informan que apenas se han firmado el 50% de los convenios que debían cerrarse este año.

En este escenario fuentes patronales y sindicales coinciden en atribuir este retraso a las discusiones que se están produciendo en las mesas de negociación en torno a las subidas salariales.

El resultado está siendo que a medida que han ido pasando los meses la contención salarial ha sido mayor.

Así, en enero se acordaban subidas retributivas medias del 2,4% mientras que en noviembre este alza había descendido al 1,29% de media.

Este incremento salarial es una media entre las alzas acordadas en los convenios colectivos firmados en años anteriores y revisados en este ejercicio como los pactos nuevos negociados y firmados en 2012. De hecho, el alza recogida en estos últimos acuerdos de nueva cuña es muy inferior, del 0,7% hasta noviembre, frente al 1,52 de los convenios que solo han revisado sus tablas salariales este año.

No obstante, los revisados afectan a la mayoría de los trabajadores que han pactado ya sus condiciones laborales de 2012 (3,7 millones); mientras que el colectivo de asalariados con un convenio de nueva firma y salarios medios menores es inferior (1,5 millones).

En cualquier caso cualquiera de estos aumentos quedan lejos del avance de los precios, que crecieron un 2,9% en noviembre. Esto, supondría que, antes de aplicarse las cláusulas de revisión salarial, los trabajadores con convenio pierden entre 2,2 y 1,4 puntos de poder adquisitivo (1,6 puntos de media)

Pero no todos los asalariados con convenio tienen una de estas cláusulas. De hecho, según los datos de Empleo, solo cuatro de cada diez trabajadores (2,38 millones en noviembre) la incluye en sus convenios. Según el diseño de cada cláusula, el trabajador recuperará todo el poder adquisitivo que pierda en 2012 por el alza de la inflación, o solo se le compensará parte de esta pérdida.

El 59%% restante que no tiene esta garantía no recuperará nada del poder de compra que pierda este ejercicio.

Desde el sindicato CC OO denunciaban ayer que "la presión a la baja en la negociación de los salarios y de las condiciones de trabajo están haciendo retroceder en muchos casos a situaciones laborales de hace una década". Asimismo, los técnicos de esta central se quejaron de que "la devaluación salarial que se está produciendo va más allá de las indicaciones de contención salarial del II Acuerdo de Negociación Colectiva 2012-2014 firmado con la patronal, donde la cláusula de garantía salarial -que ahora solo afecta al 41% de los trabajadores- era un elemento central para evitar la pérdida de poder adquisitivo".

Adecuar las pensiones al momento económico

El Ministerio de Empleo está preparando ya su propuesta para poner en marcha un factor de sostenibilidad que servirá como mecanismo automático para adecuar las pensiones a la situación económica, según fuentes de este Departamento. Este factor estará previsiblemente diseñado a principios de 2013 y supondrá terminar con la revalorización automática de las pensiones en función del IPC cada año. Aún se desconocen los nuevos parámetros que se usarán para ello. La creación de este factor estaba incluida en la reforma de pensiones de 2011, y prevista para 2027 (cuando entra en vigor el retraso de la edad de jubilación a 67 años); sin embargo el Gobierno se comprometió con Bruselas a acelerar su diseño y aplicación para no adelantar el retraso de la edad de retiro. Por ello, fuentes de Empleo niegan rotundamente que se vaya a producir este adelanto.

