jueves, 31 de octubre de 2013

reflexisión personal Isabel Molina Alvarez

¿Qué beneficios se han obtenido a la hora de reordenar el sector público andaluz desde el punto de vista de las ofertas de empleo público en Andalucía?

 A lo largo de estos últimos años las ofertas de empleo público en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se han ido reduciendo, no siendo convocadas y si las han convocado,  con un número reducido de plazas.
            ¿A que es debido?, ya en la exposiciones de motivos de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, la Junta de Andalucía, con la finalidad de acomodar el sector público andaluz a las nuevas circunstancias económicas y financieras, ha llevado a cabo una serie de medidas, entre ellas la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

¿Qué ocurre pues, si la Junta de Andalucía dispone de una serie de “empresas públicas”, que se han nutrido y en menor proporción actualmente lo siguen haciendo, de personal privado?.

            Con esta ley lo que está pretendiendo el gobierno andaluz en mi opinion,  es integrar ese personal dentro de la propia estructura de la Junta de Andalucía, es decir convertir ese personal en empleado público, sin haberse presentado a ningún proceso selectivo, en el que se respeten los principios de publicidad, mérito, capacidad e igualdad, y por tanto vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
Este personal  que  quiere  convertir en empleados de la administración de la Junta de Andalucía, sin haber superado ningún tipo de pruebas, es inadmisible, e insultante,  para las miles de personas, que están preparando una oposición, o tiene en proyecto hacerlo, con unas ofertas de empleo irrisorias.
Una vez aprobada la ley de Reordenación, colectivos de funcionarios, han ido interponiendo diferentes recursos, basándose en una cuestión de vulneración de derechos fundamentales. Los empleados públicos aquellos que en su día superaron una oposición, son privados progresivamente de sus funciones, debido a las encomiendas de gestión, otorgadas a las entidades instrumentales.
            Por último comentar, que la  auditoria anual de la Cámara de Cuentas, revela y pone de manifiesto que, esta ley del “enchufismo”, no solo redujo la plantilla de la administración paralela de la Junta de Andalucía, sino que la ha aumentado por lo que ni se ha ahorrado dinero público con ella, ni se han agilizado los procesos administrativos, como dijo el gobierno que presidía Griñán.

Termino recogiendo unas frases de un artículo periodístico que dice, lo siguientes “si el  dinero de los recortes se está usando para mantener las empresas públicas aquí en Andalucía, y si realmente esos trabajadores son necesarios, que haya una oferta de empleo público y todos los andaluces puedan optar a esos puestos en igualdad de condiciones”.

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