Fran Ferri explica que el objetivo es aplicar las recomendaciones europeas a las contrataciones de las Administraciones valencianas.
Compromís anunció ayer la presentación en las Cortes de una proposición de Ley de Compras Públicas Éticas y Sostenibles donde plantea la introducción de criterios éticos, sociales y medioambientales en las compras públicas, con un presupuesto superior a 50.000 euros, por parte de la Generalitat, ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones de la Comunidad Valenciana. La medida también sería aplicable, según esta proposición de Compromís, a las entidades, fundaciones, empresas y organismos que dependan de estas Administraciones.
Los criterios que propone Compromís son recomendaciones de la Unión Europea y ya se prevén en más de la mitad de las compras públicas que se realizan en países como Alemania, Austria y Dinamarca, según explicó el diputado de Compromís Fran Ferri.
La principal novedad de la iniciativa de Compromís es la propuesta de que las ofertas presentadas a las licitaciones se valoren en un 20% en base a criterios sociales y medioambientales. Ferri explicó que su iniciativa insta a dar una mejor valoración a las empresas de la economía social, a las que cuenten con una igualdad salarial entre hombres y mujeres acreditada, a las que cuenten con un mayor número de trabajadores provenientes de colectivos vulnerables, a las que creen empleo de calidad y a las que apuesten por la sostenibilidad medioambiental en su actividad.
Hasta ahora estos criterios solo están previstos como fórmula de desempate entre ofertas con idéntica valoración, por lo que no es habitual que se utilicen.
“El objetivo de esta proposición es cambiar la manera que tenemos de entender la compra y la contratación pública”, prosiguió Ferri, “Queremos que desde la administración se impulse un cambio en el sistema productivo para lograr una economía orientada al bienestar de las personas ya la sostenibilidad medioambiental”.
La proposición también prevé que en la valoración económica de las ofertas a las Administraciones públicas se tenga en cuenta el ciclo de vida del producto, incluyendo los costes de entrega y eliminación o reutilización, que se permita fijar condiciones especiales como la utilización de material reutilizable, la contratación de jóvenes desempleados o la reducción del impacto ambiental del transporte.
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