Fuente de la noticia: http://www.rrhhmagazine.com/noticias.asp?id=3517

La compleja negociación colectiva en el sector público

Artículo de opinión del Dr. A. Gutiérrez y Dr. J. Trabaglia, publicado por Rosa María Bardón Gómez. En los últimos tiempos hemos asistido a una sensible agudización de la conflictividad entre funcionarios y los organismos públicos de los que ellos dependen. Esto tiene como efecto reflejo inmediato el deterioro en la calidad del servicio prestado llegando incluso, en algunos casos, hasta la supresión temporaria de su prestación. Ello, a su vez determina que se tome partido por una u otra posición cuando la realidad marca que la etiología del conflicto es multicausal. Con buen tino nuestros legisladores han sancionado la denominada "ley de Negociación Colectiva del sector público" -No. 18.508-, la cual ha venido a reconocer un derecho largamente postergado de los trabajadores públicos, esto es, contar con una instancia de negociación que impida o mitigue la eventualidad de un conflicto, lo que resulta, sin lugar a dudas, sumamente beneficioso no sólo para los trabajadores, sino también para el Estado mismo y por ende, para la ciudadanía en general. En primer lugar, porque cualquier elemento de tensión que se prolongue en el tiempo sin visos de solución provoca necesariamente que el servicio público se resienta, con el natural perjuicio que ello provoca en sus destinatarios. Además, cuando el conflicto está provocado por una actuación del Estado de naturaleza ilegítima, determina necesariamente que dicha cuestión se ventile ante el Poder Judicial. Si la pretensión de los funcionarios públicos llega a buen puerto, tendremos una condena al Estado; dado que éste no se autofinancia, sino que obtiene sus recursos mayoritariamente por medio de tributos, las consecuencias del accionar estatal ilegítimo las terminan pagando todos los ciudadanos. Por ello, consideramos un gran acierto la creación de este marco institucional de negociación colectiva en el sector público, en donde los planteos, reivindicaciones y soluciones deberán transitar necesariamente por determinados carriles preestablecidos por la ley de referencia. A más de un año de sancionada la ley, se conformó recientemente el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público. Ayer, este consejo sesionó por segunda vez desde su creación a partir de la ley. En lo que refiere a los aspectos jurídicos, la ley se encuentra dividida en dos sectores claramente diferenciados. El primero de ellos abarca desde el Art. 1º hasta el Art. 7º, en el cual se definen los principios rectores y derechos fundamentales implicados en toda negociación colectiva (Art. 1º), la necesaria promoción por parte del Estado de la consulta y la colaboración de las partes involucradas (Art. 2º); reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de todos los funcionarios públicos (Art. 3º); los fines hacia los que propende toda negociación colectiva (Art. 4º); la obligación de ambas partes de negociar de buena fe (Art. 5º); el correlativo derecho al acceso a la información suficiente en poder de la contraparte (Art. 6º). El segundo comprende los Arts. 8º al 15º, desarrolla lo que se ha dado en llamar estructura del sistema de negociación colectiva. Se hace referencia al ámbito de aplicación subjetiva, o sea, a que sujetos se aplicará dicha norma (Art. 8º); la competencia que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene al respecto (Art. 9º); estableciéndose tres niveles de negociación para el Poder Ejecutivo y los entes autónomos y servicios descentralizados industriales y comerciales (Art. 10º); los cuales se detallan pormenorizadamente en su conformación y forma de trabajo (Arts. 11º, 12º, 13º); se prevé el mecanismo de mesas de trabajo para los demás organismos públicos, llámese Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, gobiernos departamentales y entes autónomos y servicios descentralizados no industriales ni comerciales (Art. 14º) y por último, establece un mecanismo de prevención de conflictos (Art. 15º). Consideramos que el primer paso debe darse en el sentido de reglamentar la ley mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En efecto, el Decreto Nº 81/010 reglamentó un aspecto puntual de la Ley Nº 18.508 (facultades que deben contar los negociadores al momento de iniciar su tarea), dejando fuera importantes soluciones previstas en la norma legal sin reglamentar. En lo que refiere a los negociadores, la ley les asigna un rol protagónico, y no es para menos, de ellos dependerá el buen o mal resultado de las negociaciones y la posibilidad de mitigar o evitar un conflicto. En este sentido, el Art. 7º establece que las partes deberán procurar para sus negociadores una formación adecuada, que les otorgue las herramientas para afrontar tan delicada tarea, esto es, conciliar posiciones que en un principio pueden ser antagónicas, impidiendo así la formación de un núcleo de conflictividad. Para ello, se necesitan negociadores que conozcan las posibles causas de los conflictos (génesis del conflicto), parámetros, alcance y límites de la negociación. En términos generales, podemos afirmar que si bien la ley posee aspectos que merecen nuestra crítica (errores terminológicos, falta de definición en aspectos medulares), se trata de un extraordinario recurso cuya correcta utilización podrá permitir desarticular muchas situaciones de conflicto dentro del Estado. Para ello, es de vital importancia una real articulación entre los diferentes actores, quienes mediante un comportamiento leal deben propender al objetivo final, el cual se puede resumir en la necesaria composición de los intereses sectoriales en juego, que permita evitar el inicio o agudización de un conflicto.

