EL SISTEMA ESPAÑOL DE EMPLEO PUBLICO
La función pública cuenta con un modelo mixto. Modelo
profesional y objetivo, en el que deben imperar los principios de igualdad,
mérito y capacidad en el ingreso y en la movilidad con mecanismos públicos y
competitivos y garantizando la objetividad y neutralidad política de los
empleados.
Esto es de gran trascendencia para el
futuro de la función pública ya que garantiza el buen gobierno, la buena
gestión de los servicios públicos y el correcto funcionamiento del sistema
democrático.
El Estatuto Básico del Empleado Público ha creado un
régimen de personal de todas las Administraciones Públicas, remitiendo a las
Leyes de Función Pública de cada Administración, la facultad de regular los
diferentes elementos de dicho régimen. Por lo tanto, será determinante al
modelo de función pública que haya de regir en la Administración de cada
Comunidad Autónoma.
El Estatuto Básico del Empleado Público debería de
potenciar los valores de profesionalidad, legalidad, ética, calidad y
eficiencia, a los que entendemos debe responder el ejercicio de la función
pública en el marco de la Constitución Española.
Tenemos que determinar cuál es la
función pública que precisa un Estado social y democrático de Derecho, y
establecer las reglas que permitan a los empleados públicos un desempeño
coherente con dicho modelo de función pública.
El modelo de función pública se tiene
que basar en dos conceptos fundamentales: el interés general y el servicio
público. Pero sólo a partir de la garantía y realización de ambos fines cabrá
articular un modelo coherente, satisfactorio y más correcto de función pública.
No basta solamente con una adecuada regulación, como ocurre en la actualidad.
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