Reflexión personal realizada
por Mª Carmen Aranda Vergara.
Dos son los elementos que se
han ubicado como base de del sistema de recompensas y sanciones: la valoración
de los puestos de trabajo y la evaluación de la efectividad o valoración del
rendimiento.
En el primero de los casos
lo que se mide es el valor del puesto de trabajo y sirve para establecer los niveles
salariales, en cambio, en el segundo de los casos lo que se mide es el
desempeño alcanzado por el individuo en su puesto de trabajo. Es en este
segundo supuesto donde nos vamos a centrar ya que se supone que según la evaluación
del rendimiento tendremos una serie de recompensas como mejoras retributivas,
promociones, remociones, más flexibilidad en la realización del trabajo, etc.
Todo esto en la teoría queda muy bonito pero, ¿cuál es la
realidad?, pues que cumplas o no los requisitos para obtener dichas recompensas
los resultados son los mismo: congelación del salario, eliminación de la paga
extra, bajada del 10% del sueldo, menos días de moscosos….Entonces, a mi
parecer, esto lleva a una gran desmotivación del empleado público ya que haga
lo que haga va a obtener los mismos malos resultados y, al final, quien lo paga
es los ciudadanos de a pie que van a la Administración a que le presten
cualquier tipo de servicio.
¿Cuál es una de las consecuencias de lo expuesto? Pues que algunos
de los funcionarios, que normalmente son los mejores, deciden abandonar el
sector público para hacer frente a una nueva carrera profesional en el sector
privado. Se marchan porque no cuentan con incentivos para continuar en la Administración, salvo el empleo fijo.
Menores salarios y ausencia de prestigio social es la recompensa. Y, en mi opinión,
sin ideas y sin funcionarios que
conozcan bien lo que pasa en el sector público es difícil salir de esta situación de
crisis en la que nos encontramos.
Tener buenos funcionarios es una inversión, no un gasto. No se
trata de subir el sueldo a los funcionarios para que vivan mejor, sino para que
sirvan con mayor acierto a los ciudadanos. Si
los políticos ocupan puestos, que deberían desempeñar funcionarios
cualificados, no se solucionará el problema y, así nos va.
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