REFLEXIÓN PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
DEL EMPLEO PÚBLICO Y LA SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente,
en los procesos de selección de personal se acentúa el establecimiento de las
exigencias personales del puesto de trabajo, esto es, el perfil
profesiográfico: capacidades físicas e intelectuales, habilidades y experiencia
profesionales, factores de personalidad y nivel académico y formativo del
potencial trabajador, en vez de realizar un estudio más profundo de la
identificación de las tareas del puesto a analizar, de la determinación del
cuándo y el por qué se hacen las tareas y, como consecuencia de ello, la
identificación y clasificación de los principales deberes de las tareas,
recogido en los pasos a seguir del análisis y descripción de puestos de
trabajo.
En la
Administración Pública se encuentran aquellos funcionarios sin apenas trabajo
que realizar y, por el contrario, aquellos otros que no dan abasto al inmenso
trabajo que tienen, lo que conlleva un retraso en la realización de las
funciones y deberes de las tareas, como ocurre diariamente en la Administración
de Justicia, por citar una Administración, en concreto, existe un descontento
generalizado de la población en el orden judicial.
También, en
cuanto, a la profundización en las razones por las que las tareas se realizan
de determinada forma, habría que destacar que aquellos cambios oportunos y
convenientes, como por ejemplo la informatización y modernización en la
realización de las mencionadas tareas, serían muy aconsejables para mejorar el
desarrollo de las mismas.
Desde mi
punto de vista, dentro del análisis de puestos de trabajo y sus tres grandes
etapas: planificación, preparación y ejecución, considero que se debe dar un
mayor énfasis a la planificación, sobre todo, ya que, ésta debe determinar y
describir con total exactitud los puestos que se van a analizar, así como la
elaboración de un correcto organigrama de dichos puestos que sirva de guía y
referencia en el análisis, misión que le compete al equipo de Recursos Humanos,
con exclusividad.
Según la
situación actual parece ser que se centra todo en la personalidad del
trabajador o aptitudes que se le exigen al mismo cuando sería necesario,
previamente, a estos requerimientos mejorar otros puntos. Todos los cambios que
se están produciendo, sobre todo, en el Área de Recursos Humanos, están
exigiendo reformas estructurales muy costosas, tanto en términos personales
como en términos políticos. Todas estas reformas están demostrando que la
austeridad es el único camino posible, según nos cuentan, para lograr la devaluación
interna y, por consiguiente, la reducción del gasto público. Los medios de
comunicación nos informan que se ha conseguido recuperar parte de la
competitividad exterior perdida y hemos comenzado a pagar nuestra deuda
exterior que, junto con la reducción y control del gasto público, es nuestra
principal misión y objetivo para sanear nuestra deteriorada economía.
Asimismo, se
exige mucho en las especificaciones, siendo éstas, los requerimientos o
cualificaciones personales significativas que los trabajadores deben tener, en
concreto, son numerosos los factores de especificaciones entre ellos:
requerimientos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidad implícita y
condiciones de trabajo. A menudo, éstas últimas, las condiciones de trabajo
(riesgo de trabajo y ambiente de trabajo) y el control (esto es los riesgos
laborales y la guía de supervisión) se dejan en un segundo plano, restándole la
importancia que realmente tienen.
En las Relaciones
de Puestos de Trabajo (RPT), dentro del análisis funcional, se debe valorar el
puesto de trabajo por encima de lo demás y, sin embargo, se realiza,
habitualmente, una valoración de la persona, siendo éste considerado como uno
de los principales defectos o inconvenientes sumado a los tradicionalmente
conocidos como son: la excesiva centralización, el fuerte secretismo y, por
último, que es un sistema de contenidos mínimos.
Para
finalizar, como conclusión de esta reflexión personal, en lo concerniente a la
Oferta de Empleo Público (OEP), en primer lugar, destacar que no se cumple
aquello de “La OEP son todas plazas vacantes dotadas presupuestariamente no
cubiertas con efectivos existentes” únicamente, se ofertan un porcentaje de
todas aquellas; además, el calendario propuesto de: aprobación en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE), aprobación de la OEP en el primer
trimestre, convocatoria de las pruebas en el primer trimestre y conclusión de
dichas pruebas el 1 de octubre, jamás se cumple
porque desde que se realiza la OEP hasta la celebración de exámenes o pruebas
de acceso, pueden transcurrir años de espera. Así pues, la teoría dista mucho
de la realidad, ya que, únicamente se ofertan un número reducido de plazas, las
justas y necesarias para el funcionamiento de los servicios; se producen
últimos cambios en el momento de la convocatoria, en las bases de dicha
convocatoria y en el plazo de acceso a las pruebas; y, como único e
imprescindible requisito actual, la aprobación del presupuesto.
Ante todo,
prevalece la dotación presupuestaria antes que la buena realización de los
servicios públicos cuando ésta es la misión principal de dichos servicios:
cubrir y satisfacer todas las necesidades de la sociedad; por tanto, al final
la economía manda y, en la actualidad, mucho más por la situación de crisis
económica- financiera que estamos viviendo y de la cual, tardaremos en salir,
según las informaciones suministradas a la población por los medios de
comunicación.
María Ángeles Burgos Cabrilla
Estoy totalmente de acuerdo con esta reflexión personal y con todo lo que ello implica. Es cierto que necesitamos modificar cómo trabaja la Administración Pública y que se debería acometer una serie de reformas importantes.
ResponderEliminarComo comenta mi compañera existen grandes carencias en la planificación de recursos humanos en las Administraciones Públicas y dificultades para compartir recursos entre los diferentes organismos. Se deberían ajustar las plantillas de cada Ministerio, Consejería, Administración de Justicia, Sanidad, Educación……a sus necesidades reales, mejorando la lucha contra el absentismo y evitando desigualdades en el reparto de cargas de trabajo entre unos centros directivos y otros.
En el Estatuto Básico del Empleado Público se exige el desarrollo de medidas de evaluación del trabajo realizado, lo cual sería muy interesante para motivar a los profesionales de la Administración Pública en el desarrollo de su labor. Se debería establecer específicamente la carrera administrativa, de manera que los funcionarios puedan acceder a escalas superiores mediante determinados mecanismos de promoción interna y para ello sería necesario aplicar el principio de evaluación del desempeño del Estatuto Público.
Otra reforma que se debería acometer es la delimitación de la función pública la cual es muy difusa. Se tendrían que determinar aquellas parcelas que deberían ser desarrolladas de manera obligatoria por funcionarios de carrera y cuáles por personal laboral o de libre designación; esto ayudaría a introducir una mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos en la Administración. Además, es necesario reforzar la gestión profesional de las Administraciones Públicas para diferenciar lo político de lo profesional.