Con la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz, la Junta ha intentado dar cobertura legal a la irregular gestión de sus recursos humanos. Con ella se "legaliza" la llamada tela de araña andaluza, esa red clientelar de agencias y demás entidades creadas para eludir el derecho administrativo, y se pretenden asimilar en derechos a diferentes tipos de empleados, como son laborales, funcionarios y contratados externos.
Además de ello, es práctica habitual en las diferentes Consejerías de la Junta, contratar personal externo para realizar tareas que según el Estatuto Básico del Empleado Público están reservadas para personal funcionario, ya que son puramente administrativas. Además, estos externos en teoría tienen contratos de consultoría y proyectos que se supone que hacen desde su domicilio, pero la realidad es bien distinta ya que ocupan puestos en las diferentes sedes oficiales de la Junta. Y para colmo, este tipo de personal goza de un gran favoritismo por parte del personal directivo, ya que al no tener el carácter de inamovible de los funcionarios son fácilmente manipulables con la amenza del despido. Esto contraviene todas las normas administrativas, ya que ese carácter de inamovilidad del personal funcionario es el que le confiere su independencia por ejemplo a la hora de escribir un informe, otorgar una licencia, etc.
Estoy totalmente de acuerdo con este comentario, ya que refleja lo que es actualmente la administración de la Junta de Andalucía. Pienso que se debería ser regulado la por Administración General del Estado.
ResponderEliminarHombre, yo no diría tanto, es verdad que puede dar esa impresión que manifiestas en la reflexión, pero sin duda esa visión es producto en parte del miedo del funcionario al verse junto con otros colectivos de empleados en la misma sede, bajo un mismo techo, miedo porque han visto en esa reordenación del sector público, por un lado una privatización del sector público, pues se hablaba de que el personal funcionario que se adscribiera a un tipo de Agencia, no recuerdo si las EPEs (Entidades públicas Empresariales) o las ARE (Agencia de Régimen Especial), dejarían de estar vinculados con la Administración pasando a una situación de excedencia, viendo así amenazada esta estabilidad de la que se habla del funcionario, y por otro lado miedo porque han entendido que el personal de las empresas públicas al pasar a las nuevas Agencias iba a ser una puerta abierta para que este colectivo accediera a la función pública de forma directa por la puerta de atrás.
ResponderEliminarLo cierto es que la Ley 1/2011, de Reordenación del sector público andaluz, en ningún momento manifiesta ningún cambio en la condición laboral de los trabajadores de las empresas públicas al pasar a estas Agencias, ni tampoco se obliga a que el funcionario pierda su condición, sino que deja tal situación a elección voluntaria de este.
Es verdad que todo esto de la Reordenación del Sector Público ha tomado unos derroteros no deseados por nadie, aunque no hay que olvidar que esta reordenación ya se imponía por el Estado en la LOFAGE, donde se crean las Agencias, y en base a ello también ha sido implantada esta reordenación del sector público en otras comunidades autónomas como Galicia por ejemplo.
En Andalucía entiendo yo, se aborda la reordenación del sector público adaptando la denominación de las entidades instrumentales a esa normativa, y con la intención de reducir las empresas públicas, algo que aparentemente hubiera sido una buena noticia, por cuanto que economizar en servicios públicos en la situación actual sería lo sensato, sin embargo al intentar querer agrupar bajo un mismo paraguas, una misma Entidad, a toda la diversidad de colectivos que trabajan para la Administración ha producido justo el efecto contrario.
Entiendo, que si esa reordenación del sector público se hubiera producido reduciendo las entidades instrumentales, pero sin que ello supusiera unir la diversidad de colectivos que engloba la Administración de la Junta de Andalucía (funcionarios, laborales, contratados de las empresas públicas) hoy en día no se hubiera generado ese malestar que existe entre los funcionarios, motivo por el cual imagino se escribe esta reflexión como consecuencia de un ejemplo de desmotivación del empleado público, sino que estariamos ante un efecto deseado por toda la sociedad.