REFLEXIÓN PERSONAL: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ESTADO DE DERECHO Y LUCHA SOCIAL

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ESTADO DE DERECHO Y LUCHA SOCIAL

Reflexión personal de David Ruiz Benítez

Desde que la burbuja inmobiliaria estalló en España en 2007 provocando una de las mayores crisis económicas de su historia, han ido proliferando las opiniones de ciertos sectores económicos y políticos de la sociedad española cuestionando el modelo de función pública en España y su dimensionamiento, como si dicho modelo fuera responsable de la crisis y de por qué no salimos de la crisis. Se olvidan de los desmanes cometidos por unos empresarios de la construcción y una banca que en su afán de lucro sin límites, siguieron echando leña al fuego de la burbuja sin pudor alguno, agotando sus recursos crediticios en un modelo de negocio obsoleto, estúpido y caduco, para después continuar pidiendo dinero que no tenían a bancos extranjeros a través de deuda privada, con tal de seguir alimentando el monstruo inmobiliario español y obtener pingües beneficios económicos, mientras enladrillaban cualquier tipo de suelo a su alcance, destrozando el preciado litoral español e hipotecaban a buena parte de la población española de por vida.

Ahora todos esos créditos privados solicitados a la banca francesa y alemana son devueltos con dinero público de todos los españoles, a los que se les suben toda clase de impuestos y se les priva de la gratuidad y calidad de los servicios públicos para obtener dinero público con el que pagar deuda privada de bancos españoles a los bancos alemanes y franceses. (Para entender mejor la gravedad del agujero bancario se puede observar que sólo Bankia ha recibido ayuda pública del Estado por valor de 33.000 millones de euros, equivalente a todo el presupuesto para el año 2012 de Andalucía, con el cual se gestionan los servicios públicos de educación, salud, infraestructuras, etc. de más de 8 millones de ciudadanos durante todo un año. Es decir, dicho de otra manera para entenderlo mejor, para tapar el agujero de Bankia sería necesario que más de 8 millones de andaluces se queden sin colegios, universidades, hospitales, ayudas de dependencia, becas, inversión en  infraestructuras, etc. durante todo un año. Eso sería un desastre, así  que nos lo van a hacer pagar poco a poco cada año)

Al mismo tiempo se ahoga la economía del país pues los ciudadanos, con menos salarios y mayores impuestos, cada vez con menos recursos económicos, no consumen y por tanto la recaudación fiscal cae en picado y las empresas deben despedir trabajadores al no existir demanda para sus productos, trabajadores despedidos que su vez también requieren de prestaciones públicas que aumentan el gasto público, entrando en un círculo vicioso que solo hace agravar la situación económica inicial.

Afirmaron que había que que cambiar la legislación laboral en 2010 (PSOE) y 2012 (PP) para salir de la crisis, que había que “parecerse a otros países europeos” y así justificar la supresión de derechos laborales y sociales a los trabajadores del sector privado y facilitar el despido, ahora dos años después se ha visto que el problema no era la legislación laboral, que no se ha creado empleo con la nueva legislación y su pregonada flexibilidad y que la crisis ha ido a peor. Ahora vuelven a surgir las voces afirmando que hay que cambiar la legislación de la función pública para salir de la crisis, para justificar la supresión de derechos a los trabajadores públicos. ¿No será que la solución para salir de la crisis debe ser otra que la de quitarle derechos a los ciudadanos poco a poco, ciudadanos que no provocaron dicha crisis?.

En este artículo de reflexión me centraré en el Círculo de Empresarios, y la reciente noticia del 27 de octubre de 2012 que puede leer en el economista.es (http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4355258/10/12/En-Europa-solo-el-10-de-los-funcionarios-tienen-un-empleo-vitalicio.html)

Afirma el Círculo de Empresarios que:

“Desde que se aprobó la Constitución, explica el Círculo, el número de empleados públicos en nuestro país se ha multiplicado por cuatro, hasta superar los tres millones. Ello nos supone la mitad de todo el gasto público. Un gasto difícil de amortizar, puesto que en España el 73,63 por ciento de los funcionarios tienen garantizado su empleo de por vida. Este dato contrasta notablemente con lo que ocurre en Europa, donde generalmente el porcentaje de funcionarios vitalicios se sitúa en el 10 por ciento. Ese es el caso, por ejemplo, de Reino Unido y los países escandinavos, donde incluso no lo tienen garantizado”

Bien, mi reflexión empieza por dejar claro que el sistema español de función pública de acuerdo con el EBEP ya incluye un sistema disciplinario para corregir los posibles deficiencias que se detecten en los trabajadores públicos, incluida la separación del servicio en los casos más graves, y que dichos trabajadores también están sometidos al código penal y sus penas de inhabilitación absoluta. Es decir, nadie tiene un empleo garantizado de por vida como pretende afirmar el Círculo de Empresarios.

