Guerrero exige a la Junta que
le busque puesto como hizo con otros imputados
El ex
director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero quiere reingresar como
funcionario en la Administración autonómica, pese a su imputación en la
«macrocausa» de los ERE. Su abogado, Fernando de Pablo, ha registrado un
escrito en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para
exigir que se ponga fin a la suspensión provisional de funciones de su cliente.
En el texto,
al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Guerrero recuerda que el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) le reconoció su derecho a volver al servicio
activo «con asignación de puesto de trabajo», el que la Junta ha frenado a
golpe de resoluciones. Una situación que se prolonga ya por «más de 35 meses»
en los que se le han abonado, siguiendo órdenes del TSJA, sólo las
«retribuciones básicas», a pesar de «haber cesado la situación de prisión
preventiva» y encontrarse «en la cualidad de imputado» por el juzgado que
instruye los ERE, «al igual que otros trabajadores de esa Administración
pública», se queja.
El ex alto
cargo llama la atención sobre que su suspensión provisional se ha convertido en
una «sanción encubierta de carácter punitivo», además de «arbitraria y
discriminatoria». Es más, menciona en su escrito a catorce cargos encausados en
el mismo proceso, pero que siguen prestando servicios «en distintos niveles de
responsabilidad» y «percibiendo sus retribuciones íntegras», en muchos casos
«con un nivel 30 consolidado», como el que el propio Guerrero tiene reconocido.
Cita entre ellos a ex viceconsejeros como Antonio Lozano, Agustín Barberá o
Justo Mañas; al también ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera o
al de Presupuestos, Buenaventura Aguilera.
Argumenta
además que, de acuerdo a la normativa vigente, la suspensión de funciones
provisional «se podrá imponer de manera ‘preventiva’ durante la tramitación de
un procedimiento judicial», pero ésta no debe «extenderse más allá de los seis
meses», salvo que «razonablemente este previsto el enjuiciamiento de la causa».
Supuesto que no parece darse en los ERE, que, de momento, va camino de los
cinco años de instrucción. «Las circunstancias que concurren en las presentes
actuaciones, la complejidad de la causa, la multitud de personas, lo
imprevisible de su enjuiciamiento, hacen imprescindible», sostiene, que la
Junta actúe conforme a lo marcado por sentencias del Tribunal Constitucional y
del Supremo, y acabe así con lo que en teoría era una medida cautelar, pero se
ha transformado en «una situación claramente de carácter punitivo», insiste. En
definitiva, Guerrero entiende que no sólo se le está «privando» de derechos
básicos» como empleo y salario, sino que además se está «violentando» su
derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y al honor.
Por si al Ejecutivo de Susana Díaz no le queda claro el mensaje, pide a la
Dirección de Recursos Humanos que atienda su reclamación porque, de no hacerlo,
recurrirá de nuevo a los tribunales e interpondrá un recurso por la vía
contenciosa-administrativa.
Imputado
junto a 10 ex cargos
Y mientras
Guerrero solicita recuperar su rol de funcionario, la instructora de los ERE,
María Núñez, ha abierto una segunda pieza separada contra él y otros diez
imputados por una ayuda sociolaboral concedida a la empresa Aceitunas y
Conservas (Acyco), ubicada en Dos Hermanas (Sevilla). La jueza incluye en el
nuevo bloque al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, los ex directores de
Trabajo Rivera y Juan Márquez, los ex empleados de Vitalia Antonio Albarracín y
Jesús Bordallo, dos letrados, dos responsables de Acyco y un «intruso».
Fuente: http://www.larazon.es/local/andalucia/guerrero-exige-a-la-junta-que-le-busque-puesto-como-hizo-con-otros-imputados-DH11341323#.Ttt1GHeaD3EbQHo
NOTICIA COMENTADA POR JOSE MANUEL PAVON GUTIERREZ
ResponderEliminarMe gusta mucho esta noticia porque me gustaria expresar mi desacuerdo con el protagonista de ella. Me parece lamentable la actitud del señor guerrero quejandose que se le esta tratando de forma arbitraria, cuando fue el mismo quien de manera arbitrario repartio sin control alguno ayudas millonarias a empresas en crisis de forma indiscriminada; cabe mencionar que entre los favorecidos por las ayudas concedidas figuran amigos y vecinos, su suegra y militantes del PSOE, e incluso pudo conceder en un solo día subvenciones públicas por valor de 1.3 millones de euros a su propio chófer.
Realmente puede ser alguien tan caradura de pedir el reingreso a la funcion publica tras sus actos cometidos?
Tambien cabe mencionar que me parece risoria que haya recaido sobre el una suspension provisional, aunque no me sorprende viendo el panorama politico que acaece sobre nuestro pais.
Un saludo amigo Alejandro
Comentario Realizado por ALEJANDRO MORANTE LOBO
EliminarBuenas tardes compañero, estoy de acuerdo con tu comentario en cuanto que este individuo cuando tenía una posición de poder en el ámbito de las administraciones públicas, realizó una conducta poco ética. Con su actuación otorgando subvenciones a sus amigos y familiares dio una serie de ventajas, que los competidores de dichas personas no tendrían, vulnerando así el principio de igualdad que rige en nuestro estado de acuerdo a los artículos 1, 2 y 9 de la CE.
Con las acciones de este individuo podemos hablar claramente de corrupción pública, que debe ser perseguida y erradica de todas las instituciones para que las administraciones puedan alcanzar sus objetivos, el bien común. Pero mientras haya personas en las administraciones como esta gente que se aprovecha de lo público, seguirán ocurriendo estas cosas, como la macrocausa de los Eres en Andalucía o la Púnica en Madrid, que se aprovecharon de lo público para beneficiar a sus amigos y a ellos mismos.