NOTICIA PROPUESTA POR: CLARA VEAS PEÑALVER
El Gobierno crea 282 plazas de jueces y magistrados para contribuir a la lucha contra la corrupción
Recursos Humanos RRHH Press. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crean un total de 282 plazas de jueces y magistrados para adecuar la planta judicial a las necesidades actuales existentes en la Administración de Justicia y contribuir a la lucha contra la corrupción.
La asignación de las plazas se ha realizado en sintonía con las necesidades judiciales señaladas por el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia, y de manera coordinada y consensuada con las distintas Comunidades Autónomas, sobre la base de parámetros objetivos previamente definidos.
Estas nuevas plazas serán efectivas desde el 1 de enero de 2015. De ellas, 167 se corresponden con la categoría de juez de adscripción territorial, una figura que contribuye a la agilización de la Justicia y mejora de su calidad al evitar la interinidad en el desempeño de estas funciones, de modo que sean realizadas por miembros de la carrera judicial.
El resto, 112 plazas más, tienen por objeto aumentar los efectivos en distintos órganos colegiados: 108 pertenecen a distintas Audiencias Provinciales, dos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otras dos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De este modo, se refuerza la actuación de jueces y magistrados en el orden penal, y en concreto, su lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de la que la justicia sea cada vez más rápida y eficaz.
Además, se crean y constituyen tres nuevos Juzgados de lo Penal en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa, que contribuirán a ofrecer, así, mecanismos de respuesta ágil a las reclamaciones que a diario se resuelven en los Tribunales de Justicia y que más preocupación generan en la opinión pública.
Gracias a la posibilidad ofrecida por la reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 2012, las nuevas plazas en las Audiencias Provinciales (108) se podrán distribuir en secciones de cinco o más magistrados, lo que contribuirá a la celebración de más juicios, a reducir los tiempos de espera y facilitar la unificación de criterios. La creación de estas plazas fomentará, además, la promoción profesional y la movilidad dentro de la carrera judicial.
La creación de 167 plazas de juez de adscripción territorial ofrece gran flexibilidad a la hora de cubrir ausencias y vacantes en los órganos judiciales de manera profesionalizada. Además, permitirá la colaboración con aquellos tribunales que, en un momento dado, puedan encontrarse sobrecargados o necesitados de una especial medida de refuerzo.
Además de estas plazas, se crean dos más de magistrado para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que responde a las medidas de lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de que la justicia sea cada vez más rápida, diligente y eficaz, especialmente en esta sede judicial, órgano encargado de la instrucción y enjuiciamiento de delitos de especial gravedad relacionados con la corrupción.
El Real Decreto supone la mayor creación de plazas judiciales de los últimos veinticinco años. Se trata de una decisión sin precedentes cercanos. Hay que remontarse a 1989 para encontrar una creación de plazas similar, cuando se constituyeron 303 unidades judiciales, si bien la razón estuvo en el despliegue de los Juzgados de lo Penal y 221 de las 303 unidades fueron Juzgados de lo Penal de nueva creación.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia pretende, en fechas próximas, elevar al Consejo de Ministros una medida similar en orden a la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, de tal manera que se intensifiquen los mecanismos de control que garanticen una pronta respuesta ante esta lacra de la corrupción. Además, el Ministerio ultima los detalles del Anteproyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará los procesos penales.
Criterios para el cálculo de las plazas asignadas
El número de plazas asignadas a cada Comunidad Autónoma se ha establecido teniendo en cuenta el índice de litigiosidad y la población de cada una de ellas. Con el visto bueno de las Comunidades Autónomas y del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia ha redactado el texto definitivo de Real Decreto que ha sido hoy aprobado en el Consejo de Ministros.
Enlace a la noticia:
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27254:el-gobierno-crea-282-plazas-de-jueces-y-magistrados-para-contribuir-a-la-lucha-contra-la-corrupcion&catid=98:administracion-publica&Itemid=305
Realizado por: Marta Berrocal Rodríguez.
ResponderEliminarCreo que esta noticia tiene una doble crítica. En mi opinión, es positivo que se amplíe el ámbito de actuación judicial que agilice la justicia y sea más diligente y eficaz, sobre todo en el tema de corrupción, que tan presente tenemos estos días con noticias a diario de casos que salen a la luz y que sólo reflejan la base política resquebrajada que nos sostiene. Con la implantación de estos nuevos puestos de jueces y magistrados, si de verdad se dedican a lo que están anunciando, sería una buena forma de luchar contra la corrupción y controlar mejor todos los casos.
Pero por otro lado, no me parece que sea la medida más primordial para luchar contra la corrupción. Si de verdad se quiere erradicar esos comportamientos corruptos, otras medidas se podrían crear antes, que incluso conllevarían hasta mejores resultados. Medidas que se basen en realizar una legislación más suficiente y adecuada, unas instituciones más fuertes capaces de ejercer la ley y ejercer control y mayor asunción de responsabilidad del Estado.
Que haya más personas que trabajen para impartir justicia en ese tema, podría llevar a una mayor probabilidad de más casos de corrupción, porque esos mismos jueces y magistrados podrían ocultar y desviar los casos que según esta medida se tratarían de evitar. Por tanto, no se garantizaría un mejor control de la corrupción.
Realizado por: Francisco José Rivero Rivas
ResponderEliminarEn relación a esta noticia propuesta por la compañera, es necesario aflorar el verdadero trasfondo que subyace en esta decisión del Gobierno. Se trata de una medida de oportunismo político más que de una medida del Gobierno dirigida a acabar con la corrupción política en sí. Lo que se busca en realidad es dar salida a cientos de jueces que actualmente no tienen destino fijo, y que se encuentran en una penosa situación de precariedad y provisionalidad.
Y es que, hay que hacer saber, que no se crean plazas de jueces (ni fiscales) desde hace 3 años (desde 2011), y que, puesto que las oposiciones se han ido convocando cada año, los jueces de esas últimas promociones, tras años de dura preparación teórica y práctica, se encuentran sin juzgado al que ir, obligados a la interinidad e indefinidos profesional y salarialmente.
En todo caso, se trata de una buena noticia, pero que no es la reacción a la demanda social para que el Gobierno reaccione contra la corrupción, lo que se busca es tratar de arreglar la no acertada política judicial de años anteriores.
Por otro lado, hay que decir también, y en comparación con países fuera de nuestro entorno, que el presupuesto destinado a Justicia y sus RR.HH en nuestro país, es muy bajo en relación a países vecinos. Por si esto fuera poco, como no hablar del verdadero problema del Poder Judicial en España, como es la degeneración del principio de separación de poderes que la Constitución debería salvaguardar. En este sentido, el desarrollo del modelo constitucional del Poder Judicial en las distintas legislaturas democráticas ha hecho que los partidos políticos (de la ideología que sea) hayan tratado de preservar importantes facultades de control sobre quienes tienen el deber de juzgarles. Recordemos la forma de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional por ejemplo. El TC se compone de 12 miembros, 4 a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5 de sus miembros; 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del CGPJ.
Pero la lucha contra la corrupción no es tarea exclusiva del Poder Judicial, es necesario la implicación de los poderes públicos del Estado. Así, por ejemplo ayudarían en gran medida, una reducción del número de aforados en el ámbito político, reforma de las leyes que regulan la contratación pública en aras de una mayor transparencia, revisión del Código Penal para sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos, el incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria, en la lucha contra el fraude fiscal, etc.