Además, me gustaría destacar que el sistema de función pública español no es una anomalía en el entorno europeo como pretende hacer ver el Círculo de Empresarios, es un modelo basado en el sistema francés que tiene su origen último en la Revolución Francesa, que pretendió acabar con la enorme concentración de poder del Antiguo Régimen en la figura del monarca o Rey, titular de la soberanía nacional hasta entonces, para reconocer que la soberanía residía en el pueblo, y para ellos pretendían crear una estructura de organizaciones públicas que evitara el ejercicio absoluto de la autoridad por una sola institución.

Ineludible resulta hacer referencia a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) realizada por la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa que declaraba en su artículo 16: “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.”

Pues bien a la Revolución Francesa y no al Circulo de Empresarios le debemos los españoles y buena parte de los europeos el establecimiento de Estados de Derecho democráticos que pusieron al ciudadano como epicentro de unos derechos fundamentales que no debían ser vulnerados por ningún agente privado o público. Entre esos derechos estaban el derecho a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, derechos sobre los que poco se oye hablar a estos agentes económicos.

El modelo de función pública francesa inspiró y fue referente de otras administraciones europeas como España, Italia y Bélgica. 

Obviamente al Círculo de Empresarios le interesa mucho más países como Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Finlandia, que abogan por un modelo de funcionariado norteamericano, el modelo abierto como se meciona en nuestros apuntes.

Habría que recordarle al Círculo de Empresarios que el sistema de empleo público norteamericano en sus comienzos tenía aversión al concepto de funcionariado permanente, pues como estado joven que eran los EEUU pensaban ingenuamente que podría ser hasta “antidemocrático” que las funciones públicas fueran propiedad de nadie. Al poco tiempo se observó que los funcionarios de ideología contraria al partido político vencedor eran despedidos para contratar otros nuevos afines al partido. La sustitución alucinante de unos funcionarios por otros provocó graves crisis en los servicios del Estado, generalizando la corrupción hasta tal punto que el presidente Garfield fue asesinado por un aspirante rechazado para un empleo de subalterno, y fue entonces cuando el Senado creo la Civil Service Commision en 1883 para apreciar la aptitud de los aspirantes a empleos públicos y terminar con el favoritismo político. Para corregir algunas disfunciones de su sistema abierto el presidente Carter hizo aprobar en 1978 la Civil Service Reform Act, dando un giro hacia un sistema corportativo de función pública a fin de disponer siempre de personas capacitadas que aseguren la continuidad de la Administración y su neutralidad política. Los miembros del Servicio Ejecutivo Superior solo pueden ser separados por causa motivada y estan protegidos contra discriminaciones ilegales o motivos políticos.

También habría que recordarle al Círculo de Empresarios que según Transparencia Internacional, una organización internacional dedicada a combatir la corrupción política, los países de Europa del norte están nada menos que en las primeras posiciones del ránking internacional de países transparentes y no corruptos, mientras España está en la posición 30, seguida de cerca por Puerto Rico, Botsuana, Taiwan y Bután. http://es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_Percepción_de_Corrupción

Precisamente países como Finlandia, Suecia y Dinamarca (los que casualmente menciona el Círculo de Empresarios) son los menos corruptos del planeta, de que lo se seguramente se deduce que los inconvenientes del sistema abierto no llegan a crear problemas en esos países donde la población tiene culturalmente y socialmente un elevado concepto del Estado de Derecho, del respeto a la Ley y a los de los derechos de los ciudadanos, de  los servicios públicos y de la finalidad del dinero público como instrumento para lograr el Estado de bienestar y reducir las desigualdades sociales.

Aplicar un modelo de función pública abierta puro a un país como España, azotado por la corrupción política, la cultura del pelotazo y la falta de ética, solo puede degenerar en una situación aún peor de la que ya tenemos, aunque parece claro que puede haber muchos empresarios en este país interesados en hacer cada vez más negocios con el Estado con menos funcionarios independientes y preocupados de salvaguardar el interés general, funcionarios que el político de turno pueda despedir si resultan molestos, al estilo del siglo XIX en los EEUU. Y la crisis económica es la excusa para conseguirlo.