El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer la puesta en marcha de una comisión que hará una auditoría integral de la Administración, que estará antes del próximo 30 de junio, y en la que el Ejecutivo basará su posterior actuación, enfocada a la eliminación de duplicidades y estructuras que no sean útiles. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría calificó esta tarea como "un trabajo de bolillos" para dibujar un mapa de todo lo que hay, "que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". "Muchos saldrán retratados", dijo la vicepresidenta, "y tendrán que aclarar por qué mantienen determinadas cosas y, sin embargo, recortan en otras.
El recorte de empleo público no ha terminado todavía. Según ha podido saber elEconomista de fuentes cercanas al Ejecutivo, nos queda por ver un ajuste que rondaría los 120.000 despidos en las administraciones. Los sectores hacia los que apuntan con más fuerza: sanidad y educación.
Entre enero y septiembre, la Administración Pública, Defensa y Educación perdieron 180.701 afiliados del régimen general de la Seguridad Social del año, de acuerdo con los datos que publica el Ministerio de Empleo. Pero esa cifra suponía sólo algo más de la mitad de los 300.000 personas en que aumentó el volumen de empleados públicos entre 2007 y 2011. Un crecimiento que se debió, en parte, al aumento de la oferta pública por parte de las administraciones para intentar frenar el alza que estaba experimentando el paro.
Aunque los expertos no se han mostrado sorprendidos por estas cifras, lamenta que este, aumento que adulteraba los datos del desempleo crecía al compás del déficit público español, que en el último año del Gobierno socialista, 2011, alcanzó el 9,4 por ciento, tal como ha confirmado Bruselas esta misma semana. Unas cifras insostenibles que Rajoy se ha comprometido a revertir. De manera que en 2013 baje hasta el 4,5 por ciento del PIB. El profesor del IESE José Ramón Pin critica que esas contrataciones en el sector público "son déficit".
Ligado al déficit público
El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Lahera explica que la reducción del déficit público va a ir ligado a una corrección de empleo público. En este sentido, apunta que el colectivo más afectado va a ser el personal laboral. Es decir, trabajadores que tienen un contrato con la administración.
Otro de los colectivos que más afectado se ve por el ajuste del sector público es el de los interinos. En su caso, se pueden despedir de dos formas: amortizar la plaza, reorganizando el organigrama y decidiendo que esos puestos ya no son necesarios; o que ese empleo lo ocupe un funcionario de carrera. Para el profesor del IESE, lo más rápido en la actual coyuntura es la primera posibilidad.
Por su parte, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Fernando Méndez Ibisate no ve la reducción de empleo público ligada simplemente a la reducción del déficit. "Aunque nuestro PIB creciera al 4 por ciento, sería necesario reducir nuestra burocracia estatal para que la economía española tenga algo de racionalidad", explica, porque "a largo plazo comprobamos que es insostenible tener un sector público tan sobredimensionado" como el que tiene nuestro país en la actualidad. Y subraya: "El sector público no crea empleo, genera burocracia".
El sector donde más empleados peligran es educación. De hecho, el primero ha sido motivo de la primera huelga en la que la Asociación la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (Ceapa) se ha sumado.
Ibisate, sin embargo, considera que de ahora en adelante el ajuste en ambos colectivos se va a frenar, porque ya ha pasado. Para el profesor, a partir de ahora la reducción de empleo público se va a dejar notar a través del cierre de organismos públicos en las comunidades autónomas, que, recuerda, tienen los mercados cerrados, "y no de ahora". Aunque advierte de que los políticos "se van a resistir" porque muchos de los puestos los ocupa "gente del partido".
En este sentido, Miguel Borra, presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, coincide. En su opinión, va a ser la administración local la que más empiece a sufrir los recortes. Respecto a Educación, los maestros se han venido quejando de dos polémicas medidas que el Real Decreto-ley 14/2012 establecía medidas que redundan en una menor necesidad de cubrir puestos vacantes: el incremento de las horas lectivas y el aumento de la ratio de alumnos por aula.
Recorte a largo plazo
De manera que en este sector el recorte se ha podido hacer de una forma más rápida. Pero no ha ocurrido lo mismo con el sector sanitario, donde la corrección, por la propia estructura del sector sanitario, se ha tenido que producir más a largo plazo. "En un aula, puedes meter a más alumnos para cada profesor, pero los pacientes no se pueden atender de dos en dos", explica Borra a elEconomista.
Los funcionarios del sector educativo se han venido quejando de que el ajuste se realiza a través de la no contratación, ya que cada profesor tiene que atender a más alumnos y tiene que dar más clases.
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