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El Gobierno propone a las
autonomías suprimir sus tribunales de cuentas
Vicepresidencia
presenta una nueva batería de medidas para ahorrar más de 230 millones
Piden eliminar los
Defensores del Pueblo y servicios de meteorología catalán, vasco y gallego
eEl presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso el
pasado 27 de noviembre. / Ballesteros (EFE
El Gobierno comenzó la reforma de la administración
anunciando que iba a suprimir, trasladar o fusionar 57 organismos propios y ha
continuado por la parte del león: los deberes para las comunidades autónomas. En un documento publicado hoy incluye 120 medidas en más de 700
páginas en el que se detalla lo que deberían hacer las autonomías si quieren
beneficiarse del ahorro que supone suprimir la burocracia. El asunto ha
levantado las iras de algunas autonomías como Cataluña, que consideran que el
Estado quiere recuperar órganos y poderes logrados con la descentralización. La
vicepresidenta Soraya Sánez de Santamaría abandera desde el inicio de la
legislatura esa reforma que se ha presentado como una de las más importantes
del Gobierno de Mariano Rajoy.
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) calcula que si las comunidades
autónomas acceden a suprimir sus Defensores del Pueblo y Tribunales de Cuentas
se podría ahorrar en tres años casi 230 millones. Además proponen suprimir las
160 oficinas de representación exterior de las autonomías, un proceso que ya ha
comenzado (y que ahorraría 11 millones de euros), y las agencias meteorológicas
gallega, vasca y catalana. Las agencias de protección de datos catalana y vasca
también sobrarían, según el documento.
El texto incluye medidas como la adhesión de las
comunidades autónomas a la plataforma de contratación del sector público, lo
que ayudaría a publicar en un solo lugar todas las licitaciones del territorio
nacional; la creación de un registro único de fundaciones; la supresión de los
tribunales delegados para seleccionar a funcionarios de Justicia, o la creación
de una Conferencia Sectorial en materia de Tráfico y Seguridad vial para
coordinar políticas.
Muchas de las propuestas son solo eso, recomendaciones
que pueden no ser aplicadas por las autonomías a menos que medien cambios
legislativos.
Defensores del pueblo
EEn concreto, en el caso del Defensor del Pueblo hay un
total de 11 comunidades con esta figura: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias,
Castilla y León, Catalunya, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia.
El Gobierno realiza una estimación aproximada del ahorro global en tres años si
se suprimen, que cifra en 90,3 millones (el ahorro neto anual sería de 30,1
millones).
A su entender, esta medida permitiría optimizar los
recursos, ya que, según subraya, el coste medio de tramitar una queja en los
defensores autonómicos es de 78 euros frente a los 19 euros a nivel estatal. El
Ejecutivo de Mariano Rajoy destaca el bajo rendimiento de los recursos
destinados a los defensores autonómicos, ya que 346 personas tramitan 38.407
quejas mientras que en el estatal 165 tramitan 33.849 quejas.
Tribunales de cuentas
En el caso de los Tribunales de Cuentas, el Gobierno
recuerda que 13 comunidades cuentan con esta institución fiscalizadora en su
territorio: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Catalunya, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco y
Valencia. Si las comunidades autónomas decidieran eliminar estos órganos de
control externo autonómico (Ocex), en tres años se podrían ahorrar 136,7 millones.
De paso, se suprimiría una institución de control y fiscalización de las
cuentas autonómicas. Entre las "ineficiencias" para poner en marcha
esta medida destaca el "bajo rendimiento" de los recursos destinados
a estos tribunales, la "desigualdad" entre comunidades al no contar
todas con ellos y la "heterogeneidad en las estructuras, composición,
funciones y resultados" de los diferentes Ocex.
Para
eliminar duplicidades en relación con los estudios de opinión y fomento de la
investigación sociológica, el Gobierno plantea la desaparición de los
organismos específicos similares al CIS que hay en Andalucía, País Vasco y
Catalunya.
No hay que suprimir ningún tribunal de cuentas. Lo que tienen que hacer es que desaparezcan de tales tribunales todos los politicos y sustituirles por personal totalmente independiente procedente un 50% de autorias y el resto por personal de la judicatura. Las cuentas, tanto del gobierno, como de los partidos o autonomias deben ser expuestas todos los años, como cierre de ejercicio y aquellos partidos que se hayan corrompido o falseadas las cuentas, en definitiva de todos, juzgados y encarcelados. Veríamos como los dineros de todos daban más de si, y no como ahora, que cuatro mangantes se lo llevan a Suiza.
ResponderEliminarComentario por Ismael Amil Uceda
ResponderEliminarParece como si quisieran impedir la burocracia o impedir al ciudadano a determinados servicios. Se puede entender que se pida suprimir estudios sociológicos o oficinas en el extranjero pero, el defensor del pueblo y los tribunales de cuentas no lo serian. Acaso desde Madrid van a atender las quejas de todo el país que recibe cada defensor del pueblo. Ademas el tribunal de cuentas nacional no se ha dado cuenta de grandes casos de corrupción. Esperemos que algún político algún día se de cuenta que la solución no es acabar con lo publico, sino mejorarlo.