Realizado por Yolanda
González Rojas
Interventores, dineros,
corrupción…
Proliferan
los catálogos de medidas contra la corrupción, asunto que en este blog se ha
tratado por plumas acreditadas (Leopoldo Tolivar entre ellas, recientemente) y el debate en los medios de comunicación es sonoro. La
amenaza del Código penal, de incorporación al
mismo de condenas más dilatadas, la creación de plazas de jueces, … todo
esto forma parte del prontuario al uso. Un repertorio que pretende asustar a
los trapaceros y socaliñeros pero que solo son eficaces una vez que éstos ya
han cometido sus trapazas y socaliñas.
No:
de lo que se trata es de evitarlas. Y el ordenamiento jurídico, si quiere de
verdad ostentar la seriedad adecuada, debe disponer de medios para ello. Hoy quiero evocar las funciones
imprescindibles de control del gasto atribuidas fundamentalmente a los
interventores (y
tesoreros o figura similar) en el Estado, en las Comunidades autónomas y en las
corporaciones locales.
Todos estamos de acuerdo: las personas a quienes
se confían estas tareas han de poseer la titulación adecuada y haber sido
seleccionadas en pruebas públicas que acrediten el mérito y la capacidad.
Pero
no bastan estos requisitos. Es asimismo imprescindible que las retribuciones de
estos funcionarios y su carrera administrativa se hallen libres de la
ingerencia política. Libres quiere decir libres, es decir, que por ninguna
causa puedan meter la mano en estos delicados achaques ministros, alcaldes o
consejeros. Estas son las auténticas claves. Nos limitaremos a aventar humo mientras no se garantice al
interventor o al tesorero que su sueldo está perfectamente reglado y que no
puede estirarse o alargarse según el capricho de preboste alguno por mucha vara
que empuñe.
La realidad, ay, circula justo en la dirección
contraria. Y ahí está como infamante testimonio la “libre designación”, el
sistema habitual de provisión de puestos de trabajo que tanto complace a quien
manda. Se trata, bien lo sabemos, de un mecanismo que echa por tierra todas las
cautelas que pretendan asegurar la neutralidad e imparcialidad de los
funcionarios públicos.
Los especialistas llevamos años denunciándolo y
ahora incluso los escritores se caen del guindo y arremeten contra estas
prácticas como es el caso de mi admirado Antonio Muñoz Molina (grandísimo
narrador) en su libro “Todo lo que era sólido”. Entre los administrativistas la
crítica ha sido temprana y constante: desde Alejandro Nieto hasta Jesús
Fuentetaja por citar a dos autores de generaciones muy distantes.
Y esa práctica no ha hecho más que desarrollarse
y expandirse, como un tumor rebelde y dictatorial, en los últimos veinticinco
años. ¿Extraña que, cuando se abaten los controles atribuidos a funcionarios
competentes, sea más fácil atropellar la decencia y el decoro en el manejo del
dinero de todos?
Causa tristeza pero resulta obligado derramar también una lágrima
-lágrima de desesperanza- sobre el Tribunal Constitucional que no ha sabido
aplicar al alegre legislador la medicina de la contención y ahí está la desgraciada sentencia 235/2000 de 5
de octubre (referida precisamente a funcionarios locales con habilitación de
carácter nacional) para corroborarlo.
Si a todo ello añadiéramos unos Tribunales de Cuentas
independientes evitaríamos ya definitivamente la efusión de más lágrimas. He
defendido (junto a Mercedes Fuertes en las páginas del diario El Mundo) que
debería instaurarse un procedimiento iniciado con una convocatoria pública a la
que acudirían, sin las sombras que proyectan partidos u organizaciones
sindicales, los profesionales que libremente desearan acceder como directivos a
estos tribunales y -claro es- reunieran los requisitos pertinentes. A partir de
ahí, tras comprobar de forma rigurosa, trayectorias y méritos alegados, se
confeccionaría la lista definitiva de los candidatos, que serviría para
realizar entre ellos un sorteo: garantizada la idoneidad de todos los
candidatos, es indiferente la persona concreta que sea designada.
Y el azar le proporciona la ventaja de poder
ejercer su función en perfectas condiciones de independencia y por tanto libre
de compromiso adquirido -explícito o implícito- con “dedo” alguno. Sustituyendo
la elección por el sorteo, hacer la astrología de las decisiones de estos
órganos, en función del origen de cada persona que interviene en una votación,
se haría prácticamente imposible.
En fin, quien termina un mandato determinado por
el azar vuelve con humildad de fraile recoleto a su puesto de trabajo y
destierra futuras ambiciones.
¿Quién se apunta?
Francisco Sosa Wagner es
Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Fue Decano de
la Facultad de Derecho de León (1996 - 2000). Es jurista de reconocido
prestigio que ha publicado innumerables obras de referencia.
A la pregunta del autor del artículo he de decir que yo me apunto a un sistema que de verdad sea independiente y que funcione, como hasta la fecha no ha sucedido.
ResponderEliminarLa mejor medicina es la que previene, no la que cura.
La corrupción es una enfermedad que ha invadido todos los órganos de nuestro sistema administrativo, y precisamente la causa ha estado ahí, en que no se ha prevenido.
La única forma de impedir que un sistema caiga en un estado de corrupción como el que ha invadido todos los estamentos de nuestro País, es adoptando fórmulas que cambien la forma de pensar de los ciudadanos. Esta prevención de la situación, es anterior a toda formación académica y al desempeño de las mismas, tanto en el campo administrativo como en cualquier ámbito de la vida laboral y social.
El ámbito de la intervención pública es sumamente delicado, pues el garante de que los fondos públicos son destinados al fin concreto para el que se aprobó su gasto, sin tener en cuenta opiniones ni caprichos de los políticos de turno.
Partiendo de la base de la preparación técnica de quien desempeñe las funciones, estas deben ser llevadas a cabo, como bien dice el autor, por personas absolutamente independientes. Si estamos de acuerdo en esto, el procedimiento para mi es lo de menos.
Hay otra cuestión importante y que no podemos pasar por alto, nadie que se ha lucrado, hasta el día de hoy, ha sido condenado a devolver lo que se ha llevado, ni a resarcir al erario público de los beneficios obtenidos por haber favorecido a terceras personas con las decisiones que en un momento haya podido adoptar. Es decir, hay una impunidad absoluta con los delitos de corrupción.
Vemos todos los días en la prensa publicaciones de casos de corrupción, y entonces nos preguntamos ¿no han funcionada los mecanismos de control?, aunque deberíamos preguntarnos, ¿Por qué no han querido que funcionen?
Cuando un puesto de trabajo depende de una decisión que puede parecer arbitraria, pero que la mayoría de las veces enmascara una afinidad política, no se puede creer que exista independencia.
Estoy de acuerdo con el autor que debería de existir un procedimiento donde los “elegidos” fueran los más preparados y que solo se deban a su trabajo, sin tener en cuenta las opiniones de los superiores.
Por tanto, desde mi punto de vista, la recuperación de nuestro sistema exige un planteamiento a largo plazo en el que hay que empezar por la recuperación de valores en todos los estratos sociales.
Al mismo tiempo y en el corto plazo, hay que cambiar el sistema de designación y control de gran parte de los organismos público y basarlos en los principios de preparación, igualdad de oportunidades e imparcialidad en la toma de decisiones.