Una estafa en las ayudas para la mejora de los
profesionales implica 28 asociaciones de Madrid
Todas tienen
que devolver dinero público, todas han sido supuestamente estafadas y, sin
embargo, ninguna ha denunciado al que por ahora es el único
sospechoso de una red de cursos de formación fraudulentos
financiados con fondos públicos. Un total de 28 empresas de la región madrileña
solicitaron en 2010 y 2011 ayudas por 4,4 millones de euros a la Comunidad de Madrid.
Las subvenciones nunca fueron debidamente justificadas y por eso el Gobierno
regional les reclama ahora que devuelvan el dinero.
Informes
internos de la Comunidad señalan que el empresario José Luis Aneri, el hombre
que gestionaba las ayudas a través de una red de empresas, es el supuesto
estafador. Sin embargo, a medida que se conocen más detalles, va quedando más
claro que Aneri es solo una pieza dentro de un complicado engranaje que servía
para que el dinero público pasara a manos privadas.
Entre las 28
asociaciones empresariales afectadas, hay al menos 17 que pertenecen a la
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la organización integrada en la
patronal estatal CEOE que preside Arturo Fernández.
Varias
fuentes de la investigación señalan que todo el sistema se sustentaba en las
mordidas que Aneri daba a las asociaciones, en torno a un 20% de las
subvenciones. Los cursos no se llegaban a hacer en muchos casos o se hacían con alumnos duplicados o con identidades
suplantadas.
Nueve de las
asociaciones empresariales forman parte de dos organizaciones integradas en la
CEIM, la Confederación de Comercio Minorista (Cecoma) y la federación de
empresarios Fedecam, ambas presididas por Alfonso Tezanos. Se da la
circunstancia de que Tezanos fue el primero que alertó a la Comunidad de la
supuesta trama el pasado febrero, sin que el Gobierno regional tomara las
primeras medidas al menos hasta ocho meses después.
El vínculo
de este empresario con Aneri se remonta a 2007, cuando el empresario cordobés
funda en la sede de Fedecam su principal empresa de formación, Sinergia
Empresarial. El propio Tezanos introdujo a Aneri en el mundo empresarial
madrileño y Aneri se hizo en poco tiempo con la gestión de las subvenciones.
La
investigación regional se centra en dos años, 2010 y 2011. La Comunidad no ha
inspeccionado cantidades de años anteriores o posteriores. Las empresas de
Aneri gestionaron además otros 6,9 millones de fondos del Ministerio de Empleo
entre 2010 y 2013.
Ninguna de
las asociaciones afectadas ha denunciado, pese a que ahora tienen que devolver
grandes cantidades que ponen en peligro su supervivencia. Guardan silencio
oficial y tratan de desvincularse del empresario.
Dos semanas
después de que EL PAÍS publicara la investigación interna llevada a cabo por
técnicos de la Comunidad, es Aneri quien cuenta su propia versión de los
hechos. “Solo facturé a las asociaciones por los cursos que estas me
encargaban”, señala el empresario, de 34 años, en una carta remitida a EL PAÍS
por su abogado.
En la misiva
recuerda que él no es apoderado “de ninguna asociación”, no le han sido
otorgados “poderes de ningún tipo” ni ha pedido ayudas de forma directa. Sin
embargo, según los datos del Ejecutivo, eran las asociaciones las que
solicitaban las ayudas, en muchos casos dejando como persona de contacto a
Aneri.
El
empresario atribuye esa decisión a las propias asociaciones que son, añade,
“las que ponen el dato de persona de contacto en el impreso de solicitud que
ellas redactan, firman y aportan al ente administrativo”. El empresario añade
en su defensa que es la asociación la que debe justificar “por sí misma en
primera persona sin delegación y / o subcontratación” esa ayuda.
Aneri
asegura que su única función era impartir cursos y que lo hizo “siguiendo las
directrices y condiciones de la asociación que ha conseguido que se le conceda
la subvención”. Los informes de la Comunidad de Madrid lo señalan como el
responsable de la duplicación de alumnos en los cursos subvencionados. Algunos
llegaron a hacer 30 cursos en un solo mes, según los datos regionales.
El
empresario añade que el control y la justificación de las ayudas corresponden
“por ley” a las asociaciones. Las convocatorias oficiales añaden que esa
verificación deben de hacerla también las Administraciones durante los cursos,
pero la Comunidad no detectó las supuestas irregularidades hasta que comenzaron
a vencer los plazos de requerimiento para la justificación de ayudas, pese a
que había recibido un aviso previo.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/20/actualidad/1387574961_503660.html
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