Un sindicato denuncia el desvío de tareas de funcionarios a una empresa pública
USIPA pleitea contra
el Gobierno regional por adjudicar a Serpa varios contratos por casi dos
millones de euros y sin convocatoria en el BOPA
Publicación
realizada por: MARÍA ÁNGELES BURGOS CABRILLA
15.10.2013 | 02:18
Oviedo, Juan A. ARDURA El sindicato de empleados públicos USIPA ha denunciado
a la Administración regional por desviar trabajos reservados a funcionarios a
la sociedad pública Serpa. Esta organización sindical ha entablado un pleito
contra el Gobierno regional por adjudicar a esa sociedad del sector autonómico
veinte contratos, por un importe de unos dos millones de euros, sin que mediase
convocatoria pública o publicidad. Esta reclamación judicial forma parte de una
nueva estrategia para defender los puestos de trabajo en la Administración
asturiana, ante los recortes y ajustes de los últimos años.
USIPA formalizó una denuncia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el pasado jueves, a la que ha
tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, en la que se enumeran veinte contratos
encargados a la Sociedad de Servicios del Principado (Serpa) para
"actividades y servicios reservados a funcionarios públicos".
Valoración de expropiaciones, seguimiento de programas financiados con fondos
europeos, apoyo administrativo para agilizar los expedientes del salario
social, gestión de cotos de pesca del Principado, control de programas de
desarrollo rural y evaluación de acciones de formación de los planes de empleo
son la naturaleza de algunos de los trabajos adjudicados a Serpa que, según la
denuncia, entran dentro de los cometidos propios de los funcionarios. El
sindicato basa su reclamación judicial en artículos del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP) y de la ley asturiana de Función Pública donde se
recoge que "el ejercicio de funciones que impliquen participación directa
en la salvaguarda de los intereses generales de la Administración corresponde
exclusivamente a los funcionarios públicos".
USIPA acusa en su denuncia al Gobierno regional de llevar a cabo "una
externalización encubierta de funciones públicas cuyo desenvolvimiento se
detrae de los funcionarios públicos para depositarlas en una sociedad mercantil
cuyo personal, régimen de control de legalidad y económico financiera distan
mucho de ser asimilable al de una Administración pública". La reclamación
judicial, defendida por el letrado Eduardo Rueda, sostiene que
"presuntamente se está produciendo un vaciamiento de las funciones reservadas
a los funcionarios públicos con la consiguiente pérdida de garantía para los
ciudadanos que conlleva la imparcialidad inherente a este tipo de servidores
públicos".
El segundo sindicato con más implantación en las consejerías del Principado
considera que "se está produciendo la creación soterrada de una
Administración pública paralela". También se queja de la opacidad de esas
adjudicaciones. Los encargos al Serpa se realizan y tramitan
"presuntamente de forma secreta", sin otorgar ningún tipo de publicidad
en el BOPA "y careciendo de las más mínima transparencia en los encargos y
en las tarifas que la empresa percibe", indica el sindicato.
José Luis González, coordinador de USIPA, justifica esta denuncia como una
nueva estrategia para evitar la amortización de puestos de funcionarios:
"Los sindicatos tenemos que espabilarnos en la búsqueda de nuevas vías
para defender nuestros derechos. Las manifestaciones no sirven para nada.
Tenemos que pararle los pies a la Administración; por eso animamos a los
trabajadores a que nos hagan llegar cualquier situación que consideren
irregular", esgrimió González.
Contratos en cuestión
-Valoración de expropiaciones en obras de la Junta de Saneamiento: más de
375.000 euros.
-Expedientes de obras hidráulicas: 650.000 euros.
-Control de ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola: más de
100.000 euros.
-Evaluación de acciones formativas: más de 55.000 euros.
FUENTE ORIGINAL: http://www.lne.es/asturias/2013/10/14/sindicato-denuncia-desvio-tareas-funcionarios/1483467.html
Comentario realizado por Jorge González Guzmán.
ResponderEliminarParece ser que, con la actual coyuntura, todo vale. Aprecio un cierto paralelismo al fenómeno denominado "la Huida del Derecho Administrativo", el cual consiste en esa externalización gradual y progresiva de recursos públicos hacia manos privadas.
No es normal que sucedan cosas así en un país cuyo ratio de funcionarios por habitante es de los más bajos de la Unión Europea y, a la postre, se vincule a los mismos con el exceso (yo lo llamaría desaprovechamiento) de empleados públicos.
Resulta paradójico que, con dicha ratio, los funcionarios pierdan una serie de competencias de las cuales son garantes según lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución.
Este tipo de prácticas, aparte de conllevar la pérdida de garantías para los ciudadanos y la ausencia del principio de transparencia en el ejercicio de tareas que por ley están asignadas a funcionarios públicos, pueden acarrear algo más perjudicial aún (si es que cabe), y es la congelación de ofertas de empleo público, ya que con este tipo de actuaciones cada vez son menos las funciones reservadas a funcionarios.
ResponderEliminarLo preocupante es que muy probablemente no sea el único caso ni mucho menos, y quien sabe, lo mismo en vez de velar por los intereses generales estamos ante actuaciones que priorizan ciertos intereses particulares.