Reticencias a la apertura de expedientes
disciplinarios en la Administración.
Diferentes exposiciones de
los compañeros han puesto de relieve las distintas carencias que perciben en la
Administración Pública. Estoy de acuerdo en algunas de ellas, sobre todo en lo
que hace referencia a la falta de preparación y motivación del funcionario
público en sus funciones, así como en los casos de corrupción o en los
múltiples cambios de denominación de los órganos que conforman la
Administración, con el correspondiente gasto de dinero público y la
incertidumbre que puede provocar.
Desde mi punto de vista, la
actuación y actitud inadecuada del empleado público en sus funciones es unos de
los problemas más profundos que incide en el funcionamiento de la
Administración Pública. Aunque en realidad, creo que el verdadero problema no
está en dicha actuación y actitud inadecuada, sino más bien en la poca repercusión
que todo ello tiene en forma de sanción. Existe un Régimen Disciplinario en el que
se regulan toda clase de actos irregulares que puede cometer un funcionario en
su ámbito profesional, tales como el bajo rendimiento, la ausencia en el puesto
de trabajo injustificado, el trato inapropiado al usuario, etc., pero el hecho
de que los responsables no pongan en marcha los mecanismos previstos para
obligar al empleado público a rendir de manera adecuada, hace que se acomoden,
colocándolos en una posición privilegiada, y como consecuencia, lleguen a esa
actuación y actitud improcedente.
Como resultado final de todo
lo anterior tenemos a una Administración mejorable y a unos usuarios con una
perspectiva negativa de la función pública, debido a la reticencia que existe
en la administración a la apertura de expedientes disciplinarios, quedándose en
su gran mayoría en un simple apercibimiento, que muchas veces no llega a
realizarse de forma personal e individualizada sino en conjunto a todos los
componentes de la unidad.
Otro punto de inflexión es la
estructura de la Administración Pública en lo referente a los Altos Cargos.
Suelen ser personas nombradas políticamente, o “a dedo”, y los mismos no suelen
respetar la forma de trabajar que hasta el momento de su nombramiento estaba
instaurado, con el consiguiente quebradero de cabeza para los funcionarios,
además del desconocimiento de la materia que tienen que tratar. Creo que lo más
adecuado para esos puestos sería que lo ocupasen funcionarios de carrera con
una dilatada experiencia en la Administración Pública. De esta manera los
responsables de esos puestos tendrían el conocimiento y la conciencia adecuada
para el correcto funcionamiento de los distintos procedimientos que desarrolla
la Administración Pública, además de ganar en seguridad administrativa al ser
cargos de larga duración. Al mismo tiempo con ello se ahorraría en gastos, ya
que habría una nómina importante menos, y se ganaría en agilidad a la hora de
dar impulso a los distintos expedientes en trámite.
Para
concluir, incidir en la idea de que el esfuerzo y la capacidad del trabajador
público debe de ser apropiado para alcanzar un nivel de ejecución adecuado y
aceptable, y si esto no fuera así, deben ser sancionados, así evitaríamos la
mala prensa del funcionariado, el malestar entre compañeros y conseguiríamos la
buena marcha de la organización ya que redundaría en el logro de una mayor
eficiencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.