ENTRADA 1 Macarena Rivera Vélez:

La gobernanza como forma de acción pública.

Significado de la gobernanza como acción de gobierno:

1      - El concepto de gobernanza se centra en nuevas formas de toma de decisiones políticas de los Gobiernos Democráticos, a través de redes de influencias, que acercan las decisiones a la sociedad, participando en dichas redes. Se justifica a través de una teoría de las actuales y futuras difíciles circunstancias sociales, estas especiales circunstancias difíciles necesitan nuevos sistemas de la toma de decisión de los gobiernos que en definitiva tiene como fin acerca las decisiones políticas al pueblo.

2      - La gobernanza se presenta como una nueva forma de políticas públicas, como evolución de las formas de acción pública, que pasa por la adopción de formas de coordinación a distintos niveles (entre sociedad y Estado),   como la mejor forma para la elaboración de las políticas del gobierno, como respuesta ante la “complejidad de los escenarios”, la diversidad de los actores y grupos sociales, y a la agregada demandas sociales, etc.

           - Desde una perspectiva social el concepto de gobernanza, busca una idea de transcendencia, de dilema, de preocupación de la sociedad, sobre lo “importante” de entender y discutir este término, puesto que deduce que es el camino al que deben tender las democracias, para la mejor solución de los problemas del gobierno.

4       - Las redes de políticas necesarias para la implantación de la gobernanza, las presenta como la materialización en la cual se dan la convergencia entre Estado y Sociedad, que se basan en la interacción de organizaciones  interdependientes, dando a dichas redes una entidad propia donde se reconocen espacios de poder de intereses particulares para influir en los resultados de la política, para alcanzar los fines e interese que le son “propios” las llamadas “formas particulares de provisión de servicios”, en un estatus de igualdad entre lo privado y lo público.

     -Las ventajas que aportan los mecanismos intrínsecos de la gobernanza, justificada como se ha dicho en el interés social, son tan buenas que incluso justifican la participación de fuerzas sociales ajenas a la voluntad Democrática,  en las decisiones del gasto público.

La realidad social no justifica la gobernanza

Que el desarrollo social, y la diversidad humana, en todos sus aspectos, es cada día más complejo no es un descubrimiento, pero tampoco puede por ello utilizarse para dar justificaciones de cómo la gobernanza es un mejor sistema de gobierno que los sistemas democráticos. Vivimos evidentemente en una sociedad muy compleja, cuyas característica principal se basa en el respeto de los principios constitucionales y democráticos, que en sus últimas consecuencias nos permite a todos elegir libremente un gobierno para que realice una más justa la distribución de los presupuestos generales, y conserve el Estado del Bienestar (tan debatido ahora con la crisis mundial).

Por otra parte no existe un debate social sobre la gobernanza, que varios autores tengan hechos estudios sobre las distintas formas de la gobernanza, no significa que sea una cuestión de relevancia para nuestra sociedad, ni tampoco dichos estudios han tenido un eco periodístico relevante, para considerar que es una forma evolutiva más avanzada que los actuales gobiernos democráticos, como se defiende.

Los actores intervinientes en esta gobernanza

La gobernanza se basa en un diálogo de igual a igual entre Gobierno y sociedad civil, los llamados: actores sociales, actores privados, grupos sociales, grupos de interés, sector privado, interorganizaciones, organizaciones interdependientes, etc. No se refiere a las organizaciones no gubernamentales, tampoco a los movimientos sociales marginales como los Ocupas, los Indignados, tampoco se refiere a los Comités de expertos o los Comités asesores de los gobiernos. Quienes son esos actores que desean hablar de tú a tú al gobierno democrático para alcanzar soluciones a los problemas comunes, mi respuesta es simple: los grandes grupos de presión económica, que además de marcar las pautas internacionales de las políticas, pretenden ahora influir en las decisiones de las políticas domesticas, buscando nuevas redes de influencia a nivel nacional, regional y local.

¿Cuáles son los intereses que defienden?

En relación a las soluciones de interés mutuo, a los problemas complejos, etc., destacar que no se habla de intereses sociales, de fines  democráticos, del bienestar común, o de cualquier avance hacia una sociedad más justa, nada dice sobre esto, puesto que lo que oculta son intereses particulares y partidistas de sectores económicos capitalistas.

¿Es realmente la gobernanza una forma de acción del Gobierno?

Las redes de políticas de influencia, son los encuentros donde esas influencias económicas desean imponer válidamente su forma de gobierno compartido, de  igual a igual, superando el obstáculo democrático de la representación, que no hace falta porque sus resultados son mucho más beneficiosos.

Evidentemente una cosa es reconocer que la influencia de los grupos con poderes económicos es un hecho que se da en todos los Gobiernos incluso en los democráticos, y otra muy distinta es darle naturaleza de configuración, a través de la gobernanza, en supuestas unas nuevas formas de Gobierno más avanzadas (a través de esas redes),  permitiendo de esta forma la toma de decisiones en el gasto público, los intereses particulares de aquellos poderes económicos.

No comparto las ideas que encierran la gobernanza ni su supuesta bondad, ni que se trate de una nueva forma más avanzada de acción de gobierno, al que deben tender las sociedades democráticas, pues en realidad, no solo no es una evolución hacia formas de gobierno más avanzada, sino que representa retroceder a los tiempos al Despotismo Ilustrado: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”, de la oligarquía estamental actual.

Conclusión:

La gobernanza es pues una forma de influir directamente en toma de decisiones de los distintos gobiernos democráticos (nacionales, regionales y locales), mediante fuerzas supuestamente sociales (siempre serán fuerzas económicas en los distintos niveles), que defienden sus intereses particulares, en contra de los interés generales defendidos por los representantes democráticos. La supuesta bonanza de esta toma de decisión, no solo supera los obstáculos democráticos, ya indicados, sino que deja sin determinación, cono se constituyen las redes de influencias, quienes son los agentes sociales adecuados, cual es el procedimiento para determinar la representación social, cuales son los tomas de decisiones que pueden actuar, la temporalidad, los límites, etc., todo ello se deja en el aire se busca otras influencias y otros beneficios distintos a los predicados.

Por muy compleja que sea la sociedad, y la actual crisis económica es una prueba de ello, los Gobiernos democráticas tienen las herramientas necesarias para buscar las mejores soluciones (en nuestro caso han pasado por elecciones generales), sin tener que acudir a un sistema al margen del Estado de Derecho.

El artículo 9 de nuestra Carta Magna configura la vinculación de los poderes públicos al Estado de Derecho, dice:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Por lo tanto la legitimación de los gobiernos democráticos no es un obstáculo a superar, sino la garantía del respeto a los principios Constitucionales, las libertades públicas y el Estado de Derecho, que en sus últimas consecuencias busca una sociedad más justa y equilibrada.