Casi 14.000 funcionarios decidieron anticipar su jubilación el pasado año en España ante la incertidumbre sobre su futuro y la desmotivación a la que les ha llevado las políticas de recortes de los dos últimos gobiernos.
Concretamente, han sido los empleados públicos en Régimen Especial de Clases Pasivas los que se han acogido de forma mayoritaria a la jubilación voluntaria, pasando de 4.253 jubilaciones voluntarias en 2010 a 13.972 en el año 2012. En sólo dos años se ha triplicado.
El Régimen de Clases Pasivas (Muface, Isfas y Mugeju), en el que se encuadran alrededor de un millón de trabajadores públicos de la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Instituciones Penitenciarias o Educación, permite jubilarse voluntariamente al alcanzar los 60 años de edad, siempre y cuando se hayan completado 30 años de servicio.
Aunque eso sí, con penalizaciones económicas, ya que al no haber alcanzado los 35 años de trabajo su pensión se verá reducida en un porcentaje de hasta el 20 por ciento, a lo que hay que sumar un sistema de cotización, distinto al del sistema general, que penaliza a los trabajadores con sueldos más bajos por lo que las pensiones medias son más reducidas.
Sin embargo, si la carrera laboral llega a 35 años, el funcionario se jubila con el 100% de su haber regulador.
En cualquier caso, los sucesivos recortes salariales que están afrontando los empleados públicos, además de la propuesta de reforma de pensiones que el Gobierno central envió a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en la que planteaba prohibir el derecho a la jubilación anticipada de los funcionarios, son las razones por las que se ha producido este fenómeno.
Esta situación amenaza ya con paralizar algunos sectores de la Administración porque actualmente uno de cada dos empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se encuentra a punto de jubilarse. Casi un 10% del personal al servicio de los ministerios tiene entre 60 y 64 años, mientras que otro 42 tiene entre 50 y 59 años. Apenas un 1,4% tiene menos de 30 años, frente al 13,2% de entre 30 y 39 años.
Actualmente la mitad del personal se encuentra muy cerca de retirarse o solicitar la jubilación anticipada, en función de su dependencia a la Seguridad Social o Muface. Aunque eso sí, los únicos empleados públicos que, de momento, pueden jubilarse anticipadamente de manera voluntaria son los que están enmarcados en el Régimen de Clases Pasivas.
Por supuesto yo también me jubilaría si llevara 35 años en la administración. Con esta situación creo que es la decisión más viable. Es una pena que solo lleve 25 años, cuando cumpla los 10 años que me faltan, “Dios sabrá lo que pasará”!!.
ResponderEliminarEl problema de la jubilación de los actuales funcionarios es la cobertura de ese personal, con la experiencia y los conocimientos que estos poseen. El conocimiento es una riqueza que se pierde con estas jubilaciones.
Existen muchas profesiones donde no se ha gestionado bien el cambio generacional, como por ejemplo los médicos. Es muy difícil este cambio generacional cuando se limita con fuerza la contratación de nuevos médicos.
Para que este tipo de profesionales tan específicos se conviertan en grandes conocedores de su profesión es necesario que transcurra mucho tiempo, es una inversión que la administración no está realizando y que nos pasará factura en un futuro muy inmediato.