Noticia publicada por Elena González Sevillano.
Más de 2,5 millones de empleados públicos pasarán un examen anual de rendimiento
jueves, 05/12/13 - 18:00
- Los resultados del mismo determinarían el sueldo a cobrar, los posibles ascensos y, en casos extremos, incluso la pérdida de la condición de funcionario.
- El exámen no sólo evaluaría las consecución de los objetivos marcados sino también la forma de alcanzarlos y el comportamiento del trabajador.
El Gobierno plantea hacer pasar una evaluación anual del
desempeño a todos los empleados públicos de España.
En solo tres años, los que van desde 2004 a 2007, Jordi
Sevilla dejó marcada la hoja de ruta de la Administración
del siglo XXI con tres iniciativas legislativas de relevancia crítica:
el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Administración Electrónica y
la creación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas.
Tres leyes que definían tres ideas fuerza para la Administración Pública: la
evaluación de la eficacia de los programas de gasto público, la supresión de
trámites burocráticos y documentación en la relación entre la Administración y
los administrados y la configuración de un funcionariado competitivo y
eficiente.
Las tres líneas quedaron pendientes de desarrollo porque Sevilla fue cesado
como ministro de Administraciones Públicas sin tener la oportunidad de acabar
siquiera la legislatura.
Cuando se le pregunta cuál de esas iniciativa considera más necesario
desarrollar no duda: "El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, la
creación de una función directiva fuerte y la evaluación del desempeño son
imprescindibles en el proceso de modernización de la
Administración".
Paradójicamente, lo que sus compañeros de partido dejaron por hacer, seis
años después de su cese puede ser objeto de desarrollo por el Gobierno
del Partido Popular, que ya tiene sobre la mesa un informe de expertos para
implantar el que sería el mayor sistema de evaluación del
desempeño puesto en marcha jamás en España.
El sistema, que sería desarrollado en sus aspectos más básicos por un
reglamento estatal y luego tendría que detallarse en normativas autonómicas e
incluso locales, aspira a evaluar el rendimiento profesional de los más de 2,5
millones de empleados
públicos que hay según
los últimos datos oficiales en España.
¿A quién se examinará?
Según el Comité de Expertos
reunidos por Hacienda, deberían estar sometidos a la evaluación del desempeño
todos los empleados públicos españoles, con la única excepción del
personal eventual -los denominados cargos de confianza-.
Es decir, deberían pasar esa examen anual sobre su rendimiento en el trabajo
tanto funcionarios como interinos como personal laboral. En total, en torno a
2,5 millones de trabajadores.
¿Qué se tendrá en cuenta en la evaluación?
Este es el asunto más complejo. Los expertos consultados por Hacienda abogan
por una doble línea de evaluación. Por un lado, se examinaría el
rendimiento en el puesto de trabajo en función de los objetivos
marcados para el departamento, la unidad y el trabajador en sentido
individual.
Para estrechar el margen a la arbitrariedad, el informe recomienda que esos
objetivos sean concretos, medibles, orientados a resultados, con un horizonte
temporal definido, comprensibles, compartidos y "ambiciosos, pero
alcanzables".
Asimismo, se prevé que los trabajadores puedan participar en el proceso de
fijación de objetivos, singularmente en los de su unidad y en los de cada
trabajador con carácter individual. Los objetivos estratégicos los fijarán los
responsables de cada departamento con sus superiores inmediatos.
Por otra parte, se evaluaría igualmente la forma de hacer.
Aquí entra tanto la actitud del trabajador a la hora de cumplir con su tarea,
como su proactividad a la hora de plantear posibles mejoras en el funcionamiento
de su unidad e incluso su comportamiento: cooperación con compañeros, lealtad
con la organización, respeto a las reglas...
¿Qué parte pesará más en la evaluación? Dependerá del puesto. Por ejemplo, es
posible que en los trabajos de atención al público la forma de hacer pese más
que la consecución de objetivos cuantitativos, del mismo modo que en los ámbitos
de gestión el peso de ambas líneas sea el contrario.
