- · El sueldo de los empleados públicos queda congelado por cuarto año.
- · La pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010 ronda el 15%
- · Los últimos presupuestos de la austeridad
Protesta funcionarios en Madrid. / EL PAÍS
Los empleados públicos volverán a soportar en sus nóminas parte del ajuste
que el Gobierno tiene que realizar en las cuentas públicas el próximo año. El
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicó ayer a los
sindicatos de funcionarios que volverá a congelar por cuarto año consecutivo el
sueldo de todos los trabajadores públicos (funcionarios, personal laboral,
interinos y eventuales) en los Presupuestos de 2014 que hoy se presentan en el
consejo de ministros. La congelación del sueldo de los funcionarios supone una
nueva pérdida de poder adquisitivo que se suma a la que sufren asalariados
privados y pensionistas en un proceso de devaluación interna que el Gobierno
está aplicando como receta frente a la crisis.
Evolución del salario
de los funcionarios y de la inflación.
Los funcionarios acumulan recortes en sus salarios y en sus derechos desde
que estalló en 2010 la crisis de la deuda en los países periféricos e impactó
de lleno sobre España. En aquel año, el anterior Gobierno socialista comenzó la
oleada de recortes y rebajó un 5% de media el salario base de los empleados
públicos. Desde entonces las nóminas de los trabajadores al servicio de la
Administración no se han actualizado al ritmo del IPC por lo que han perdido
poder adquisitivo.
El aumento de los precios entre 2010 y 2013 ha sido del 7,3%. Si a esto se
añade el IPC previsto para el próximo año, en el 1,5%, y la bajada salarial de
2010, el poder adquisitivo de los empleados públicos ha caído en torno al 15%
desde 2010. Aunque la pérdida real es mayor porque en este periodo han subido
todos los impuestos (retenciones de IRPF y tipos de IVA) y el dinero que les
queda para gastar a final de mes se ha reducido sensiblemente. El cálculo de
los sindicatos varía entre el 20% que estima UGT y el 30% de pérdida que defiende
CSIF.
A esta merma en la remuneración se une la supresión de la paga extra de
diciembre del año pasado, equivalente a una rebaja del 7%. El Gobierno la
suspendió bajo el compromiso de devolverla a partir de 2015 mediante una
transferencia en el fondo de pensiones siempre que la economía lo permita. Pero
las organizaciones sindicales han llevado a los tribunales esta medida porque
creen que afecta a derechos ya devengados.
El Ministerio de Hacienda aseguró ayer en un comunicado que “en materia
retributiva, los empleados públicos mantendrán sus retribuciones en 2014.
Además, tal y como había adelantado el presidente del Gobierno, se mantendrá el
cobro de las dos pagas extraordinarias en 2014”.
La medida afectará a los 2.843.200 asalariados del Estado, comunidades
autónomas, ayuntamientos, diputaciones y personal del sector público
empresarial puesto que la medida fue anunciada en la Mesa General de
Negociación de la Administración Pública en la que están representadas todas
las administraciones.
Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron que valoraron actualizar las
nóminas por debajo del IPC pero finalmente, justifican, las exigencias de
consolidación de las cuentas públicas les han obligado a congelarlas. El
Gobierno tiene que rebajar el déficit público del 6,5% previsto para este año
al 5,8% para el año que viene que se traduce en un ajuste de unos 7.000
millones.
El coste de pagar el sueldo a los funcionarios de todas las
administraciones públicas fue de 116.087 millones de euros (un 11% del PIB)
durante el año pasado, lo que supuso una rebaja del 6% respecto al año anterior
cuando ascendió a 123.550 millones. La mayor parte de este ahorro procedió de
la supresión de la paga de Navidad aunque también tiene que ver la pérdida de
puestos de trabajo en el sector público, unos 325.000 desde que comenzaron los
grandes recortes en 2010. Solo el año pasado se perdieron 218.900 empleos en
las administraciones, según la estadística registrada en la Encuesta de
Población Activa (EPA). Solo en lo que va de año, la partida de sueldos y
salarios del Estado ascendió a 8.766 millones de euros, lo que supone un
descenso de la masa salarial del conjunto de efectivos del sector público del
2,2% durante los ocho primeros meses de este año respecto al mismo periodo del
ejercicio precedente.
