El Gobierno quiere poner a dieta a la
administración pública. Un grupo de expertos ha revisado a fondo todas las
instituciones públicas con que cuentan el Estado y las administraciones
autonómicas. Con esa radiografía en la mano, la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas (CORA) ha elaborado un extenso informe de 253 páginas
en el que hacen una serie de propuestas, todavía en estudio, de racionalización
del gasto. Esta propuesta incluye la fusión de algunas instituciones y la
desaparición de otras. Se trata de un informe que no está aún aprobado y que no
es vinculante para las autonomías, al menos todavía. También proponen cambios
en la forma de trabajo de los empleados públicos, promoviendo la movilidad
geográfica de funcionarios y laborales. Y hay otra serie de propuestas
destinadas a ahorrar tiempo y costes, como la potenciación de la factura
electrónica o las compras centralizadas.
La incidencia de esta reforma, de llevarse
a cabo como propone el citado documento, tendría incidencia en el régimen
laboral de los trabajadores públicos, pero una repercusión muy limitada en
cuanto a la desaparición de instituciones asentadas en la provincia granadina.
Concretamente, el informe solo cita un
organismo con 'nombre y apellidos' que propone eliminar. Se trata del
Observatorio Andaluz de la Infancia, que tiene su sede en la capital granadina,
en la tercera planta del centro de menores Ángel Ganivet. En el documento del
CORA consideran que se ha producido una «proliferación» de observatorios en los
últimos años, en los que encuentran algunas «disfunciones», como la
contratación a empresas externas de servicios propios, la elaboración de
informes que no son difundidos o el hecho de que no aporten información
adicional a la que suministre otro observatorio a nivel nacional.
La situación concreta de este observatorio
andaluz no es tal cual la 'pinta' este informe. El coordinador Francisco Jesús
Alaminos, apunta que todo lo que se hace en este instituto es obra de los trece
empleados, ya que nunca han contratado con ningún agente externo. Cumplen tres
funciones: gestión del conocimiento, investigación con elaboración de
documentos propios y formación. «Todo está disponible en la web, que hemos
modernizado nosotros sin que cueste un euro extra, y que han visitado más
290.000 personas el año pasado», apunta Alaminos. También cumplen un destacado
papel docente, ya que formaron a 1.600 personas el año pasado, relacionadas con
la asistencia a menores en situación de riesgo o con asociaciones de acogida a
través de un campus virtual que también han diseñado los trabajadores del
observatorio, sin ayuda externa.
«Los argumentos parecen ajenos a nosotros»,
explica Alaminos, que considera «curioso» que se proponga eliminar el
observatorio andaluz cuando en el observatorio nacional solo trabajan dos
funcionarios. «Nuestro observatorio está sirviendo de referencia incluso para
otros países como Colombia, que nos ha pedido ayuda para poner en marcha una
institución similar», defiende Alaminos, quien explica que no han tenido
ninguna comunicación oficial por parte de la Junta de Andalucía, de quien
depende esta institución. El presupuesto anual de este organismo ronda el medio
millón de euros.
La eliminación de este observatorio es la
única que se propone de forma directa en el documento, aunque en sentido
estricto se podrían ver afectado el Consejo Consultivo de Andalucía, que
también tiene sede en Granada. La propuesta del CORA es la de eliminar los
órganos consultivos de las comunidades autónomas, de forma que el Consejo de
Estado asuma sus funciones y se ahorre el presupuesto de estos organismos. El
Consejo Consultivo de Andalucía, con sede en Bibataubín, tiene un presupuesto
anual de 3,8 millones de euros, de los que la mayor parte, 3,1 millones, son
para gastos de personal. Entre las tareas de este organismo está la asesoría a
la Junta de Andalucía en anteproyectos de leyes, reglamentos, convenios o
conflictos de competencias entre consejerías, así como aconsejar en casos de
reclamación, recursos o concesiones administrativas. Este consejo lo componen
el presidente, los consejeros permanentes -son los expresidentes de la Junta
hasta los 65 años-, los consejeros electivos -seis con dedicación exclusiva y
seis sin ella-, los consejeros natos -son cinco- y la secretaria general, así
como la estructura administrativa que permite su funcionamiento.
