Realizado por: Patricia Ferreira Nuñez
¿Cuántas veces hemos hecho una gestión ante una administración y nos hemos sentido frustrados o maltratados por el funcionario de turno? ¿Cuántas veces hemos intentado utilizar un servicio telemático de gestión de un ministerio o una consejería de una comunidad autónoma y no ha sido posible porque no ha funcionado la web, la pasarela de pago o el sistema?
Este tipo de incidentes es habitual, demasiado habitual en nuestro país, aunque bien es cierto que también es una de las deficiencias estructurales de la función pública en muchos países, no sólo de España. Una de las causas de estas carencias en el servicio público que se ofrece a los ciudadanos es la escasa mejora continua del desempeño del personal y de los procesos, porque las relaciones laborales dentro de la administración son decimonónicas y rígidas.
Ahora, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda pero también de Administraciones Públicas, quiere medir por primera vez el desempeño de los 2,5 millones de funcionarios que trabajan en nuestro país, a través de exámenes periódicos. Una evaluación, que, si prospera la propuesta actual del comité de expertos que ha elaborado la ponencia, determinará el sueldo de los funcionarios y los ascensos.
Se trata de cambiar, a través del desarrollo pendiente del Estatuto Básico del Empleado Público, unos hábitos forjados en el siglo XIX. Para ello se propone que todos los funcionarios deberían estar sometidos a la evaluación del desempeño, con la única excepción del personal eventual -los denominados cargos de confianza-.
Por tanto, tendrían que pasar ese examen anual sobre su rendimiento en el trabajo tanto funcionarios como interinos, así como personal laboral. En total, en torno a 2,5 millones de trabajadores. La evaluación, como ocurre en muchas empresas privadas, aumentaría la parte variable del salario, de forma que dos funcionarios que están en el mismo puesto podrían ganar cantidades bien diferentes en función de su evaluación de rendimiento. De este modo se pretendería establecer incentivos para mejorar la productividad de los empleados públicos, superando el esquema actual en el que no existe incentivo alguno para mejorar el rendimiento.
La evaluación continua también debería permitir detectar las carencias de formación del cuerpo de funcionarios, y establecer programas específicos para mejorarla. Pero la revolución que podría suponer esta medida en el funcionamiento de la Administración no acaba ahí. Abre la posibilidad de fijar un procedimiento que permita el despido de funcionarios de carrera por causas no estrictamente disciplinarias. El comité de expertos insta al Gobierno de Rajoy y a comunidades autónomas a desarrollar un procedimiento que regule el "cese de un puesto de trabajo obtenido por concurso" en los casos en que exista una evaluación negativa del desempeño del funcionario en cuestión.
El posible despido de funcionarios, por tanto, ya no dependería únicamente de cuestiones disciplinarias, tal y como prevé la norma actual, sino también del cumplimiento de esos objetivos establecidos para cada puesto y de la positiva evaluación de su desempeño profesional. En casos extremos, el examen de evaluación permitiría el despido de funcionarios en caso de ser negativa de forma reiterada y poner de manifiesto una actitud particularmente negativa hacia el trabajo.
La aplicación de este tipo de despido presenta en todo caso gran dificultad y posiblemente quedará diluida en la reforma . La primera es que si no se objetiva bien quién puede decidir sobre estas medidas disciplinarias se podría abrir un resquicio a las purgas políticas o por amiguismo de funcionarios en todos los niveles, desvirtuando la necesaria preservación de la neutralidad que debe regir el funcionamiento de la Administración. Basta con imaginar qué podría pasar en la Agencia Tributaria si no se establece un procedimiento que dé absolutas garantías a la hora de evaluar y decidir castigos.
https://es.finance.yahoo.com/blogs/finlaotracaradelamoneda/los-funcionarios-que-vienen-examen-rendimiento-cada-a%C3%B1o-120140092.html
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Comentario realizado por: Irene Durán Reina.
ResponderEliminarMe parece interesante esta publicación realizada por Patricia Ferreira Núñez.
Me siento identificada y creo que a todos nos ha pasado alguna vez, acudir, en nuestro caso, a la ventanilla de la Secretaria de la Universidad, e ir con el miedo de si la persona que está detrás de ella nos resolverá amablemente el problema que llevamos o nos iremos con más dudas aun de las que llevábamos por el trato de desganas recibido.