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.uy/consultorio/conjur240610.html

Funcionarios del MTC Falcón aplican herramientas en el área de Software Libre

Noticia aportada por Encarnación Candela Fuster Formados en la Academia de Software Libre Funcionarios del MTC Falcón aplican herramientas en el área de Software Libre  Prensa Fundacite Falcón Como parte de las actividades que emprende la Academia de Software Libre del estado Falcón, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI), a través de Fundacite Falcón, un total de 65 funcionarios provenientes de la Dirección Estatal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), fueron capacitados en el taller de Usuario Final. La doctora Rosalba Gómez Martínez, presidenta de Fundacite Falcón y la Unidad territorial Falcón del MCTI, expresó que debemos aspirar a impulsar la producción de soluciones tecnológicas, a la vez que exhortó a quienes participaron en el curso a transitar caminos hacia la soberanía tecnológica. Gómez Martínez, quien ofreció sus declaraciones durante la entrega de certificados al grupo de funcionarios, señaló que más allá de ver esta filosofía de software libre como algo que nos incomoda porque nos saca de nuestra rutina, entendamos que detrás de ese proceso de aprendizaje estamos apuntando más lejos y más alto con un sentido de soberanía e independencia. “Esta actividad que culmina su primera fase, espero sea la primera de una larga y fructífera relación de cooperación y colaboración que de manera mancomunada estamos dispuestos a llevar adelante con el MTC en Falcón para el fortalecimiento de las capacidades de generación de investigación y propiciar la transferencia tecnológica". Luego de este taller, serán formados en el curso de Soporte Técnico. Por su parte, el director estatal del MTC Falcón, ingeniero Cristino Wistruck, precisó que “cada día rompemos cadenas en diversas áreas, y una de ellas es la dependencia tecnológica que reposa en el talento humano, como ustedes que hoy reciben esos conocimientos en software libre. Siempre creímos en este esfuerzo mancomunado que se viene haciendo para el logro de los objetivos planteamos en nuestra revolución”, destacó. La Academia de Software Libre (ASL) del Estado Falcón, que desde sus inicios ha formado más de 2.500 personas, promueve la investigación, desarrollo, innovación y formación en el área de software libre, con el propósito de disponer de talento humano de alta capacidad técnica y científica, para generar herramientas informáticas y ofrecer servicios calificados en el área de las tecnologías de información y comunicación. Luego de realizados los cursos, el funcionario está capacitado para apoyar el proceso de migración a software libre en su institución, atendiendo al decreto presidencial 3.390. Funcionarios complacidos: Betty Puerta: El software libre, como herramienta será de mucha utilidad en nuestras labores. Es un beneficio para todos y aplaudimos esta iniciativa del MCTI. Petra Primera: “Estamos preparados para nuevos cambios. El software libre es interesante que poco a poco nos adaptamos a éste”. Onasis Rojas: “Es muy provechoso porque estamos trabajando en software libre en cumplimiento del Decreto Presidencial. Aspiramos que este tipo de actividad continúen para expandir el conocimiento en esta materia”. Raúl Pérez Mencías Jueves, 14 de julio de 2011

Última actualización el Jueves 14 de Julio de 2011 11:57

Formados en la Academia de Software Libre  Prensa Fundacite Falcón Como parte de las actividades que emprende la Academia de Software Libre del estado Falcón, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI), a través de Fundacite Falcón, un total de 65 funcionarios provenientes de la Dirección Estatal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), fueron capacitados en el taller de Usuario Final. La doctora Rosalba Gómez Martínez, presidenta de Fundacite Falcón y la Unidad territorial Falcón del MCTI, expresó que debemos aspirar a impulsar la producción de soluciones tecnológicas, a la vez que exhortó a quienes participaron en el curso a transitar caminos hacia la soberanía tecnológica. Gómez Martínez, quien ofreció sus declaraciones durante la entrega de certificados al grupo de funcionarios, señaló que más allá de ver esta filosofía de software libre como algo que nos incomoda porque nos saca de nuestra rutina, entendamos que detrás de ese proceso de aprendizaje estamos apuntando más lejos y más alto con un sentido de soberanía e independencia. “Esta actividad que culmina su primera fase, espero sea la primera de una larga y fructífera relación de cooperación y colaboración que de manera mancomunada estamos dispuestos a llevar adelante con el MTC en Falcón para el fortalecimiento de las capacidades de generación de investigación y propiciar la transferencia tecnológica". Luego de este taller, serán formados en el curso de Soporte Técnico. Por su parte, el director estatal del MTC Falcón, ingeniero Cristino Wistruck, precisó que “cada día rompemos cadenas en diversas áreas, y una de ellas es la dependencia tecnológica que reposa en el talento humano, como ustedes que hoy reciben esos conocimientos en software libre. Siempre creímos en este esfuerzo mancomunado que se viene haciendo para el logro de los objetivos planteamos en nuestra revolución”, destacó. La Academia de Software Libre (ASL) del Estado Falcón, que desde sus inicios ha formado más de 2.500 personas, promueve la investigación, desarrollo, innovación y formación en el área de software libre, con el propósito de disponer de talento humano de alta capacidad técnica y científica, para generar herramientas informáticas y ofrecer servicios calificados en el área de las tecnologías de información y comunicación. Luego de realizados los cursos, el funcionario está capacitado para apoyar el proceso de migración a software libre en su institución, atendiendo al decreto presidencial 3.390. Funcionarios complacidos: Betty Puerta: El software libre, como herramienta será de mucha utilidad en nuestras labores. Es un beneficio para todos y aplaudimos esta iniciativa del MCTI. Petra Primera: “Estamos preparados para nuevos cambios. El software libre es interesante que poco a poco nos adaptamos a éste”. Onasis Rojas: “Es muy provechoso porque estamos trabajando en software libre en cumplimiento del Decreto Presidencial. Aspiramos que este tipo de actividad continúen para expandir el conocimiento en esta materia”. Raúl Pérez Mencías Jueves, 14 de julio de 2011