¿Cuales serán los efectos de la evaluación?
La evaluación del desempeño sería el elemento central de la nueva
Administración del siglo XXI. De su resultado dependería, por ejemplo, la
retribución de todos y cada uno de los funcionarios
españoles.
Aumentaría la parte variable del salario, de forma que dos funcionarios que
están en el mismo puesto podrían ganar cantidades bien diferentes en función de
su evaluación de rendimiento.
Este asunto es clave para mejorar la productividad de los empleados públicos,
ya que a día de hoy persiste un esquema salarial tan inflexible que no existe
incentivo alguno para mejorar el rendimiento. Principalmente, porque trabajar
más y mejor no tiene ningún premio salarial.
El resultado se tendría también en cuenta a la hora de promocionar a
un puesto mejor. Una evaluación positiva permitiría ascender de grado,
categoría o escalón sin necesidad de superar una oposición, el único modo de
progresar en la carrera administrativa en el esquema actual.
Con carácter más general, los expertos en Función Pública convocados por el
Ministerio de Hacienda entienden que también mejoraría la detección de
lagunas formativas entre el funcionariado y permitiría afinar más las
necesidades de formación del personal público.
En casos extremos, el examen de evaluación permitiría
el despido de funcionarios en caso de ser negativa de forma reiterada y
poner de manifiesto una actitud particularmente negativa hacia el trabajo.
¿Quién llevará a cabo la evaluación?
El informe entiende que "lo más aconsejable es que la evaluación de la
conducta profesional y el logro de resultados la efectúe el superior
jerárquico, ya que es quién debe conocer las tareas de cada
puesto".
¿Cómo evitar amiguismos o arbitrariedades? Responder a esta pregunta
aparece como crítico para garantizar una evaluación imparcial y objetiva, máxime
cuando de ella dependen las retribuciones y la carrera laboral del evaluado.
La respuesta hay que buscarla en el procedimiento. Al inicio del ejercicio el
responsable de cada departamento fijará unos objetivos comunes a todo el
departamento y otros individuales para cada trabajador en función de su nivel de
responsabilidad. Estos últimos se fijarán de forma consensuada entre responsable
y trabajador.
Además, antes del examen de evaluación, el trabajador hará una autoevaluación
de su desempeño. En caso de discrepancias, el evaluador deberá argumentar porque
su valoración no coincide con la del empleado.
Por último, cada evaluación será objeto de control por el órgano creado al
efecto y se ofrecerá al trabajador un sistema de recursos si no está de acuerdo
con el resultado.
Encontrada originalmente en: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/politica-economica/mas-de-2-5-millones-de-empleados-publicos-pasaran-un-examen-anual-de-rendimiento_EpZLBOGKfAOPlQqJqAFdt4/
El art. 55 del Estatuto de los Trabajadores dice que se considerará como causa del despido disciplinario “la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado”. Todo muy bien, pero… ¿qué consideramos rendimiento?. Parece que muy resumidamente es conseguir los objetivos de la empresa y en una empresa los objetivos son solamente dos: o servicios o producción, por los que naturalmente, cobra.
ResponderEliminar¿Qué producimos los funcionarios?. ¿Productos?. No parece. ¿Servicios?, parece que es lo más cercano ya que servimos a la sociedad. Pero veamos que tipo de servicio. ¿Viene un ciudadano y pide algo?. Sí. Vale. ¿Se lo damos?. Sí, y solo sí tiene derecho. Y esto es lo fundamental. El DERECHO a obtener lo que el ciudadano solicita y que previamente una norma habilita. Por tanto, sí que es cierto que prestamos servicios, pero solo a quién la Ley otorga. Yo no puedo comprar, en sentido lato, un permiso para conducir o un ingreso hospitalario preferente. A diferencia de esto, sí puedo contratar a un contable o a un abogado.
