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Mi última queja sobre la subinscripción

Por Luis Christian Rivas Salazar - Columnista - 29/08/2012

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¿Acaso el error es nuestro, para tener que padecer la espera y la santa voluntad política y burocrática para la tramitación de la subinscripción? No, muchos de estos errores, humanos, se deben a la misma administración pública. ¿Cuándo aprobaran el reglamento de la ley para no vernos más afectados?

Pocas personas como yo tienen la fortuna de poder expresar sus opiniones de manera pública por este u otros medios de comunicación. Esta columna podría presentarse como una ventana para mostrar hechos, como ser un buzón de sugerencias para pedir cambios para avanzar y mejorar servicios.

En efecto, hace dos semanas en este mismo espacio publique una nota titulada: ¡Aprueben el reglamento!, en dicho documento mencionaba que desde la promulgación de la Ley de Regularización del Derecho Propietario (LRDP), ocurrida el 5 de junio de 2012, hasta la fecha no se había aprobado su reglamento.

Exhortaba al Órgano Legislativo, al gobierno municipal, al Consejo de la Magistratura, a la oficina de Derechos Reales y juntas vecinales, unir esfuerzos para consolidar esta ley que beneficiará a miles de ciudadanos que no tienen título de propiedad alguno, teniendo ya una vivienda construida.

Al mismo tiempo, me mofaba, lo reconozco, de la manera en que se manejaba la información. Nadie sabe nada en Derechos Reales, principal oficina pública donde se tendrán que hacer los trámites respectivos. Peor aún, me burlaba de cómo hasta el presente en la página digital de dicha institución se manejan como “noticias nuevas”, unas extremadamente pasadas en el tiempo: “su espacio electrónico que supuestamente ha sido actualizado el año 2007, pero ofrece como noticias ‘nuevas’ notas del año 2004”.

Ingenuamente pensé que se tendría algún cambio, pero otra vez me tope con la realidad frente a mis narices. Nada cambió, el espacio electrónico sigue igual para vergüenza de todos. Peor aún, los ciudadanos comunes y corrientes no podemos ejercer el derecho de información porque no existe un manejo eficiente de la noticia por parte de estas instituciones, ni siquiera un comunicado pegado en la pared que nos explique cuándo y cómo podemos realizar los nuevos trámites administrativos.

El Consejo de la Magistratura tampoco brinda información alguna en sus espacios de noticias, lo único que nos indican es que el 5 de agosto de 2012 firmaron un convenio con la Confederación Nacional de Juntas Vecinales para la coordinación de actividades, que tendrá como acción concreta la creación de una oficina centralizada para la certificación de propiedades. ¿Cuándo se implementará?, hasta ahora eso es un misterio.

Lo único que sabemos es la creación de esa oficina, que certificará si los solicitantes tienen o no tienen propiedad inmueble para poder acceder a los beneficios de la ley, trámite que ya existe por cualquier ventanilla de Derechos Reales (certificación de no propiedad). No existe avance significativo, ya que se trata de capacitar a un funcionario y otorgarle una computadora e impresora, ¿para eso, todo un convenio?

Debo confesar, que mi empecinamiento en este tema se debe a que personalmente soy uno de los miles de afectados por esta ley. Conforme indica el Art. 7 de la LRDP, muchas personas que tienen un error en el nombre que está mal escrito, o tienen un error de cinco centímetros en la longitud de su frontis, no pueden regularizar la situación legal de su inmueble.

¿Acaso el error es nuestro, para tener que padecer la espera y la santa voluntad política y burocrática para la tramitación de la subinscripción? No, muchos de estos errores, humanos, se deben a la misma administración pública. ¿Cuándo aprobaran el reglamento de la ley para no vernos más afectados?

Comprendo mis limitaciones, no llego a muchos lectores, estos son contados con los dedos de mis manos, por lo que soy consciente de que dentro de dos semanas mi situación y la situación de miles de afectados será la misma. Pero la próxima vez, ya no tomaré este asunto, ni aprovecharé de mi suerte de poder expresar públicamente mis desdichas burocráticas por causa de este Estado y los vericuetos de la tramitología.

El autor es abogado
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