Última actualización el Jueves 14 de Julio de 2011 11:57 Fuente original:

http://www.fundacite-falcon.gob.ve/index.php/noticias/834-formados-en-la-academia-de-software-libre

Negociación Colectiva. Claves para el acuerdo

Artículo de opinión de Javier López, publicado por Rosa María Bardón Gómez.

01.04.2011.- Artículo de opinión de Javier López, secretario general de CCOO de Madrid

La Negociación Colectiva es el instrumento principal para regular las relaciones laborales en las empresas.  Contar con reglas fiables, negociadas y acordadas en las empresas, establece un marco de estabilidad económica en el día a día y despeja el horizonte para trazar estrategias de futuro en el medio y largo plazo.

Empresarios y sindicatos somos conscientes de la importancia de la Negociación colectiva para los trabajadores y para el empresario.  Es decir, para la economía y el empleo.  Necesitamos, por lo tanto, un Acuerdo en materia de Negociación Colectiva.   Reformar la Negociación Colectiva para corregir insuficiencias, debilidades y abordar cambios que se han ido produciendo en la estructura empresarial y del empleo.

Uno de los temas clave a resolver es el de la estructura de negociación.  La base deben de ser los convenios de carácter sectorial que establecen el marco general de condiciones salariales y laborales.  Eso no impide que en el ámbito de la empresa se introduzcan aspectos de desarrollo y adaptación del convenio sectorial a la situación de la empresa.  La base del sistema productivo en este país y del empleo, se sustenta en la pequeña y mediana empresa.  El 98 por ciento de las empresas tienen menos de 25 trabajadores.  Es inconcebible pretender que cada una de esas millones de empresas negocie su convenio colectivo, al margen de la situación de su sector y la realidad productiva y laboral.  La atomización de la negociación colectiva no es solución alguna.  La articulación de la misma, desde los niveles sectoriales al de la empresa, pasando por el nivel autonómico, acordando las materias a negociar en cada ámbito sería esencial para estabilizar las relaciones laborales y para centrar los esfuerzos en superar la crisis económica.

Otro elemento esencial en esta negociación es el de la denominada "ultractividad" de los convenios.  Dicho en Román paladino, la vigencia del convenio más allá de la fecha de caducidad del mismo.  Hay elementos de convenio que no decaen, aunque el periodo de vigencia del mismo haya terminado.  Por ejemplo el salario.  Sin embargo hay quienes desean que, acabado el periodo de vigencia del convenio, todo debe volver al salario mínimo y a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, para evitar el estancamiento en la negociación y arrasar los convenios colectivos, lo mejor es reforzar la obligación y el deber de negociar.  Revitalizando el papel de las Comisiones Paritarias de empresarios y sindicatos, o poniendo en valor instrumentos de mediación y arbitraje para superar momentos de bloqueo en la negociación de los convenios.

Elemento importante en este proceso negociado es el de la flexibilidad laboral.  El empresario español, no así el alemán, está acostumbrado a utilizar la flexibilidad, entendiéndola como recurso al despido fácil y barato, como único recurso para solucionar los problemas económicos.   Los sindicatos consideramos que hay otros mecanismos de flexibilidad interna que se utilizan poco en España, como la movilidad, la reducción de tiempo de trabajo, o la distribución de la jornada laboral de forma negociada.  Ahora bien, para poder utilizar estos mecanismos, no basta la decisión unilateral y arbitraria del empresario, sino que debe ser fruto de la negociación. 

La flexibilidad interna en las empresas es perfectamente posible.  De hecho, la negociamos cada día, en multitud de empresa, alcanzando acuerdos útiles para mantener el empleo y superar la crisis y los problemas coyunturales.