Por tanto, ¿hasta qué punto podemos decir con total propiedad que el funcionario es un trabajador asimilable al regulado en el Estatuto de los Trabajadores?.
Naturalmente, que existen muchos sectores funcionariales que, digamos, son extremadamente parecidos a los del denominado sector productivo y que son dejados en manos del denominado personal laboral: personal extremadamente cualificado pero cuyas tareas solo requieren de la mejor pericia del profesional previamente seleccionado con criterios tan rigurosos como los propios funcionarios (bomberos, médicos, etc). Estos cometidos son tan semejantes que hay un vivo debate social sobre si no sería acaso mucho más eficaz y eficiente trasladar estos cometidos a un sector privado más acostumbrado a una planificación y ejecución rigurosa basada en ratios costes-calidad. No es por tanto sobre este personal sobre los que baso mi opinión.
Todo lo expuesto es pues para referirme a aquel profesional que en un momento u otro de su desempeño laboral debe poner a funcionar una herramienta mucho más sutil pero bastante más contundente que un bisturí o una manguera: la potestad. Bien se sea un burócrata que expide actos administrativas, bien se trate de un profesor que finalmente emita un acta oficial que te otorgue la licencia, bien de un policía que considera en su jucio que debe detener al infractor, todos ellos, aunque desarrollen la mayor parte de su trabajo como simples operarios asimilables a cualquier otro, finalmente hacen uso del poder de manifestación del ejercicio de la vieja “Potestas” y sin la cual nada podrían hacer.
Y lo es, porque querámoslo ver o no, la Administración forma parte de un poder del Estado, es realmente un poder del Estado y así como no podemos ver a los diputados, senadores, ministros, etc. como trabajadores u operarios. Sí, tendrán también sus elementos de conexión, pero NO son trabajadores “strictu sensu”. Incluso un funcionario de escala básica que en un registro decide no sellar una instancia porque carece de requisitos formales está manifestando palmariamente que el Estado considera que no deba presentarse esa documentación así como está.
Y por ello, la cuestión de los RR.HH en la Administración se hace algo extremadamente problemático porque si de lo que se trata en una planificación empresarial es una apuesta –científica, pero apuesta-- por una optimización que genere más riqueza de los accionistas, una planificación de los servicios que gestionan la potestad del Estado se torna de una gravedad que proyecta una sombra de desconfianza en la ciudadanía, porque de esta “empresa” todos somos accionistas que jugamos nuestros derechos y libertades querámoslo o no.
¿Cómo evaluar eso entonces?.
Comentario a noticia (1-2)
Bloque III
José Ramón Malagón Cansino
Comentario realizado por Víctor Guzmán Tirado.
ResponderEliminarLa idea sugerida en el texto nos trata de exponer una solución acerca de una de las problemáticas más debatida en este sector público, y es que el rendimiento de los funcionarios siempre se ha puesto en entredicho, a pesar de qué la mayoría de ellos realicen su labor eficiente y eficazmente.
Esto podría suponer un gran avance a nivel de productividad, ya que tales baremos que determinarían el sueldo a cobrar o el ascenso, suponen el mayor ápice de motivación que puede encontrar un trabajador para realizar su trabajo. Es cierto que esto ayudaría, pero no podemos focalizar los problemas económicos de España al ámbito funcionarial, y es que como ya acostumbramos a mencionar, los poderes políticos deben mirarse ellos mismos, deberían medir su rendimiento, el cumplimiento de sus promesas y demás vaivenes, cobrando en función de los mismos y perdiendo su condición en base a esto, así como en función de errores de gran relevancia, incluyendo por supuesto cualquier delito. No nos hagan creer que la culpa es de los funcionarios por favor, aquí o todos moros o todos cristianos, no hagan medidas para beneficiar al país cuando en otro sector no se toman porque no hay intención ¿o debería llamarlo verguenza?