Una
persona que sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a luchar en
los tribunales para que le reconozcan una incapacidad, puede llegar a
pagar hasta 10.000 euros en recursos gracias a la recién estrenada Ley
de Tasas. Así de contudente y así de crudo lo han planteado un grupo de
graduados sociales jerezanos, que han decidido comparecer ante la
opinión pública para expresar su frontal oposición a la nueva norma y
adherirse así a jueces, abogados y procuradores, argumentando que divide
definitivamente el sistema creando “una Justicia para ricos y otra para pobres”.
Antonio Ortega es el portavoz de estos profesionales, que como subraya
han declarado su postura a título individual, explicando que en el caso
de la jurisdicción social las tasas no se abonan en primera instancia
pero sí en segunda, estableciendo una brecha económica importante
difícil de solventar.
“Creemos
que es injusto que una ley impida a algunos ciudadanos acceder a los
tribunales para reivindicar un derecho fundamental, como es el de la
tutela judicial efectiva. Con esta norma lo único que hace el Gobierno
es poner cortapisas y crear ciudadanos de primera y segunda categoría”.
Como recuerda Ortega, la supuesta finalidad con la que nace la
controvertida ley no es otra que la de descongestionar los juzgados y
reducir la litigiosidad, algo que a su juicio debería conseguirse con la
inclusión de más medios materiales y humanos y no “delimitando un derecho constitucional”.
Según el experto, no hay que olvidar que las personas que recurren en
el ámbito de lo social luchan por su medio de subsistencia bien sea en
forma de pensión, salario laboral o prestación por desempleo.
Por
ello, consideran especialmente injusto que en esas circunstancias estos
ciudadanos deban abonar unas tarifas “abusivas” que les impedirán
batallar por lo que es suyo. En este sentido, los comparecientes ponen
como ejemplo el de un joven de 25 años que por un accidente laboral
quede incapacitado de manera grave, y se vea obligado a recurrir tras
haberle sido denegada la pensión. En este caso, teniendo en cuenta que
la tasa a pagar sería proporcional al montante total de la cantidad que
solicita percibir (durante los 40 años siguientes que le corresponderían
trabajar), la cifra podría alcanzar los 10.000 euros, algo inasumible
para la mayoría de demandantes. Por todo ello, este grupo de graduados
sociales ha decidido unirse a las protestas del resto de colectivos,
con la esperanza de que si el Gobierno no da marcha atrás en su
determinación sean los tribunales los que acaben tumbando una ley que
supone “una aberración a la Justicia”.
Noticia enviada por: Soledad Suárez García.
Originalmente publicada en: http://www.rrhhmagazine.com/noticias.asp?id=3576
Se trata de otra medida más totalmente injusta. Gallardón, podría haber utilizado otras medidas para descongestionar la justicia, medidas como la mediación y el arbitraje que son muy utilizadas en otros países europeos y donde esta demostrado que funcionan.
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