Propuesta por: Ramón Sánchez Rendón.
.27 julio 2013. El Correo de Andalucía.
La nueva ley permitirá fusionarse a los 530
municipios de menos de 5.000 habitantes. La Junta estudia recurrir la
norma ante el Constitucional por invasión competencial
La reforma local, aprobada por el Consejo de Ministros el viernes,
puede fulminar 40.000 empleos públicos en los ayuntamientos andaluces,
según la documentación que los sindicatos han recopilado a través de los
municipios y puesto a disposición de la Junta. El director general de
Administración Local, Antonio Maíllo, prevé “despidos masivos” y
entiende que la cifra que le aportan los sindicatos es un cálculo muy
aproximado “con el que la Junta está trabajando”.
La pérdida de empleos municipales –principalmente en el mantenimiento
de colegios, centros de salud y servicios sociales de proximidad, como
la atención a mujeres maltratadas– es una consecuencia de la pérdida de
competencias de los alcaldes en favor de otras administraciones (las
diputaciones provinciales y la Junta). El 86% de los consistorios de la
región (689) –donde residen casi un tercio de los andaluces (tres
millones)– perderá capacidad de gestión con la nueva norma. La filosofía
de la ley es simple: una administración, una competencia, y el objetivo
es ahorrar más de 7.000 millones de euros. “La reforma local plantea
quitar a los ayuntamiento las competencias que más los vinculan y más
necesitan los ciudadanos, mientras que fomenta que las competencias
públicas más rentables sean privatizadas”, criticó ayer Maíllo.
Con la nueva ley, las diputaciones asumirán servicios de 689
municipios de menos de 20.000 habitantes, si no cumplen unos estándares
de calidad. Después del demoledor informe que emitió el Consejo de
Estado, el Gobierno ha cambiado un aspecto de la ley importante respecto
al primer borrador: antes los estándares de calidad los fijaba el
Ejecutivo central, poniendo el mismo precio a cada servicio municipal
para todos los ayuntamientos (coste estándar). El Consejo de Estado
sugirió que esta medida podía ser inconstitucional, porque restaba
autonomía a los municipios. El Ejecutivo lo ha cambiado por el coste
efectivo, es decir, ahora cada ayuntamiento le dirá al Estado cuánto le
cuesta cada servicio, y éste decidirá si se lo deja o si pasa a
gestionarlo la diputación (por considerar que la gestión será más eficaz
y económica). Esta modificación no ha variado el punto de vista de la
Junta, que aún piensa que se atropella la autonomía local.
Otra posibilidad que contempla la reforma es que los pueblos de menos
de 5.000 habitantes se fusionen voluntariamente a cambio de incentivos
económicos (el Ministerio de Hacienda les inyectará más financiación),
una medida que afectaría en Andalucía a 530 municipios (el 68% del
total).
Técnicos de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, que dirige el vicepresidente Diego Valderas, están
reunidos este fin de semana para elaborar un informe con los efectos
definitivos de la ley, que servirá a la Junta para recurrir la reforma
local ante el Constitucional por invasión de competencias. Andalucía es
la única región que regula la autonomía local a través de dos leyes
específicas, blindadas en el Estatuto: la Ley de Autonomía Local
(Laula), que regula las competencias exclusivas de los municipios, y la
Ley de participación de los entes locales en los tributos de la
comunidad (Patrica), que establece la financiación que perciben los
ayuntamientos. Las leyes locales fueron aprobadas en el Parlamento sólo
con los votos del PSOE. El PP-A votó en contra, y también se opuso IU,
que entonces estaba en la oposición y ahora, paradójicamente, está en el
Gobierno y gestiona esas leyes.
Los populares rechazaron ayer la “campaña de mentiras e intoxicación”
de PSOE e IU contra la reforma local. El PP-A defiende que la ley “no
reduce el número de concejales, mantiene las mancomunidades más eficaces
y fortalece a las diputaciones”, al convertirlas en “instituciones
cooperadoras con los municipios en la prestación de sus competencias”.
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