Investigación
Estas dos serían las instituciones que se
propone eliminar y que tienen sede en Granada. Entre las instituciones
propuestas para su remodelación se encuentra también el Centro Superior de
Investigaciones Científicas, entidad a la que pertenecen el Instituto Andaluz
de Astrofísica o el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, con sede en
Granada pero compartido entre el CSIC y la Universidad de Granada. Ninguno de
estos dos organismos se vería afectado por esta reforma inicial, según ha
podido saber este periódico de la dirección de ambos centros. También forman
parte del CSIC la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de
Parasitología y Biomedicina López-Neyra y la Escuela de Estudios Árabes. Los
cinco centros vinculados al Zaidín, que han permanecido cerrados dos semanas en
agosto para ahorrar costes, están pendientes de que se solucionen los problemas
de financiación que amenazan su futuro en este próximo mes de septiembre.
Buceando entre el resto de iniciativas que
recoge el informe de reforma de la administración pública, la investigación
granadina podría estar afectada por la unificación de los ocho Centros de
Investigación Biomédica en Red (CIBER). Hay cinco grupos de investigación
vinculados al grupo de Epidemiología y Salud Pública -uno de los ocho CIBER-,
que no parece que vayan a sufrir cambios por esta posible reforma. «Siempre
hemos trabajado de forma descentralizada, y desde el año pasado hay un gerente
único en Madrid; nuestro trabajo ya se hace mucho a través de intranet», apunta
María José Sánchez Pérez, responsable de uno de estos grupos. Sánchez explica
que ya se habían puesto en marcha la medida recogida en el plan. Lo que sí han
notado en su grupo son los recortes en investigación que comenzaron en 2012.
«Los recursos se utilizaban básicamente para contratar personal y hemos tenido
que prescindir de gente», apunta la investigadora, que llegó a tener cuatro
personas con este dinero público y ahora solo puede contar con una. Sánchez
recuerda que el dinero que recibe depende de las evaluaciones que deben superar
cada año y en las que se miden los «indicadores de producción científica».
Nicolás Olea, que es responsable de otro de estos grupos de investigación,
explica que en su caso tiene que juntar dinero que recibe de programas
distintos para poder pagar un salario completo a un investigador.
Hasta aquí llegarían los efectos directos
de la reforma que afecta a institutos que sufrirían cambios, fusiones o
desapariciones. El informe propone la eliminación de otros muchos organismos
del gobierno autonómico pero que no están ubicados en la provincia granadina,
como la Cámara de Cuentas, las oficinas autonómicas en el exterior, tanto las
diplomáticas como las de comercio o de cooperación al desarrollo. También
apuesta el informe por eliminar el Instituto Andaluz de Cartografía, el
observatorio de empleo o las 17 oficinas repartidas por el mundo que tiene la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda.
Falta por desarrollar el efecto que
tendrían las propuestas en materia de empleo público, aunque algunas de ellas
ya se han puesto en marcha. Es el caso de la congelación de la oferta de empleo
público o la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas. En el plano teórico
se contempla la habilitación legal del despido por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción en el ámbito de la administración pública, la
modificación de las condiciones de acceso, los planes de reducción del
absentismo o la modificación del régimen de permisos sindicales y del régimen
de incompatibilidades.
El comité de expertos apunta que las
medidas que ya se han puesto en marcha, han supuesto un ahorro de 12.966
millones de euros y 374.800 empleos públicos. Todavía no se ha valorado qué
repercusión tendría en cuanto a puestos de trabajo la propuesta completa que
hace el Gobierno, pero el PP ha señalado que en Andalucía supondría un ahorro
de 7.000 millones de euros, aunque no han detallado cómo han hecho las cuentas.
Fuente original: Ideal.es
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