Ahora bien, para negociar un convenio, o la flexibilidad interna de las empresas, hay que contar con organizaciones legitimadas.  Y éste es un problema más patronal que sindical.  Los sindicatos contamos con elecciones sindicales que legitiman mayorías y minorías de representación.  Sin embargo la representación empresarial carece de mecanismos de legitimación en numerosos sectores, que permitan evitar la atomización de la representación empresarial y las diferencias entre grandes empresas y la representación de las pequeñas y medianas.

Hay otros temas sobre los que habrá que negociar, como convenios obsoletos y meramente instrumentales, la formación, el reforzamiento de los temas a negociar en un convenio.  Hay necesidad de acuerdo.  Creo que voluntad de acordar por ambas partes, tanto empresarial como sindical.  La negociación colectiva es un ámbito de competencia casi exclusiva de empresarios y sindicatos.

Sería por lo tanto, conveniente, que el Gobierno de España, especialmente desde sus áreas económicas, huya de la tentación de entrometerse en la negociación con debates inútiles como la vinculación de salarios con productividad, que tienen muy poco que ver con la reforma de la negociación colectiva y que tienen más que ver con los Acuerdos Interconfederales sobre Negociación colectiva, que fijan los criterios anuales de la misma en las empresas.

Sí sería, por el contrario, muy interesante que, desde la Administración, se contase con un Mapa de la Negociación Colectiva, incompleto en estos momentos, facilitando el acceso a la realidad de datos como  el absentismo, las necesidades formativas, o la evolución económica y de empleo de los sectores y subsectores económicos.

Un Acuerdo razonable es posible.  Esperemos que así sea y nadie lo estropee en el último momento.

Francisco Javier López  Martín

Secretario General de CCOO de Madrid

Fuente:http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Areas:Negociacion_Colectiva:Actualidad:153297

La politizacón de la administración pública

Noticia aportada por Encarnación Candela Fuster


Miércoles 12 de diciembre de 2012 | 02:18

La politización de la administración pública

Por Orlando J. Ferreres | Para LA NACION

Hasta hace unos años atrás había una línea divisoria entre los puestos políticos y los puestos de gestión de la Administración Pública. Ahora se ha politizado todo y esa costumbre se ha abandonado para mal. Todos los puestos son políticos y prácticamente nadie puede opinar distinto o frenar una decisión política aunque sea incorrecta. El que lo hace puede sufrir las consecuencias. Tampoco se ha podido frenar el uso político de las agencias administrativas y se las complicó en conflictos que son ajenos a la gestión, como pasa por ejemplo, con la AFIP y el caso del agente inmobiliarioque dijo que había menos actividad en el sector y fue inspeccionado por ese motivo. La politización de los puestos importantes en la Cancillería se ha hecho casi total, tirando por la borda la ejemplar organización que venía desde la época del Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Muñiz. El mantenimiento sostenido de una profesionalización de la Cancillería le ha dado muy buenos resultados a Brasil, para citar sólo un ejemplo.
El puesto de Director Nacional era la culminación de la carrera administrativa dentro del Estado y los puestos de Subsecretario o Secretario de Estado o Ministro y sus asesores eran los puestos políticos. Todos los puestos administrativos eran obtenidos por concurso y cada tanto había concursos internos o abiertos para llenar esas vacantes con los más idóneos. Para los mejores empleados públicos había becas en universidades de primera línea del exterior para que pudieran adquirir una formación profesional del mejor nivel mundial. Esto no es más así. Actualmente, los puestos de la administración los obtienen aquellos que son afiliados al partido gobernante o aquellos que tienen alguna relación con la agrupación política preferida del momento.

El puesto de Director Nacional era la culminación de la carrera administrativa dentro del Estado y los puestos de Subsecretario o Secretario de Estado o Ministro y sus asesores eran los puestos políticos. Todos los puestos administrativos eran obtenidos por concurso

