martes, 14 de enero de 2014

¿Sobra personal en la Administración Pública?

Reflexión personal de: Ramón Sánchez Rendón


     Cuando he visto la noticia publicada por mi compañera Macarena Rivera, “La mitad del presupuesto de Canal Sur para 2014 irá destinado a costes de personal” (Fuente:
  http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/empresas/noticias/5268815/10/13/RTVA-tendra-en-2014-un-presupuesto-de-163-millones-y-un-deficit-de-22-millones.html#Kku8Damele5EvEXZ) he sentido la tentación inmediata de comentarla. Sobre todo porque hace días publiqué otra relacionada, en la que el Director del Ente declaraba que no se produciría ningún ERE en Canal Sur, aunque sí recortes (Fuente: 
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1679370/director/canal/sur/rechaza/ere/pese/habra/ajustes.html). Tenía la intención de realizar un comentario, pero he ahí que, cuando me decidí a hacerlo, me resultaba demasiado extenso. Y cambiando de idea, me propuse realizar una exposición un tanto más elaborada.

     “La mitad del presupuesto de Canal Sur para 2014 irá destinado a costes de personal”. ¡Es increíble! Este es un mal endémico de la Administración Pública. Es inviable para cualquier organización que la mitad de su presupuesto se invierta en sueldos de los empleados. ¿Dónde ha quedado la racionalización de la Administración?

     En los tiempos que corren no nos podemos permitir el lujo de este tremendo derroche. Pero es más, ¿nos lo podemos permitir, o debemos consentir que esto suceda aún cuando no estemos en crisis? La respuesta es clara, no.

     Como ya he apuntado, ninguna empresa u organización en general se puede permitir el hecho de consumir la mitad de su presupuesto en sueldos. Está claro que en cualquier empresa privada se realiza un ajuste adecuado de la plantilla. Estas dependen de sus ingresos, ese es su presupuesto. Pero el Canal Sur no depende de “ingresos por ventas”, “ingresos por inversiones”, etc; sino que tiene la tranquilidad de poder surtirse de las subvenciones y asignaciones presupuestarias públicas.

     En general, cuando hablamos de la Administración Pública, como es este caso, ya que se trata de una empresa pública, sustentada con fondos públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza; no nos queda más remedio que preguntarnos dónde queda ese estudio pormenorizado cuando hablamos de los “Planes de Empleo”. La normativa vigente y el propio Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su exposición de motivos hablan de la reorganización del empleo público, de la reforma del empleo público, de la gestión del empleo público, (palabras, palabras, palabras,….) y sobre todo cuando el propio EBEP habla de “adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las necesidades de nuestro tiempo,…”. ¡Señores! ¡Nuestro tiempo es bastante malo, en cuanto a economía se refiere! No hay más que mirar nuestro entorno. Desde hace unos años, afinando un poco, desde el año 2007, estamos observando una reducción severa en las plantillas de las empresas, a través de despidos, expedientes de regulación (ERE’s), bajas incentivadas, jubilaciones anticipadas (prejubilaciones), etc. Evidentemente, este es el recurso fácil en las empresas para solventar el problema de la disminución de los márgenes y los resultados. No es cuestión por tanto de obsesionarnos con una reducción de plantilla como solución única, no. Pero sí de plantearnos el hecho de que la Administración Pública debe adaptarse de igual forma a los tiempos que corren.

     Por eso recordaba la noticia publicada por mí, la de la negativa al ERE, por parte de la Dirección de Canal Sur. Si releemos dicha noticia, vemos que no sólo rechazaban esta posibilidad, sino que incluso, era el único ente de la Administración Andaluza que no había realizado hasta la fecha ningún tipo de recorte en los sueldos de sus trabajadores como consecuencia de los ajustes impuestos por los Gobiernos central y autonómico para paliar el déficit (el famoso recorte del 5% en los salarios de los empleados públicos). Es decir, que mientras el resto de mortales, tanto empleados públicos como trabajadores del sector privado, se “ajustan el cinturón”, existe un conjunto de “privilegiados” ajenos a la situación económica actual.

     Pero al margen de este hecho concreto del Canal Sur, ¿están sobredimensionadas las plantillas de la Administración Pública en general? Y ¿por qué no se puede reducir el tamaño de dichas plantillas?

     A la primera pregunta, tengo que contestar en mi humilde opinión que sí. Las plantillas de la Administración Pública son demasiado extensas. Como se suele decir vulgarmente: “sobra personal”. La Administración no se siente capaz de abordar este problema. Parece que hay miedo en reordenar la Función Pública.

     Ya comenté en su momento que quizás no sea necesario el despido de los funcionarios, pero sí la reorganización de los efectivos. Más aún cuando constantemente, con los cambios de gobierno, se modifican las estructuras ministeriales del Estado y consejerías en las administraciones autonómicas; con movimientos de las competencias desde unos órganos a otros. Es en estos casos cuando se hace necesaria dicha reorganización.

     Sin embargo, en el caso concreto de las empresas públicas y demás entes públicos, como es Canal Sur; opino que es más necesaria todavía esta reorganización, y una seria reestructuración de las plantillas. Es adecuado plantearse la necesidad de seguir o no manteniendo estos servicios. La dirección de Canal Sur afirma que todo su gasto presupuestario está justificado en el sentido que “tienen que garantizar un servicio de calidad”. Quieren competir con las cadenas privadas. Y ahí la pregunta ¿Es necesario que paguemos entre todos los andaluces un servicio público, que no es de primera necesidad y tremendamente deficitario? Si estuviéramos hablando de un hospital o un centro educativo, todos responderíamos que sí es necesario su mantenimiento. Pero una televisión… a mí me surgen dudas.

     Dicho esto, es fácil pensar que como yo soy funcionario, estoy haciendo una discriminación, al defender la permanencia de los funcionarios de carrera, mientras pongo en duda la necesidad del resto de empleados. Pero mi opinión, con el riesgo de la crítica de mis propios compañeros, es que incluso los funcionarios han de estar sometidos a la regulación según las necesidades. Es decir, que si una función ya no se va a desarrollar por la Administración Pública y se ve relegada a la gestión por empresas privadas, habría que plantearse qué hacer con los funcionarios afectados, porque si la reasignación es hacia aquellos servicios públicos que todavía queden operativos (que siga gestionando la Administración Pública), llegará el momento en que haya muchos funcionarios y pocos puestos de trabajo “reales”, pocos departamentos. Entonces estaremos ante una Administración Pública sobre-sobredimensionada.

Ramón Sánchez.

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