UTOPIA EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA
A medida que pasan los años cada vez más personal de la administración se ve envuelto en escándalos de corrupción .El favoritismo está a la orden del día y esto nos hace replantearnos la clara ausencia de ética pública existente en un alto porcentaje de personal de la Administración.
Como tarea pendiente tenemos el reflexionar sobre nuestra filosofía de vida, ya que cada vez somos seres más individualizados y solo vamos buscando nuestro propio interés, desinteresándonos por el bien común.
Atrás queda la utopía de conseguir una Administración con una conducta ética pública donde prime la lealtad, el respeto y la honradez. Aquellas en las que las que la influencia de un funcionario, por ejemplo, no sea la pieza clave para la agilización de un procedimiento. Un punto fuerte contra esta corrupción sería una jurisprudencia donde se juzgue más severamente el comportamiento de estos individuos. Pero visto lo visto, adentrarse en la Administración y lucrarte de todo lo que este a su alcance se ha convertido hoy día en el negocio más rentable de algunos sinvergüenzas.
No es de extrañar que el sueño de una administración sin corrupción sea solo eso, un sueño.
Al igual que mi compañera pienso que en la actualidad parece una utopía creer en un sistema económico-político sin corrupción; porque no olvidemos que la economía marca en gran parte las medidas políticas que nuestros gobiernos toman en relación con los servicios públicos y del interés general; y hemos de tener presente que dicha corruptela no sólo afecta a la Administración como organización dependiente del poder ejecutivo, sino que también hace mella en el poder legislativo y en el sistema judicial.
ResponderEliminar¡Qué bonita nos parecía nuestra Constitución del 78! con todos sus principios de igualdad en la participación en los asuntos públicos (art. 23), de mérito y capacidad en el acceso a la función pública, del sometimiento a la ley y al derecho de las Administraciones Públicas (art. 103) o todo un art. 9 que no nos deja indiferentes ante la exigencia a los poderes públicos (no sólo la administración) de la sujeción a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico, de la obligación a promover las condiciones óptimas para la igualdad y libertad de los individuos y grupos en los que se integran, de remover obstáculos que impidan la participación de todos los ciudadanos en la vida política económica cultural y social. Digo yo, ¿se habrán leído alguna vez nuestros políticos y gobernantes nuestra carta magna entendiendo la obligación de todos a su cumplimiento? Quizás no hayan comprendido que todos somos TODOS incluidos ellos.
Pienso que es cierto que la Administración está corrompida y necesita una reforma urgente, pero posiblemente si sus máximos representantes y responsables tuvieran una mínima decencia la situación en este momento sería muy diferente a la actual. Hay que predicar con el ejemplo y no se puede tener dos varas diferentes para medir lo mismo. No podemos exigir transparencia y alardear de ella cuando el sistema de acceso a las Administraciones está siendo cada vez más opaco, donde no se valoran ni el mérito ni la capacidad sino más bien el carnet del que se goza, las amistades y contacto que familiares y amigos tienen, o la capacidad de adaptación y obediencia de las normas impuestas por el gobierno de turno sin cuestionarse su legalidad.
Parte de la garantía que presenta la administración es la imparcialidad en su comportamiento y de la que es responsable el personal que desempeñaba funciones dentro de la misma. El funcionario era garante de la legalidad y la imparcialidad y para ello se les dotaba de una inamovilidad como contrapeso a la arbitrariedad de sus superiores y sus posibles presiones pero si a éste colectivo se le coarta mediante medidas restrictivas de derechos constitucionalmente reconocidos ¿cómo podemos pedirles y esperar que puedan desarrollar dichas garantías?
Sin duda, el control en el sistema selectivo de los que van a formar parte de la Administración, a veces, brilla por su ausencia. Esto tiene una consecuencia clara, incompetencia y poca valoración del puesto de trabajo. Lo primero, porque al estar escogido por "motivos personales" suele no estarse suficientemente preparado, lo segundo, porque al llegar al puesto con tanta "facilidad", sin esfuerzo previo alguno, no importa nada, solo sacar tajada de donde se pueda. Es cierto que no se puede generalizar, en la mayoría de los casos ésto no es así, pero también es cierto que los que si lo son hacen bastante daño a la Administración y a su imagen.
ResponderEliminarPor desgracia y en consonancia con la reflexión expuesta por la compañera, me atrevo a decir que la corrupción queda definida como esencia propia de todo ser humano que sustenta un cargo de poder en el ámbito público, pues pocas personas son las que no se benefician o lucran en mayor o menor medida (desde fraude por malversación de fondos públicos hasta hurtos menores relacionado con material de oficina) de la función pública. En mi opinión, sólo cabría clasificar a las personas en función de la posición que ocupa su umbral de lealtad y respeto a las instituciones y normas, factor principal según el cual las personas pueden llegar a hacer cosas ética y moralmente incorrectas o no hacerlas, y en qué medida.
ResponderEliminar