No es que las personas politizadas sepan menos o sean menos capaces que los que hacen una carrera administrativa en el Estado, sino que las organizaciones políticas de moda colonizan los puestos y actúan por encima de toda la gestión administrativa. En otras palabras se da importancia fundamental a la fidelidad al que manda, y se pone esta calificación por encima de todo, dejando de lado la profesionalidad intachable, la eficiencia o la actuación justa del funcionario de la administración. En las provincias, los que llegan al poder político, como en el caso de los gobernadores de muchas de ellas, colonizan a toda la administración para obtener votos y perpetuarse lo más posible en el gobierno.
Se requiere una organización del Estado más eficiente. No es un lugar para "cazar puestos". Es un lugar para servir a los demás. Hay un error de concepto que hay que corregir. Si la principal empresa del país que es el Estado no funciona y además está politizada, no va a ser exitosa ninguna empresa dentro del país, y el país mismo no va a progresar como podría hacerlo. De este modo siempre vamos a tener desocupados y pobreza, aún después de haber crecido durante 10 años a tasas chinas.
Nos urge un cambio fundamental en la administración pública para mejorar la estrategia de largo plazo del país y la gestión correcta de las decisiones para concretar esos objetivos en el menor tiempo posible. Hay que volver a trazar una línea divisoria entre la administración y los puestos políticos. El populismo no quiere que la organización profesional del Estado le ponga trabas a las decisiones que ellos toman y por eso debe destruir una tras otra las buenas instituciones que habíamos logrado construir, como fue el caso de la gestión profesional de la administración pública. El caso del Indec es sólo un ejemplo.

Se requiere una organización del Estado más eficiente. No es un lugar para "cazar puestos"

Hay que seguir insistiendo en lo que es correcto hasta lograr mejorar la calidad de las decisiones en nuestro país. Se debe recuperar esa institución fundamental que habíamos logrado y que hemos perdido: separar las decisiones políticas de la gestión profesional del Estado..

Fuente original:http://www.lanacion.com.ar/1535594-la-politizacion-de-la-administracion-publica

APORTACION DE ANGELES BAREA

Ed. Impresa LIBERTARIA

Mi última queja sobre la subinscripción

Por Luis Christian Rivas Salazar - Columnista - 29/08/2012

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¿Acaso el error es nuestro, para tener que padecer la espera y la santa voluntad política y burocrática para la tramitación de la subinscripción? No, muchos de estos errores, humanos, se deben a la misma administración pública. ¿Cuándo aprobaran el reglamento de la ley para no vernos más afectados?

Pocas personas como yo tienen la fortuna de poder expresar sus opiniones de manera pública por este u otros medios de comunicación. Esta columna podría presentarse como una ventana para mostrar hechos, como ser un buzón de sugerencias para pedir cambios para avanzar y mejorar servicios.

En efecto, hace dos semanas en este mismo espacio publique una nota titulada: ¡Aprueben el reglamento!, en dicho documento mencionaba que desde la promulgación de la Ley de Regularización del Derecho Propietario (LRDP), ocurrida el 5 de junio de 2012, hasta la fecha no se había aprobado su reglamento.

Exhortaba al Órgano Legislativo, al gobierno municipal, al Consejo de la Magistratura, a la oficina de Derechos Reales y juntas vecinales, unir esfuerzos para consolidar esta ley que beneficiará a miles de ciudadanos que no tienen título de propiedad alguno, teniendo ya una vivienda construida.

Al mismo tiempo, me mofaba, lo reconozco, de la manera en que se manejaba la información. Nadie sabe nada en Derechos Reales, principal oficina pública donde se tendrán que hacer los trámites respectivos. Peor aún, me burlaba de cómo hasta el presente en la página digital de dicha institución se manejan como “noticias nuevas”, unas extremadamente pasadas en el tiempo: “su espacio electrónico que supuestamente ha sido actualizado el año 2007, pero ofrece como noticias ‘nuevas’ notas del año 2004”.

Ingenuamente pensé que se tendría algún cambio, pero otra vez me tope con la realidad frente a mis narices. Nada cambió, el espacio electrónico sigue igual para vergüenza de todos. Peor aún, los ciudadanos comunes y corrientes no podemos ejercer el derecho de información porque no existe un manejo eficiente de la noticia por parte de estas instituciones, ni siquiera un comunicado pegado en la pared que nos explique cuándo y cómo podemos realizar los nuevos trámites administrativos.

El Consejo de la Magistratura tampoco brinda información alguna en sus espacios de noticias, lo único que nos indican es que el 5 de agosto de 2012 firmaron un convenio con la Confederación Nacional de Juntas Vecinales para la coordinación de actividades, que tendrá como acción concreta la creación de una oficina centralizada para la certificación de propiedades. ¿Cuándo se implementará?, hasta ahora eso es un misterio.

Lo único que sabemos es la creación de esa oficina, que certificará si los solicitantes tienen o no tienen propiedad inmueble para poder acceder a los beneficios de la ley, trámite que ya existe por cualquier ventanilla de Derechos Reales (certificación de no propiedad). No existe avance significativo, ya que se trata de capacitar a un funcionario y otorgarle una computadora e impresora, ¿para eso, todo un convenio?

