¿Quién debe ser funcionario?
Los puestos vitalicios en la Administración están cada vez más cuestionados
Algunas profesiones requieren esa seguridad, pero no es necesaria en todas
Madrid
El funcionario ha sido una figura denostada,
puesta permanentemente en cuestión por chistes de bar y por sesudos estudios
académicos, y duramente criticada en los últimos años desde posiciones que
repiten una y otra vez palabras como “despilfarro” o“ineficacia”. Pero la
figura del funcionario se creó en España en el siglo XIX por consenso, con
la convicción de que había que acabar con la práctica de que cuando llegaba un
partido al poder, sus trabajadores entraban en las Administraciones, y cuando
salía comenzaba de nuevo el trasiego de sustituir a unos por otros.
“El funcionario tiene su razón de ser. Fue un acuerdo
de los grandes partidos, no lo olvidemos, para que personas con unos
conocimientos determinados ocuparan esos puestos y quedaran fuera de la lucha
partidista”, explica Juan Oliva, profesor de Economía de la Universidad de
Castilla-La Mancha especializado en salud.
Hoy, cada vez más voces aseguran que ya no es
necesaria (al menos no en todas las profesiones que hoy engloba el
funcionariado) la seguridad de tener puestos de trabajo prácticamente
vitalicios —a los que accede por mérito— que, sostienen, no fomentan el
esfuerzo y la mejora por la falta de incentivos. El consejero de Sanidad de
Madrid, Javier Fernández Lasquetty, dijo el lunes que no cree que los médicos
de la sanidad pública deban ser funcionarios. Según el consejero, que tiene
paralizado en los tribunales su plan para privatizar la gestión de seis
hospitales públicos, el sistema actual se ha vuelto “en contra” de los médicos,
porque “no tienen incentivos para mejorar su desempeño más allá de la pura
motivación altruista”.
“Hace falta una revisión de la función pública,
que ha cambiado muy poco, pero la propuesta de Madrid no es para mejorar el
servicio público, sino por los planes de privatización”, asegura el catedrático
de Economía Aplicada de la
Universidad de Vigo Santiago Lago Peñas. El especialista
defiende cambiar el sistema, pero para mejorarlo (y tener más herramientas para
incentivar y penalizar), no para quitarlo y sustituirlo por otro “que no está
funcionando”, asegura.
Además, en un contexto de recortes
presupuestarios en los servicios públicos y grandes movilizaciones en contra,
muchos creen que no es el mejor momento para un debate sosegado sobre un
posible cambio (numerosos
expertos han planteado esa misma objeción a la regulación de los servicios
mínimos en las huelgas). De hecho, el responsable de enseñanza de
CC OO, Francisco García, interpreta que se quiere castigar y controlar a
aquellos que están encabezando la marea blanca de la sanidad o la marea
verde de la educación, entre otras cosas, protegidos por su condición de
funcionarios. “Quieren privatizar el sistema y devolverlo al siglo XIX”,
asegura García.
La figura del funcionario —entendida como aquella
persona que ha alcanzado un puesto fijo, de por vida, en una Administración
pública— existe en todos los países desarrollados, ya que nadie pone en
cuestión que ese nivel de seguridad es necesario para ejercer ciertas
profesiones, al menos para aquellas que requieren ejercer “la autoridad
administrativa”, por ejemplo, un policía, un inspector de Hacienda, un juez…
En Europa, hay dos grandes modelos: el que amplía
el radio a muchas profesiones (como Francia o España) o lo restringe a unas
pocas, como el anglosajón, donde sanitarios y docentes son empleados
contratados. En 2009, los trabajadores públicos en España eran el 13,1% de la
población activa, frente al 21,9% de Francia, el 26% de Suecia o el 29% de
Dinamarca, según la OCDE;
sin embargo, en España son funcionarios el 57% de los empleados públicos, en
Francia el 73%, en Dinamarca el 36% y en Suecia solo el 1%.
García, de CC OO, defiende el funcionariado
en sentido amplio —“para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos
con independencia del poder político”— y en particular de los profesores. “En
las escuelas hace falta una independencia, una pluralidad de visiones, de
perspectivas y valores para poder formar a ciudadanos libres”, asegura.
