SITUACIÓN DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA ANTE LA PÉRDIDA DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE SU PAGA EXTRA.
La
Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas,
Laborales y en materia de Hacienda
Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de
Andalucia en su artículo 7, referente a las retribuciones del personal
funcionario, eventual, interino y laboral, trae consigo que dicho personal ve
reducido sus retribuciones
correspondientes a los meses de junio y diciembre. Un artículo
periodístico al respecto, decía que este cuatrienio era para olvidar, ya que
los empleados públicos atraviesan en nuestro país y sobre todo en Andalucía,
una etapa de recortes y pérdida constante de derechos laborales y salariales,
que los hacen retroceder, unos cuantos años atrás. Si hacemos una reflexión, ya
desde el 2010 se aprobó un recorte de entre el 5% y 7% del sueldo, fue la
primera bajada de salarios de la era democrática durante el gobierno de
Zapatero, sucediéndose una serie de medidas de contención del gasto, que las ha
situado en el epicentro de las políticas de austeridad, congelación salarial,
supresión de paga extraordinaria y complementos autonómicos, no aplicación de
la subida del IPC, aumento de la jornada laboral y supresión de ayudas
sociales, pérdida de días de permiso por
asuntos particulares, bajada de las
bases de cotización de la seguridad social y prestaciones a la baja en supuestos
de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral.
La Consejera
de Hacienda en el debate parlamentario a la totalidad de los presupuestos para
2014, ha explicado que las restricciones presupuestarias le han obligado a no
reponer para el próximo año el complemento de
las pagas extras, esto nos lleva a la reflexión de que la retirada de
los pluses de las pagas extraordinarias a los empleados públicos, se
considera una medida injusta,
debiéndo afrontar de una vez por todas el gobierno de la Junta
de Andalucía, la reducción de la
administración paralela, ya que su entrada en la administración de todo este
personal, no ha sido precisamente como propugna el estatuto básico del empleado
público, según los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Con esta medida la Junta ha ahorrado en 2013, de capítulo I relativo a gastos
de personal 322 millones de euros, los sindicados de funcionarios hablan de “linchamiento” mientras se gastan 840
millones en el sostenimiento de la administración paralela.
Los
funcionarios han mostrado su más absoluto rechazo a la nueva congelación de los
salarios para 2014, y afirman que las medidas de ahorro y
austeridad, deben dirigirse de una vez por todas al cierre de las arcas públicas,
ante las excesivas subvenciones a sindicatos, a la monumental e injustificada
administración paralela. Pero la Junta argumenta la reducción de pagas adicionales al
cumplimiento de los objetivos de déficit, justificación que no tiene razón de
ser, pues el coste del mantenimiento de dicho personal perteneciente a esta
administración paralela, apenas da para pagar el 15% de dicho personal.
Los
efectos colaterales la merma de la eficacia de los servicios, la generalización
de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal, las cargas de
trabajo, repercuten directamente en los ciudadanos y en los propios
trabajadores, viendo como la Junta no repara en gastos a la hora de crear nuevas agencias y estructuras, mantener
edificios administrativos mal aprovechados, o en alquileres desorbitados.
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