Noticia enviada por Mariluz Turienzo Iglesias. 4º GAP
El Ministerio de Hacienda está evaluando el desempeño de 2.000 funcionarios en un plan piloto para imponer la retribución variable por objetivos. De este modo, quiere potenciar la productividad, la profesionalización y el ahorro dentro del Sector Público sin realizar, de momento, recortes en los salarios base de los funcionarios. Así lo ha diseñado la Dirección General de Función Pública en colaboración con cuerpos de altos funcionarios.
De esta forma, Hacienda sienta las bases sobre las que establecer el nuevo sistema de retribución variable, que llega hasta el 40% en el caso de los directivos públicos y a un 30% para el resto de funcionarios. A los directivos, además, el Real Decreto-ley del pasado 6 de abril les recorta el sueldo. Hasta ahora, sólo los Abogados del Estado habían probado este modelo, pero no obedecía necesariamente al desempeño o a la consecución de objetivos.
Este sistema supone que los funcionarios que cumplan sus objetivos cobrarán lo mismo que ya percibían y, quienes no lo hagan, sufrirán rebajas proporcionales de hasta el 30% ó el 40%.
En el Plan Piloto les examina una Comisión creada ad hoc en la Dirección General de la Función Pública, que recoge las evaluaciones de los directivos de las 60 unidades que forma parte del plan piloto. La medición es jerárquica, si bien se tiene en cuenta que quien puntúa es el superior funcional o directo del funcionario y no necesariamente el superior jerárquico. El período objeto de evaluación es anual o semestral.
El contenido del examen versa sobre la conducta profesional o actuación del personal y sobre sus resultados en el desarrollo de sus actividades o responsabilidades, es decir, la contribución a los objetivos estratégicos de la unidad. El objetivo de facilitar la cuantificación del desempeño ha llevado a elegir a unidades que tienen entre mano planes de acción concretos.
Por último, el resultado del examen final depende de la ponderación de la puntuación obtenida fijada en el cuestionario de evaluación, que es el instrumento que permite la gestión de todo el proceso.
La mayoría de los 2.000 funcionarios evaluados pertenece al Grupo A1, si bien también son objeto de examen funcionarios de niveles inferiores, siempre que gestionen equipos.
Las 60 unidades evaluadas pertenecen a 10 ministerios, en concreto, a Justicia, Defensa, Hacienda, Empleo, Industria, Economía, Interior, Educación, Agricultura y Presidencia. Son hasta 40 subdirecciones y, el resto, organismos, confederaciones, unidades o departamentos.
Este plan piloto se aplica, de momento, en la Administración General del Estado, donde Hacienda tiene competencias, con la idea de que se vaya replicando en las comunidades autónomas, y de cara a la futura Ley de Función Pública y al Reglamento que desarrollará el Estatuto del Empleado Público. Uno de los objetivos principales del Reglamento, como adelantó EXPANSIÓN el pasado 3 de mayo, es imponer la retribución variable por objetivos.
De hecho, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que impulsó el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, ya preveía la evaluación del desempeño, pero la ausencia de un desarrollo reglamentario paralizó el proyecto.
Esta norma dice que "la evaluación del desempeño se configura como un derecho de los empleados públicos y como un deber y, en especial, cuando se implante la carrera profesional horizontal, pues en este caso el derecho a la promoción profesional se conjuga con la obligación de ser evaluado".
Estos planes de modernización de la Administración que impulsa Hacienda tienen como punta de lanza a los directivos públicos (ver EXPANSIÓN del miércoles), por lo que se prepara el Estatuto del Directivo Público, que prevé su relevo, si son funcionarios, o despido en el caso de que no lo sean, si no cumplen los objetivos que se hayan marcado.
Desde Hacienda se ha trasladado que no se quiere rebajar el sueldo de los funcionarios. Sí que se va a ajustar la jornada. Por su parte, la diputada del Grupo Popular Elvira Rodríguez ha abogado por despedir a personal laboral e interino para hacer sostenible a la Administración.
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