Reflexión personal de: Ramón
Sánchez Rendón
Cuando he visto la noticia
publicada por mi compañera Macarena Rivera, “La mitad del presupuesto de Canal Sur para 2014 irá destinado a costes
de personal” (Fuente:
http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/empresas/noticias/5268815/10/13/RTVA-tendra-en-2014-un-presupuesto-de-163-millones-y-un-deficit-de-22-millones.html#Kku8Damele5EvEXZ)
he sentido la tentación inmediata de comentarla. Sobre todo porque hace días
publiqué otra relacionada, en la que el Director del Ente declaraba que no se
produciría ningún ERE en Canal Sur, aunque sí recortes (Fuente:
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1679370/director/canal/sur/rechaza/ere/pese/habra/ajustes.html).
Tenía la intención de realizar un comentario, pero he ahí que, cuando me decidí
a hacerlo, me resultaba demasiado extenso. Y cambiando de idea, me propuse
realizar una exposición un tanto más elaborada.
“La mitad del presupuesto de Canal
Sur para 2014 irá destinado a costes de personal”. ¡Es increíble! Este
es un mal endémico de la Administración Pública. Es inviable para cualquier
organización que la mitad de su presupuesto se invierta en sueldos de los
empleados. ¿Dónde ha quedado la racionalización de la Administración?
En los tiempos que corren no nos
podemos permitir el lujo de este tremendo derroche. Pero es más, ¿nos lo
podemos permitir, o debemos consentir que esto suceda aún cuando no estemos en
crisis? La respuesta es clara, no.
Como ya he apuntado, ninguna
empresa u organización en general se puede permitir el hecho de consumir la
mitad de su presupuesto en sueldos. Está claro que en cualquier empresa privada
se realiza un ajuste adecuado de la plantilla. Estas dependen de sus ingresos,
ese es su presupuesto. Pero el Canal Sur no depende de “ingresos por ventas”,
“ingresos por inversiones”, etc; sino que tiene la tranquilidad de poder
surtirse de las subvenciones y asignaciones presupuestarias públicas.
En general, cuando hablamos de la
Administración Pública, como es este caso, ya que se trata de una empresa pública, sustentada con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
Andaluza; no nos queda más remedio que preguntarnos dónde queda ese estudio
pormenorizado cuando hablamos de los “Planes de Empleo”. La normativa vigente y
el propio Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su exposición de
motivos hablan de la reorganización del empleo público, de la reforma del
empleo público, de la gestión del empleo público, (palabras, palabras,
palabras,….) y sobre todo cuando el propio EBEP habla de “adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las
necesidades de nuestro tiempo,…”. ¡Señores! ¡Nuestro tiempo es bastante
malo, en cuanto a economía se refiere! No hay más que mirar nuestro entorno. Desde
hace unos años, afinando un poco, desde el año 2007, estamos observando una
reducción severa en las plantillas de las empresas, a través de despidos, expedientes
de regulación (ERE’s), bajas incentivadas, jubilaciones anticipadas
(prejubilaciones), etc. Evidentemente, este es el recurso fácil en las empresas
para solventar el problema de la disminución de los márgenes y los resultados.
No es cuestión por tanto de obsesionarnos con una reducción de plantilla como
solución única, no. Pero sí de plantearnos el hecho de que la Administración
Pública debe adaptarse de igual forma a los tiempos que corren.
Por eso recordaba la noticia
publicada por mí, la de la negativa al ERE, por parte de la Dirección de Canal
Sur. Si releemos dicha noticia, vemos que no sólo rechazaban esta posibilidad,
sino que incluso, era el único ente de la Administración Andaluza que no había realizado
hasta la fecha ningún tipo de recorte en los sueldos de sus trabajadores como
consecuencia de los ajustes impuestos por los Gobiernos central y autonómico
para paliar el déficit (el famoso recorte del 5% en los salarios de los
empleados públicos). Es decir, que mientras el resto de mortales, tanto
empleados públicos como trabajadores del sector privado, se “ajustan el
cinturón”, existe un conjunto de “privilegiados” ajenos a la situación
económica actual.
Pero al margen de este hecho
concreto del Canal Sur, ¿están sobredimensionadas las plantillas de la
Administración Pública en general? Y ¿por qué no se puede reducir el tamaño de
dichas plantillas?
A la primera pregunta, tengo que
contestar en mi humilde opinión que sí. Las plantillas de la Administración
Pública son demasiado extensas. Como se suele decir vulgarmente: “sobra
personal”. La Administración no se siente capaz de abordar este problema.
Parece que hay miedo en reordenar la
Función Pública.
Ya comenté en su momento que
quizás no sea necesario el despido de los funcionarios, pero sí la
reorganización de los efectivos. Más aún cuando constantemente, con los cambios
de gobierno, se modifican las estructuras ministeriales del Estado y
consejerías en las administraciones autonómicas; con movimientos de las
competencias desde unos órganos a otros. Es en estos casos cuando se hace
necesaria dicha reorganización.
Sin embargo, en el caso concreto
de las empresas públicas y demás entes públicos, como es Canal Sur; opino que
es más necesaria todavía esta reorganización, y una seria reestructuración de
las plantillas. Es adecuado plantearse la necesidad de seguir o no manteniendo
estos servicios. La dirección de Canal Sur afirma que todo su gasto
presupuestario está justificado en el sentido que “tienen que garantizar un
servicio de calidad”. Quieren competir con las cadenas privadas. Y ahí la
pregunta ¿Es necesario que paguemos entre todos los andaluces un servicio
público, que no es de primera necesidad y tremendamente deficitario? Si
estuviéramos hablando de un hospital o un centro educativo, todos
responderíamos que sí es necesario su mantenimiento. Pero una televisión… a mí
me surgen dudas.
Dicho esto, es fácil pensar que
como yo soy funcionario, estoy haciendo una discriminación, al defender la
permanencia de los funcionarios de carrera, mientras pongo en duda la necesidad
del resto de empleados. Pero mi opinión, con el riesgo de la crítica de mis
propios compañeros, es que incluso los funcionarios han de estar sometidos a la
regulación según las necesidades. Es decir, que si una función ya no se va a
desarrollar por la Administración Pública y se ve relegada a la gestión por
empresas privadas, habría que plantearse qué hacer con los funcionarios
afectados, porque si la reasignación es hacia aquellos servicios públicos que
todavía queden operativos (que siga gestionando la Administración Pública),
llegará el momento en que haya muchos funcionarios y pocos puestos de trabajo
“reales”, pocos departamentos. Entonces estaremos ante una Administración
Pública sobre-sobredimensionada.
Ramón Sánchez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.