Debo confesar, que mi empecinamiento en este tema se debe a que personalmente soy uno de los miles de afectados por esta ley. Conforme indica el Art. 7 de la LRDP, muchas personas que tienen un error en el nombre que está mal escrito, o tienen un error de cinco centímetros en la longitud de su frontis, no pueden regularizar la situación legal de su inmueble.

¿Acaso el error es nuestro, para tener que padecer la espera y la santa voluntad política y burocrática para la tramitación de la subinscripción? No, muchos de estos errores, humanos, se deben a la misma administración pública. ¿Cuándo aprobaran el reglamento de la ley para no vernos más afectados?

Comprendo mis limitaciones, no llego a muchos lectores, estos son contados con los dedos de mis manos, por lo que soy consciente de que dentro de dos semanas mi situación y la situación de miles de afectados será la misma. Pero la próxima vez, ya no tomaré este asunto, ni aprovecharé de mi suerte de poder expresar públicamente mis desdichas burocráticas por causa de este Estado y los vericuetos de la tramitología.

El autor es abogado
LOS TIEMPOS.COM

Aumentan las consultas en el buzón ‘on line' de la web de Salud de la Junta

NOTICIA APORTADA POR ANGELES BAREA

Aumentan las consultas en el buzón ‘on line' de la web de Salud de la Junta

23 de julio de 2012. 06:21h Santiago Felipe. 

Valladolid- El canal de concexión directo entre los ciudadanos y la Administración autonómica a través de internet registra cada vez más soliciudes. El denominado buzón electrónico del portal sanitario de la Junta de Castilla y León ha recibido en los últimos tres años un total de 3.379 solicitudes de información. De las cuales 2.168 fueron consultas; 503, peticiones; 259, quejas; 205, consultas de recursos humanos; 142, sugerencias; 71, petición de datos; y 31, currículos. Durante el primer trimestre de este año, registró 499 peticiones de información, que se suman a las 1.037 de 2011, las 1.042 de 2010, y las 801 de 2009.
Accesible a través de la opción ‘@Contacto', ubicada en la parte superior de la pantalla de inicio de la web www.saludcastillayleon.es, los usuarios pueden comunicarse con la Administración autonómica sanitaria y trasladar así sus consultas; pedir datos sanitarios y/o asistenciales; información sobre salud pública y campañas preventivas; presentar quejas; demandar servicios; informarse sobre cuestiones relacionadas con recursos humanos o servicios sanitarios; o, simplemente, presentar sugerencias, entre otras cuestiones de muy variada casuística. Las peticiones de los usuarios son estudiadas y trasladadas a los ámbitos y servicios competentes del sistema de salud regional.

LA RAZON.ES

La empresa del ministro de Defensa, acusada de fraude a la Administración Pública

APORTACION ANGELES BAREA

12/12/12

La empresa del ministro de Defensa, acusada de fraude a la Administración Pública

La empresa que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió hasta su incorporación al Gobierno ha sido denunciada por fraude a la Administración Pública. Según la querella a la que ha tenido acceso Vozpópuli,  Segur Ibérica está acusada de un presunto delito de estafa que podría alcanzar los 9 millones de euros. Los denunciantes han pasado dos años investigando la firma.

Nacional | 04-06-2012  

La empresa que Pedro Morenés presidió hasta su incorporación al Gobierno, acusada de fraude

AUTOR Javier Ruiz

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La empresa que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió hasta su incorporación al Gobierno ha sido denunciada por un delito de fraude a la Administración Pública por valor de más de nueve millones de euros. Según la querella a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la compañía de seguridad Segur Ibérica está acusada de defraudar al Estado mediante el cobro de servicios de seguridad que nunca se prestaron o por personal no cualificado o “falsos vigilantes que llegaron a realizar servicios de escolta o transportes de explosivos”. La empresa acumula, además, siete investigaciones de la Inspección de Trabajo por fraude a la Seguridad Social.
Según relata la denuncia, la compañía que presidía Pedro Morenés hasta el 30 de enero de 2012 presuntamente cobró por servicios de escolta y vigilancia que no se realizaron o que fueron cobrados a precio de “personal cualificado” pero desempeñado “por personal armado sin habilitación ni licencia (…) como forma de aumentar la factura al cliente al cobrarse este tipo de servicios a un precio más elevado”. Las nóminas y cuadrantes de servicio que acompañan esa denuncia aseguran que esa posible estafa podría haber afectado a organismos públicos como el ministerio de Hacienda, AENA, ADIF, RENFE y hasta 300 grandes empresas que pagaron por servicios cualificados pero que desempeñó un personal no autorizado.
Entre las cantidades defraudadas, la denuncia habla de 3.185.000 euros al Museo Reina Sofía; 35.000 euros a la Biblioteca de Catalunya o 1.912.000 al Ministerio de Economía.

