Es clásico y, hasta cierto punto manido, el
recurrente tema de especialización Vs. generalización en el desempeño de tareas
y en la división del trabajo referidas a cualquier organización laboral. ¿En
cualquier organización laboral?. Veamos.
Ya desde A.
Comte y su clásica división social del trabajo parece que el ámbito
productivo de la economía viene a corroborar que la optimización de la cadena
de montaje implica la especialización en cada una de las fases del desarrollo
del producto. Sin querer entrar tampoco en ulteriores desarrollos conceptuales
como los diferentes taylorismos, fordimos y resto de derivaciones, reconocerse
que, cuando menos, desde los orígenes de la industrialización las corrientes
dominantes han sido la de la primacía del proceso y subsecuente fase de
descomposición de este en módulos independientes y secuenciales.
La propia escuela marxista pone de manifiesto desde
muy temprano tal fenómeno cuando identifica el fenómeno bautizado como de
"reificación" (Lukàcs) -aunque de manera más castiza podriamos
vulgarizarlo como "cosificación" sin alejarnos muchos de su sentido
último- por el cual, incluso hasta las más recónditas y alejadas zonas de la actividad humana (incluidas las propias relaciones humanas)
se desvinculan de la visión de conjunto final propia del artesano que
domina su obra íntegramente -esto es,
desde su puro proyecto hasta su trueque final- al de mero elemento añadido a la
máquina (verdadero "deus ex machina" laico), maestro únicamente de su
cerrada parcela pero que pierde de vista el resultado final como un todo
acabado y listo para ser introducido al servicio de la sociedad. Al respecto,
es muy ilustrativo un pequeño relato medieval de constructores de Catedrales
que refleja a la perfección esta cuestión: habría tres picapedreros labrando
piedra. Uno se acerca y le pregunta al primero, el cual responde con la lógica
aplastante del momento presente "labrando la piedra". Se dirije al
segundo operario y le pregunta lo mismo, el cual responde desde la óptica económica
"ganándome la vida". Finalmente el tercero, el verdadero artesano,
responde "estoy construyento una Catedral"...
Razones en pro y en contra las hay para todos los gustos y
sensibilidades. Solo apuntar que en el
ámbito de la producción parece haberse impuesto un criterio de polivalencia que
vuelva a "reintroducir" la visión periférica en cuanto que pretende
realzar el conjunto (la empresa, la sociedad, la naturaleza, el país, las
futuras generaciones, etc. etc.) primándolo sobre lo particular. No seré yo
pués el que vuelva a traerlo a colación.
Sin embargo, lo antedicho me sirve siquiera, para
apuntar lo que inicialmente pregunté. ¿Vale este criterio para toda labor
humana?. Parece que para la productiva sí. Pero, ¿y para la
burocrática-estatal?, ¿sirve igualmente el principio de (perdón por los
neologismos “pluriempleabilidad” o “totimanejabilidad”?. Así, "a grosso modo", pareciera que también y, por
supuesto considero desde yá, que a niveles transversales en cuestiones como la
"atención al ciudadano-cliente", formación continuada o uso de
e-herramientas no parece que pueda haber controversia doctrinal. Pero, por
supuesto, vengo a referirme a cuestiones de mayor calado, esto es, a aquellas
cuestiones que se salen de los meros actos reglados del tipo SI A y B ENTONCES
C susceptibles de pura mecanización, y los hago recaer en aquellos de SI A y B,
ENTONCES C ó D (actos potestivos o de voluntad, según la clasica definiciòn de
Zanobini).
