Reflexión personal
elaborada por Mª. Carmen Pérez Pérez.
CAMBIOS ADMINISTRATIVOS
A menudo podemos observar
que tras un cambio de Gobierno cambia la organización de la Administración, ya
sea Central, Autonómica o Local, creándose, modificándose o extinguiéndose
Ministerios, Consejerías o Concejalías. No sólo cambia el nombre (que sería un
mal menor) sino que cambian las funciones y cambian la dependencia de los
órganos administrativos. ¿Cómo se puede planificar la gestión de los recursos
humanos cuando, a veces, no se agota ni la legislatura?. ¿Cómo afecta al
trabajo desarrollado por los funcionarios?. Y los ciudadanos, que representan el interés general, ¿lo
entienden?.
Ante estas preguntas,
creo que las respuestas no son positivas.
Es imposible realizar una
correcta gestión de los recursos humanos con un tiempo límite de cuatro años
(no digamos si no se agota la legislatura o se producen cambios, cuando el
tiempo de respuesta es menor), ya que la gestión de los recursos humanos debe
ser un instrumento para que las organizaciones cumplan los objetivos,
estableciendo un método de trabajo mediante el cual los trabajadores se
encuentren motivados y realicen bien su trabajo. Para ello, entiendo que es
fundamental la formación de los funcionarios y que se cree un buen clima de
trabajo, de manera que lo más importante sea la persona, a fin de que se puedan
cumplir los objetivos de eficacia y eficiencia.
En cuanto a cómo afecta
al trabajo desarrollado por los funcionarios, son situaciones que crean
inseguridad y, por tanto, redunda negativamente en el buen desarrollo del
trabajo y en la consecución de los principios de eficacia y eficiencia. En la
Administración hay auténticos profesionales que han accedido a ella a través de
unas oposiciones (basadas en los principios de igualdad, mérito y capacidad), y
que, ante un cambio de dirección administrativa, han sufrido el aislamiento por
parte de sus superiores o el ninguneo por parte de las personas a su cargo;
este punto no es una generalidad, pero cuando ha pasado el trabajo se ralentiza
y el ambiente es muy desagradable.
Y, por último, los
ciudadanos ante esa situación no reaccionan bien. Ellos quieren resolver sus
problemas y no entienden que, lo que ayer tramitaban en un órgano
administrativo, hoy lo tienen que tramitar en otro, cuando su problema es el
mismo. Además, entienden que ello implica un gasto, innecesario.
A modo de ejemplo, puedo contar
la “anécdota” de la Consejería de Medio Ambiente. A mediados de 2012 se produce
una reestructuración en el Gobierno del Presidente Griñán, suprimiéndose la
Consejería de Medio Ambiente y pasando las competencias a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Desde esa fecha se producen cambios de
sedes, despachos, Delegaciones Territoriales…
En Septiembre de 2013,
con la llegada de la Presidenta Susana Díaz, la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente se divide en las Consejerías de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Nueva
división de competencias y cambios de sedes… Ha habido funcionarios que en
menos de un año han sufrido dos cambios de sedes y otros que, hasta el pasado
mes de agosto, han estado realizando su trabajo en una Consejería y percibiendo
sus retribuciones por otra. La opinión general es que era un desconcierto y un
sinsentido: en menos de un año dos cambios.
Los ciudadanos que tenían
que presentar alguna documentación no entendían los cambios y, para pesar de
ellos, se producía una ralentización en los procedimientos. Y, por supuesto,
los comentarios sobre el gasto que ello conllevaba en cuanto a una nueva
rotulación…
Entiendo que nada dura
eternamente, pero tanto cambio en los órganos administrativos no beneficia a nadie:
ni a los funcionarios, ni a los ciudadanos ni, por supuesto, al interés
general. Los políticos deberían pensar en fórmulas que agilicen los procedimientos
y la óptima consecución del interés general.
Realizado por Esperanza Díaz Rodriguez
ResponderEliminarEstoy totalmente de acuerdo con lo que mi compañera Mª Carmen expone en su reflexión personal sobre los cambios administrativos.
Cuando la organización de la Administración cambia como consecuencia de una reestructuración del gobierno, evidentemente afecta al desarrollo profesional de los empleados, algo que en ocasiones provoca situaciones de gran inseguridad para todos los empleados públicos, en el momento de realizar las tareas que cada uno tiene asignadas, poniéndose en entre dicho la consecución de los principios de eficacia y eficiencia.
Es cierto que los empleados públicos sufren directamente estos cambios en el desarrollo de sus respectivos puestos, y que a algunos les influye más que a otros, puesto que a veces esta reestructuración es tan radical que llega incluso a vaciarse de competencias la plaza que el funcionario ocupa.
Pero creo que son los ciudadanos la parte de la población que más negativamente sufren estos cambios, y que por desgracia son los que menos culpa tienen de que la Administración se encuentre tan politizada. No se puede tener a un administrado o usuario de un sitio para otro de la ciudad en busca de una información que en un principio estaba centralizada en un órgano concreto y que por el “capricho de unos cuantos”, las competencias pasan a depender de otras dependencias de las que el mismo funcionario puede incluso que no tenga noticias. Es lastimoso pero cierto de que a los empleados públicos, muchas veces, son a los últimos que les hacen saber los cambios que se producen, cuando debían ser los primeros informados, en beneficio del servicio público.