Una vieja causa con nuevas pruebas
La reclamación contra la compañía la presenta la empresa que se encargaba de elaborar los cuadrantes de control de esos agentes en lo que es una vieja causa con nuevas pruebas. NIX Universal, la compañía que elaboraba esos registros, presentó dos denuncias que fueron archivadas por la justicia en 2010 y 2011, en la última ocasión a la espera de una ampliación de pruebas . “Por eso, contrató un bufete de detectives que aporta nuevas pruebas a una nueva causa en los tribunales”, asegura su administrador, Antonio Morgado. Según sus denuncias, esa presunta estafa se produjo con dos modalidades diferentes: A.- Vigilantes falsos cobrados como personal cualificado y B.- Vigilantes cobrados por servicios que no prestaron

A.- “Vigilantes falsos” en servicios armados, escoltas o transporte de explosivo
Según la denuncia, la empresa cobró entre 2005 y 2007 por los servicios de, al menos, 657 trabajadores con la categoría de vigilantes de seguridad “sin que tuvieran la correspondiente autorización administrativa del ministerio del Interior, empleando a esos falsos vigilantes” –reza el texto—“para la realización de al menos 7.568 servicios de vigilancia y seguridad en más de 306 entidades diferentes”.
Algunos de esos trabajadores fueron regularizados años más tarde pero –según recoge la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli—“237 de ellos jamás han obtenido ninguna habilitación para desempeñar servicios armados”.
La Subdelegación de Gobierno de Alicante ya ha sancionado por infracción muy grave a la Tesorería de la Seguridad Social y a Segur Ibérica con una multa de al menos 30.000 euros a la compañía a raíz de una denuncia presentada por el sindicato USO. USO realizó un informe confirmado después por la Subdelegación en el que denunciaba el uso y el cobro a las instituciones públicas de “personal no habilitado para realizar trabajos propios de un vigilante de seguridad”.

B.- Servicios de vigilancia que no se realizaron
Las denuncias por fraude incluyen la declaración de una de las empleadas de la compañía que reconoce haber cobrando y facturando a empresas por servicios que no prestó, tal y como investiga la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.



La empresa habla de “montaje”
Segur Ibérica asegura que las pruebas presentadas contra ella son “pruebas falsificadas”. Al mismo tiempo, ha demandado a NIX por un delito por “violación de secretos” y ha instado a la Agencia de Protección de Datos para que le devuelvan la información sobre sus empleados. Según un portavoz de Segur Ibérica, las denuncias por fraude a la Administración Pública intentan paralizar esa demanda contra Nix que el pasado martes fue citado a declarar en el Juzgado número 39 de Valencia.
La empresa asegura que “los clientes saben que se les ha facturado correctamente” y acusa a NIX de “haber presionado sistemáticamente” a quienes respaldan la querella contra la empresa que presidió Pedro Morenés.

Pedro Morenés presidió la empresa hasta su llegada al Gobierno
Segur Ibérica es la tercera empresa de seguridad privada de España con una facturación anual de más de 210 millones de euros y 5.000 empleados en nómina. La compañía es la adjudicataria única del contrato con el ministerio de Defensa para proteger a la flota pesquera atunera en aguas del Océano Índico. El actual ministro, Pedro Morenés, presidió desde el 29 de noviembre de 2011 y hasta su nombramiento como ministro el Grupo Segur, la matriz de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, S.A. Morenés fue nombrado después de haber ocupado ya el cargo de Secretario de Estado de Defensa en el Gobierno de José María Aznar.

No se informó a Pedro Morenés, asegura un portavoz de la empresa, porque la denuncia por una estafa de 9 millones de euros "no era de calado"

Segur Ibérica asegura que no informó a su entonces Presidente, Pedro Morenés, quien accedió a la presidencia de la compañía el 29 de noviembre de 2011 y que en la actualidad ocupa la cartera de Defensa. Según un portavoz de la compañía, "no se informó a Pedro Morenés de las denuncias de fraude porque no eran de calado" pese a que esa causa cifra en 9 millones de euros la presunta estafa. El Ministerio de Defensa respondió ayer asegurando que desconocía la denuncia.
Morenés fue presidente de la compañía hasta el 30 de enero de 2012. En la actualidad, la también popular y ex ministra, Ana Birulés, sigue siendo consejera de la entidad.

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