Toda profesión recorre una escala que va desde el
operario más generalista hasta el superespecializado técnico; así por ejemplo,
de médico de familia a cirujano traumatólogo de la mano y además experto en
túnel carpiano o desde el abogado de base al abogado auditor de grandes
empresas multinacionales en forma de holding. Evidentemente, a simple vista, se
puede fácilmente deducir que aquellos trabajadores de niveles más básicos son
susceptibles de intercambio y, por ello, objeto de rotación y tributarios del
criterio de que todos sepan hacer de todo (siempre se utiliza a esta escala la
coletilla de que “nadie es imprescindible” por el simple hecho de que todos
son/somos prescindibles). Es lógico que una formación mucho más específica es
también más costosa y por tanto se puede decir que más favorecedora del
blindaje. Esto propicia el debate sobre los pros y los contras de esta dinámica
que hace bascular el peso entre la conciencia del producto (foco sobre el
objeto final) contra la concienda de la producción (foco sobre la eficiencia en
el desarrollo). Aunque es un debate interesante no voy a entrar en él; quiero
por el contrario llamar la atención en que de una forma u otra, el mundo
productivo fija su atención sobre el OPERARIO mejor o peor formado: vas a
manejar un Jumbo 400 (de los muchos que hay) porque tienes formación acreditada
para hacer tal cosa. Pero, y esa es mi opinión personal aunque no
definitivamente cerrada, es que en la función pública no rige este criterio “ad personam” propia del mundo empresarial
(“tanto(s) –diplomas– tienes, tanto vales”) y contrariamente a lo que sucede en
dicho mundo productivo se opera un nuevo mecanismo al que podría denominarse
"atribucionalismo" (disculpas de nuevo por el "palabro") y
que implicaría no otra cosa que asignar a un UN PUESTO ESPECÍFICO todas
aquellas atribuciones y prerrogativas inherentes a su función jurídica. Sería
del todo punto imprescindible que tales atribuciones vinieran delimitadas a
través de un catálogo definido de funciones, funciones que tomarán cuerpo a
través del funcionariado según reglas de ecuanimidad para su ocupación: pero
recalcar que lo que permanece es el puesto mientras que lo que puede varíar es
el operario, que en la función pública tiene una formación homogénea según
adscripción a Cuerpos y Escalas. Para ello, naturalmente, en cada Función
Pública debería contarse con una completa relación detallada (susceptible de
modificación según necesidades, ello es una cuestión aparte) de atribuciones y
asignaciones al cargo.
Todo lo dicho implica que es la función jurídica
del propio puesto es la que determinará las herramientas funcionales de las que
se revestirá al funcionario que lo desempeña. Con esta atribución a una persona
(con nombre y apellidos) queda también asignada un sector muy concreto de la
actividad de la Administración del que aquel tendrá que dar cuenta llegado el
caso, acentuando al tiempo, su condición de inamovilidad en tanto ostente su
vinculación al cargo, ya que esa atribución es suya y solo suya (de su puesto)
y como consecuencia ni eludible por sí mismo ni "puenteable" por la
estructura. Nada habría más dañoso para la gestión pública que un conjunto de
puestos de trabajo innominados (las típicas "Asesorías Técnicas",
"Negociados o Secciones de Gestión", o los de "Servicios
Generales") que además no conllevan tarea alguna y cuyos contenidos son
repartidos al arbitrio de los responsables "de libre designación".
Ello propicia un "amansamiento" del técnico actuante (ya que si no lo
hago yo lo va a hacer otro), amén de una difuminación de la responsabilidad (no
lo hace un funcionario con nombre y apellido, sino "el Servicio") De
hecho, el trabajo encomendado a un empleado funcionalmente genérico puede "por
necesidades del servicio" ser reasignado a otros empleados más moldeables.
Quiero traer a colación al respecto una observación
muy ilustrativa que al hilo de la formación del personal funcionario (esta es
otra cuestión muy interesante) manifiesta el Prof. Bouzas Lorenzo en su informe
"Gestión por Competencias y Políticas de Formación de los Empleados
Públicos: la Comunidad Autónoma de Galicia" cuando expone que "el proceso de elaboración de
un catálogo básico de funciones, necesario para proponer un estándar de
conocimientos y habilidades relativo al nivel de puesto de trabajo, permitió
desvelar problemas importantes de percepción de roles (estructura
organizativa). El equipo de investigadores que llevó a cabo el proyecto dedicó
una parte considerable del trabajo a observar las posiciones de mando
intermedio (subdirector general, jefe de servicio, jefe de sección) y puestos
base, desvelando no sólo las discrepancias entre el ajuste real de la carga de
trabajo y las funciones que reglamentariamente deben asumir, sino también la
percepción que sus ocupantes tienen de las competencias que poseen y deberían
poseer y su visión del rol que desempeñan en la organización. En el origen de los mencionados
problemas de percepción de roles se encuentra la inexistencia de catálogos en
los que se especifiquen las funciones y las competencias asociadas a éstas, una
carencia considerable para la gestión pública. A partir del cuestionamiento a
los ocupantes de los puestos sobre las funciones que reglamentariamente se le
imputan, las que de facto llevan a cabo, y tras indagar sobre la interacción
con puestos superiores e inferiores, el margen de autonomía, la toma de decisiones
y la frecuencia, motivo y soportes de comunicación, el equipo sugiere una
descripción de funciones a la que finalmente se vincula un perfil de refuerzo
de competencias".
Quizás como conclusión apresurada, la de que mundo
productivo y mundo administrativo tienen, cuando menos en este aspecto bastante
poco de común.
José Ramón Malagón Cansino.
4º GAP
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