Noticia Publicada por Rosalía Pena González
Las administraciones públicas utilizan la "presión" en sus
negociaciones con los farmacéuticos
Las movilizaciones de los farmacéuticos como consecuencia de los impagos
han sido respondidas por los gobiernos regionales con anuncios y declaraciones
de intenciones que conllevarían la adopción de una serie de medidas que serían
muy perjudiciales para el sector.
Redacción / Madrid
viernes, 30 de noviembre
de 2012 / 18:00
Los cierres patronales que se han producido por los impagos han sido
respondidos con el anuncio de posibles medidas perjudiciales para el sector
Liberalización, tratar al farmacéutico como a un proveedor más o dispensar
en hospitales y centros de salud son algunas 'armas de negociación'
La situación que viven las oficinas de farmacia de nuestro país no es la
mejor para un colectivo que en la última década ha sufrido 21 medidas
regulatorias, que han conllevado una serie de recortes y han provocado que el
gasto en medicamentos haya pasado de experimentar crecimientos anuales
superiores al 14 por ciento a decrecer, tal y como pasa actualmente. Una serie
de circunstancias que en los últimos tiempos se han agravado por la crisis
económica, que ha motivado una falta de liquidez en las administraciones
públicas y, por ende, a que en muchas comunidades autónomas se produzcan
impagos de la factura farmacéutica a sus boticas.
En este sentido, cabe destacar que la situación de impagos a las oficinas
de farmacia ha provocado que la relación entre administraciones y oficinas de
farmacias se haya deteriorado gravemente. Fruto de esta situación se han
producido protestas por parte de los farmacéuticos, que en el caso de
Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana se han saldado con cierres
patronales, indefinido en el caso de estos últimos.
Frente a estas protestas, las reacciones de los distintos gobiernos
regionales han sido diversas. Sin embargo, el denominador común en todas las
comunidades que tienen problemas para pagar a sus farmacias, una vez hechas las
promesas de pago correspondientes, es poner sobre la mesas ideas que más que a
solución suenan, según precisan los farmacéuticos, "a chantaje".
¿Soluciones o 'chantaje'?
¿Un ejemplo de las soluciones que los diferentes gobiernos autonómicos han
esbozado para aplacar los ánimos reivindicativos de los farmacéuticos? En
Castilla-La Mancha, el consejero de Sanidad de esta comunidad, José Ignacio
Echániz, advirtió a los farmacéuticos tras el paro que llevaron a cabo el 11 de
agosto de 2011 como protesta contra los impagos que estaba dispuesto a
"cambiar las reglas del juego" si continuaba el 'desafío' al gobierno
regional.
¿A qué reglas del juego se refería el consejero manchego? Él mismo lo
especificó. Se puso sobre la mesa la necesidad de adoptar "medidas
preventivas" para garantizar al ciudadano el acceso a los medicamentos, al
tiempo que apuntó la posibilidad de cambiar la ley que regula el sector en
Castilla-La Mancha y no descartó liberalizar el sector.
En el caso de Cataluña, más que medidas de presión a los farmacéuticos para
que no llevasen a cabo el cierre patronal decretado el 25 de octubre como
protesta de los impagos, se convirtió a este colectivo en un arma arrojadiza en
la disputa entre las distintas administraciones: la central y autonómica. Todo
ello con el nuevo copago y la tasa del euro por receta de por medio. Además,
siempre subyace la amenaza de que los boticarios sean tratados como a un
proveedor más y cobren la deuda más tarde.
Sin embargo, el penúltimo episodio del tira y afloja entre farmacéuticos y
administraciones regionales se produce en la Comunidad Valenciana, autonomía en
la que se lleva un cierre patronal indefinido desde el pasado 5 de noviembre.
Una 'huelga' que ha provocado que la cuerda que une la relación entre
administración y boticas se haya tensado tanto que, incluso, han surgido
rumores acerca de la posible reforma del sistema farmacéutico valenciano. ¿En
qué consistiría esta modificación? Se trataría de elaborar un plan que
supondría que los hospitales y los centros de salud dispensasen directamente las
medicinas más recetadas por el sistema público de salud. Una medida a la que,
incluso, acompañaban números: afectaría a 38 medicamentos, entre ellos diez
antibióticos; sería necesario contratar a unos 300 licenciados en Farmacia,
cuyo coste sería de entre cinco y ocho millones de euros.
Este gasto sería absorbido por el ahorro de 240 millones de euros que
generaría una medida con la que se dejaría de pagar el margen de beneficio que
aplican las farmacias. Eso sí, a pesar de estas concreciones, el vicepresidente
del gobierno regional, José Ciscar, negó que esta fuese la intención de la
Generalitat.
Amenazas para negociar
Este tipo de actitudes por parte de las administraciones regionales hacia
sus farmacias provoca malestar dentro de un colectivo que, tal y como precisan,
se siente "perseguido". Sobre este particular, el presidente de la
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Fernando Redondo,
manifestó que los anuncios y declaraciones que afloran cuando se producen
protestas por parte de farmacéuticos "son amenazas para que, a la hora de
negociar con nosotros, nos puedan apretar lo máximo posible".
Sin embargo, desde la patronal estatal de oficinas de farmacia advierten
que una cosa son las amenazas y otra muy distinta que estas se puedan llevar a
cabo. "La mayoría de estas amenazas no pueden llevarse a cabo porque para
ello habría que cambiar leyes estatales que, aunque pueden hacerlo, es poco
viable". Asimismo, incidió en que en algunos casos, como los rumores en la
Comunidad Valenciana, "quien hace la amenaza no ha hecho números de lo que
supondría llevar a cabo la amenaza".
Con la patronal coinciden desde el Consejo General de Farmacéuticos, desde
donde precisan que el problema se encuentra en que, al tratarse de un sector
regulado, "no existe una relación de igual a igual y no se da un pulso
equitativo". En este sentido, incidieron en la necesidad de tratar de
buscar un equilibrio en las negociaciones porque "de los impagos se
termina saliendo, no así de un cambio total de las normas".
El problema fundamental es que la Administracion tiene pocos recursos para efectuar los pagos.Por tanto el resultado es que se producen relaciones de poder, en este caso con sanidad. Por supuesto que la Administracion tensa la cuerda, por un lado los farmaceuticos no están de acuerdo pero a su vez se topan con sus impedimentos legales.
ResponderEliminarLa Administracion cuando puede fastidia y a los colectivos a los que les cuesta fastidiar menos es evidente que va a por ellos. "la cuerda se parte por la parte mas debil". Los farmacéuticos están obligados por ley a prestar "un servicio publico" "suministro de medicamentos".
En este caso y como en casi todos surge "el divide y vencerás", ya que al ser productos necesarios o vitales, a quien tenemos por delante es al farmaceutico y no al impago por parte de la administracion hacia este sector y surge...... otra polémica "LA SOLIDARIDAD ES RELATIVA MIENTRAS NO TE TOQUE A TI". (al menos es lo que aprecian algunos ciudadanos de a pie.