También en el caso de los médicos es importante
la estabilidad en el empleo, opina José María Molero, portavoz del sindicato
médico SIME. “Si un facultativo no está sujeto a renovaciones de contrato
continuas ni a cambios de trabajo mejora la continuidad asistencial y la
relación médico-paciente y, al final, la eficiencia del sistema”, argumenta.
Molero recuerda la “contradicción” en la que incurre Lasquetty cuando habla de
falta de incentivos: “Su consejería tiene paralizada desde hace cinco años la
aplicación de la carrera profesional, que reconoce méritos y experiencia”.
Fernando Castillo, catedrático de Derecho
Administrativo de la
Universidad de Granada, rechaza el tópico de que los
funcionarios no están incentivados ni pueden perder su puesto. “Hay un régimen
disciplinario que contempla faltas muy graves y separación de servicio. Es
cierto que sucede pocas veces, pero es por falta de capacidad de gestión de las
Administraciones. Y claro que hay políticas de incentivos, muy variables entre
comunidades, pero que se apliquen depende de tener gestores públicos
profesionales, y no los tenemos. Aquí director general puede ser cualquiera.
Pueden hacerlo, pero los gestores ni incentivan ni castigan”, señala. Castillo,
sin embargo, reconoce la “rigidez” del sistema y la necesidad de reformas.
Opina también que “en ningún sector es imprescindible que haya puestos
vitalicios, excepto la justicia y alguno más, como los abogados del Estado o
los inspectores”. “La garantía de la estabilidad en el empleo parece
aconsejable para garantizar la imparcialidad. Pero no creo que sea
imprescindible en educación ni en sanidad”, señala.
En la parte universitaria, la desfuncionarización
docente es una reclamación continúa desde muchos sectores. La comisión de
expertos que, por encargo del ministro José Ignacio Wert, redactaron
recomendaciones para la reforma universitaria, propusieron en febrero una doble
vía de acceso: una para funcionarios y otra para contratados indefinidos, lo
que permitiría “proporcionar” una transición hacia una “desfuncionarización”.
Dos de los expertos, los profesores de Derecho Óscar Alzaga y Mariola Urrea,
sin embargo, emitieron un voto particular en contra: hablaban de “un riesgo
para la plena independencia investigadora” de los profesores contratados, pues
las figuras de funcionarios son “la garantía constitucional que comporta la
libertad de cátedra”.
“La extensión de la estabilidad laboral reforzada
para profesionales de la sanidad, enseñanza, servicios sociales, etcétera, sin
tener la misma significación, sirve para que los que nos atienden en los
servicios públicos personales, se alejen del ánimo de lucro y su motivación se
cimente en la satisfacción por el trabajo bien hecho y por ayudar a los demás”,
insiste José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional
de Sanidad. Y esa calidad beneficia sobre todo a los ciudadanos, añade.
“Yo soy funcionario”, dice el profesor
universitario Oliva. “Y no encuentro ninguna razón objetiva por la que tenga
que serlo; tampoco un médico. Solo tiene sentido con la judicatura o la
inspección. En un país sensato, donde las plazas se consiguen por mérito, no es
necesario. Lo que ocurre es que mucho me temo que pasará lo mismo que vivimos
en el siglo XIX. Lo estamos viendo en Corporaciones locales,
diputaciones... Y con los llamados asesores, que no son funcionarios, pero
asesoran a un partido y cuando llega otro ya no valen. Este es el problema de
verdad”, añade.
Muchos expertos recuerdan la máxima de cambiar
las cosas hasta no encontrar una solución mejor. El profesor Santiago Lago
recuerda a quien quiera poner en marcha algún otro sistema, que con el actual
se están compensando unos sueldos relativamente bajos (comparados con el sector
privado) con esa seguridad económica. Es decir, ¿se pagaría más si ya no fueran
funcionarios? Y, si no se pagase más, ¿cómo se conseguiría competir con la
empresa privada para atraer a buenos profesionales?
Fuente
Aportación noticia
Bloque III
José Ramón Malagón Cansino.
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