Al igual que cuando acudimos a cualquier mostrador de un hospital o centro de salud, esa desgana que muestran algunos funcionarios, que, en ocasiones, te hacen sentir inferior, que no sabes nada, sin ser así, solo necesitas un poco de su ayuda.
Sé que hay personas y personas, y sé también que cansa mucho el tener que estar escuchando una y otra vez preguntas y a las que tenemos que responder y resolver. Pero, es que estáis trabajando cara al público, y ni yo ni el otro ni el otro tenemos culpa que haya personas pesadas que se pasen el día preguntando cosas obvias, pero si realmente tenemos un problema, son ellos los que nos lo tienen que resolver, están trabajando para eso y sabían para lo que se estaban preparando; para trabajar con el público.
Me parece bien, aunque un poco agobiante, el realizar exámenes anuales a los funcionarios para evaluar la formación y conocimientos que presentan, para que así se mejoren los conocimientos anticuados que presenten algunos de ellos. A pesar de la antigüedad que presenten los funcionarios de hace X años, los de ahora tendrán mayores conocimientos en la actualidad que ellos, ya que vemos cómo evoluciona la sociedad, la vida, las técnicas, mecanismos.
Aunque ahora no se está llevando a cabo, veo adecuado favorecer a aquellos funcionarios que realicen buenos rendimientos y generen una mayor productividad, porque no me parece correcto incentivar de manera igualatoria a quien tiene un rendimiento bajo a aquel que tenga un rendimiento alto y mayor formación.
completamente de acuerdo contigo, Irene, el ejemplo mas claro es ese que has puesto tu y que todos hemos vivido alguna vez, esperar largas colas en la secretaria de la facultad y que cuando por fin llega nuestro turno nos atienden como quieren, con desganas. Tambien he de decir que no se puede generalizar, no todos son iguales, y que aquellos que son amables y hacen todo lo posible por realizar su trabajo de forma correcta y mas amable posible, tambien se cansan de escuchar siempre lo mismo, que los funcionarios no trabajan o que no quieren trabajar.
ResponderEliminarPor eso precisamente me pareció bastante interesante este articulo. Lo veo una idea muy positiva y buena para todos, como se suele decir todos saldríamos ganando.
En primer lugar, comparto con vosotras esa sensación de distancia gélida que todos alguna vez hemos sentido en nuestra relación con la Administración. Saco una lanza a favor de todos aquellos funcionarios que se desviven por resolvernos los problemas, por ser agradables.., y que son la mayoría. Siempre digo que “en un cesto de manzanas siempre nos fijamos en la manzana podrida y no en el resto”.
ResponderEliminarPor otro lado, en el EBEP se incluye la evaluación del rendimiento dentro de las retribuciones complementarias que se establezcan en las correspondientes Leyes de Función Pública.
En Andalucía aún no se ha elaborado la nueva Ley de Función Pública, que establezca las distintas retribuciones complementarias.
El complemento de productividad es una retribución variable que valora los factores de especial rendimiento, actividad extraordinaria e interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo, siempre que ello determine una mayor y mejor calidad en la prestación de servicio.
¿Cuál es el problema de esta retribución? Los Jefes de Servicios que deben valorar a su personal lo hacen de forma homogénea, para evitar problemas y enfrentamientos, y lo que consiguen es crear malestar entre los que son responsables y aquéllos que no lo son.
En cuanto al despido de los funcionarios, creo que es un reto más difícil, ya que hay que tener en cuenta que los funcionarios no cotizan por desempleo (a diferencia de los laborales e interinos) y, por tanto, en caso de ser despedidos ¿qué harían sin subsidio de desempleo?. No obstante, creo que se debe tener en cuenta que el funcionario tiene derecho a su condición profesional pero no “derecho al cargo” y para ello, el EBEP establece el procedimiento de remoción del puesto, por no cumplir los objetivos.
En consecuencia, creo que actualmente las Administraciones tienen “herramientas” tanto para premiar como para castigar. El problema es que no se hace uso de ellas de la forma correcta.