RACIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA: UNA PROPUESTA.

Mucho (y generalmente mal) se ha debatido sobre los múltiples defectos de la Función Pública española. Bien es sabido que los dos elementos fundamentales que la aquejan son la del clientelismo –generadora a la postre de corrupciones tanto  activas, como generalmente mucho más frecuentes, pasivas o de dejar hacer— y, fundamentalmente, su “elefantiasismo”, convertida en algo gigantesco y grotesco que cuesta muchísimos millones de euros que bien podrían ser aplicados a otras cosas más urgentes y necesarias.

Ni que decir tiene que tal estado de cosas la debemos a la forzada originalidad española que supuso la entronización de algo tan desdibujado y mal diseñado como fue el “invento” del estado de las Autonomías, que en resumen no era ni federal ni centralizado, sino todo lo contrario. Me imagino que debió ser por aquello de las presiones y querer dar una solución urgente a los sentimientos nacional-folkloristas tras la salida de la dictadura. No voy a entrar en esta cuestión aunque en el fondo intuyo que lo que realmente pulsaba era algo así como un “habéis chupado ya mucho, ahora nos toca a nosotros” (mal pensando que es uno, ¡qué le vamos a hacer!). De ahí, a crear miniestados a cuenta del presupuesto, no hay más que un corto camino. Y como además coincidió con la entrada a espuertas de dinero de la UE que nos premiaba por ser buenos demócratas, pues la cosa parece ser que salió medio qué… ¡hasta la crisis económica actual!.

En otro orden de cosas, también se ha debatido hasta la saciedad si el modelo francés de función pública era mejor que el anglosajón, Weber mediante. Los dos tienes sus pros y sus contras. Yo me decanto personalmente para el caso español por el sistema continental o francés dado que nos hallamos ante un Estado altamente intervencionista (y por tanto, procedimental), heredero del otrora estado paternalista franquista (en el fondo no nos llegamos a quitar la figura del padre, que tanto gustaba a Freud), aunque eso también es otro tema sobre el que tampoco voy a entrar: solo constatar que tenemos el que tenemos y punto.

 

Bien, el caso es que debido a los avatares propios de nuestra historia, nos encontramos ante un Estado al que sirven múltiples Administraciones y que por tanto es absolutamente mastodóntico, inasumible y encima ineficaz. ¿Qué hacer?. Yo lanzo una propuesta bien simple basado en la literalidad (no en las soluciones creativas de nuestro inefable cuarto poder, el TC, o sea) del artículo 149.1.18 CE cuando dice que “el Estado tiene competencia exclusiva sobre:… Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas”. Esto es, un sistema que desde lo común se adapte a la especificidad de cada Comunidad Autónoma.

Y, ¿cómo hacerlo siendo además eficaz, eficiente y económico?.

 

Ahí va mi propuesta: en primer lugar, derogar el art. 55.2 EBEP que dice que "las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos..."  y resto de normas similares, y en segundo lugar, que por contra todos los funcionarios del Estado, independientemente de la Administración de adscripción, serán seleccionados y nombrados por el Estado a través de pruebas comunes de conocimiento y competencia en una primera fase. Por tanto, todos, TODOS, los funcionarios serán funcionarios del Estado. Ello implica un Estatuto común para todos y contra un presupuesto igualmente único. Con este sistema nos aseguramos una plena racionalización económica. Además con la ventaja que supone la unificación de un solo sistema de derechos y obligaciones de función pública.

Por supuesto, ahora y junto con aquellas pruebas selectivas que se realizan en primera instancia, podrá y deberá haber una segunda tanda de pruebas, bien de realización simultánea o posterior, competencia de la Administración a la que se oposite (desde la propia peculiaridad de una Administración Local, una Universidad o bien una Comunidad Autónoma). En esta segunda prueba, ni que decir tiene, que se podrán exigir aquellos conocimientos que se crean oportunos (desde la lengua vernácula o la de hacer encaje de bolillos autóctono). Y, naturalmente, ser superadas independientemente. Algo así como el tramo estatal y el autonómico del IRPF, si se quiere una analogía.

Por tanto, cuando uno gane plaza, será porque se es funcionario nacional en primera instancia y con habilitación para una especial Administración.

Y serán funcionarios del Estado dependientes orgánicamente del Estado nacional pero funcionalmente adscritos a la concreta Administración de la que se trate, y que desarrollará su labor conforme a los criterios que rijan los parámetros por los que se ordene según su concreta potestad autoorganizativa. Y ello, como es lógico, no está reñido con que cada Administración dote sus puestos con los emolumentos y derechos que estime oportuno a través de los complementos "ad hoc" que se prevean.

Además de la racionalidad en los planes de empleo (las plazas a repartir anualmente deberían ser analizadas, acordadadas y, finalmente, autorizadas en algún tipo de Conferencia sectorial o similar cosa en base a disponibilidades presupuestarias), se posibilitaría la movilidad interadministrativa, con la sola superación de la fase específica de oposición de la Administración convocante y sin tener que volver a sufrir las pruebas, digamos, de contenido común, lo que redundaría en el aprovechamiento y rotación de efectivos valiosos. Incluso, forzando la cuestión un poquito más si se me permite, podría haber posibilidades de concurso de movilidad interadministrativa con menores requerimientos para los puestos de índole más básica, ya que, repito, todos seriamos en primera instancia funcionarios nacionales.

Y por último, ya que este espacio no da para más, se controlarías los “aparatos” y “cotos” que colocan a los “nuestros” frente a los “tuyos”. En resumen, alejamos la contratación de personal de los centros que tienen mucho interés en contratar precisamente a “su” personal.

Porque cuando el funcionario está más cerca de quién gobierna, en realidad, más alejado está del ciudadano y su interés.

Reflexión personal Bloque III

José Ramón Malagón Cansino.

Alumno GAP.