Las principales organizaciones sindicales (UGT, CC OO y CSI-F) censuraron
ayer la medida anunciada por el secretario de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta. Los sindicatos coincidieron en el mensaje al señalar
que si el Gobierno está detectando una mejoría de la situación económica no se
explican la congelación.
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, señaló tras la reunión en Hacienda no
ha habido “ninguna nota positiva”. Borra manifestó ante la prensa: “Esto es la
gota que colma el vaso”. Y agregó: “Si España es cierto que empieza a atisbar
la salida del túnel no puede ser que los empleados públicos seamos los primeros
en sufrir los recortes y seamos los últimos en salir de esta crisis”. Desde
UGT, Julio Lacuerda, se lamentaba de que el Gobierno vendiera como una buena
noticia la congelación. “Eso es porque podría haber sido peor”, admitía al
tiempo que aseguraba que la medida tendrá un impacto negativo en el consumo.
“Un sector de más de 2,5 millones de trabajadores va a seguir viviendo en la
inseguridad y soportando los ajustes”, concluyó.
El responsable de CC OO, Raúl Olmos, advirtió: “Estamos ante una tomadura
de pelo por parte del Gobierno, ante lo que la ley marca como un proceso de
negociación. Vamos a estudiar jurídicamente denunciar al Gobierno por
incumplimiento de la obligación legal de la negociación del proyecto de ley de
los presupuestos y por vulneración, en definitiva, del derecho a la negociación
colectiva”.
La congelación del salario de los funcionarios no es el único revés que han
sufrido los empleados públicos. El Gobierno recortó sus derechos el año pasado
mediante la reducción de los moscosos (de seis a tres) y la supresión de los
canosos (hasta cuatro). Estos son los días de libre disposición y de antigüedad
que gozaban los trabajadores de la administración y que el Gobierno no descarta
negociar junto a otras condiciones laborales en la próxima reforma de la Ley
del Empleado Público.
El Gobierno también
congeló el año pasado el dinero que los funcionarios y el personal laboral
cobraban durante las bajas temporales. Hasta el año pasado, la mayoría de
empleados públicos, cobraban la totalidad de su nómina cuando estaban de baja
independientemente del tiempo en que estuviesen convalecientes. Desde 2012, el
Gobierno estableció que entre el primer día de baja y el tercero, “se podrá
reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 50% por
ciento de las retribuciones”. Entre el cuarto día y el 20, el salario, incluido
el complemento, no podrá superar el 75% de las retribuciones. A partir del día
21 de baja y hasta el 90, se podrá satisfacer la totalidad de las retribuciones
básicas. Además, se permitió a las Administraciones cambiar si es necesario los
convenios colectivos que afecta al personal laboral (unos 690.000 empleados al
servicio de las administraciones). Además, se limitaron las horas de
representación sindical. En total, el Gobierno pretendía ahorrar con todas
estas medidas 6.315 millones.
A la vista de esta publicación, sobra decir que los recursos humanos en la administración pública actual son considerados como un COSTE a minimizar y no como un factor estratégico, pues continua basada en una concepción tradicional, por lo que, en el momento de crisis que vivimos, cuando nuestros políticos piensan en reducir costes la primera partida que recortan es la del capítulo I donde se asignan las retribuciones de personal, en lugar de buscar de donde recortar en otras partidas, que las hay, donde esta reducción se podría realizar sin causar ese perjuicio económico y desmotivación que conlleva para personal que trabaja en la administración realizando un servicio público.
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