Los inspectores de Hacienda han reclamado este jueves hacer pública la declaración de la renta de todos los contribuyentes. La propuesta forma parte de un batería de medidas para luchar contra la corrupción que han presentado durante el XXIV Congreso celebrado por la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en Bilbao.
Ransés Pérez-Boga, presidente de la organización, ha precisado que la primera información tributaria que debería hacerse pública es la de los profesionales y empresarios. Durante un encuentro con periodistas, Pérez-Boga ha matizado que “sería una información fiscal limitada”. Los datos que los inspectores plantean que se hagan públicos serían los de la liquidación tributaria y no todos los que figuran en la declaración de la renta. Han recordado que otros países, entre ellos Suecia, ya lo hacen y en España se hizo a finales de los años setenta. “Todos conoceríamos lo que declara cualquier contribuyente, lo que evitaría tentaciones a defraudar o no declarar correctamente, al ser públicas las declaraciones del IRPF”, señala el documento difundido por los inspectores de Hacienda.
Los inspectores también han reclamado la creación de un órgano centralizado para luchar contra la corrupción –bautizada como Oficina antifraude (Onaf)--. Se trataría de un cuerpo dependiente del Parlamento y no del Gobierno en el que participarían efectivos de la policía, guardía civil, inspectores del Banco de España, de Hacienda, y miembros de la nueva policía fiscal, que también reclaman que se creen.
Este organismo estaría dedicado “a perseguir de forma global la corrupción y los delitos de blanqueo y otros de tipo económico, en aquellos casos en los cuales no han nacido expedientes fiscales previos”, señala el informe. El presidente de IHE explica que “este órgano ayudaría a solucionar los macroprocesos judiciales porque la instrucción de los casos llegaría madura”- Pérez-Boga admite que este proyecto se encontraría con multiples problemas institucionales y admite que es difícil que salga adelante por los temas de competencia.
Fuente: El País. http://economia.elpais.com/economia/2014/10/16/actualidad/1413463915_138405.html
Realizado por Araceli Blasco Rodriguez:
ResponderEliminarEl tema de la corrupción en nuestro país, esta a la orden del día. Muchos casos en España han salido a la luz estos últimos años, con las intenciones de ser resueltos y zanjados todos los que existan. El problema es, si esta bien controlado hasta día de hoy o no. Para mi entender la creación de un órgano mas, para el control de esta corrupción, no tendría ningún sentido. La corrupción tendría que ser controlada por cada uno de las personas que se encuentran en gobierno, administraciones publicas, etc... además de en cada uno de los ciudadanos y personas que parten desde lo más básico como son las declaraciones, donde se defraudan una gran cantidad de dinero. Pero por ello, no quitando importancia ni mucho menos, a la corrupción de altos cargos ya sea en entidades públicas o privadas. En conclusión, me parece correcto el publicar declaraciones para que todos los ciudadanos las puedan ver, y así saber la corrupción que hay no solo en altos cargos si no en todos los ciudadanos.
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ResponderEliminarRealizado por Eva María Palma Carrizosa:
ResponderEliminarLa idea de los inspectores de hacienda de hacer pública las declaraciones de la renta de todos los contribuyentes viene al hilo de lo que se pretende implantar en las Administraciones públicas con la Ley 19/2013, ley de transparencia que obligará a las Administraciones Públicas a dar información, igual se debería hacer con los contribuyentes, los cuales deberían dar información de sus rentas, así se prevendría la corrupción ya que al hacer pública sus rentas, los contribuyentes se pensarían más defraudar.
La implantación de la ley 19/2013 es un hecho, pero que la idea de los inspectores se lleve a la práctica es algo muy difícil, porque solo la idea de crear un órgano que luche contra la corrupción es algo casi imposible ya que como expone la compañera en su comentario, los primeros corruptos son los políticos y altos cargos de las Administraciones públicas, a los cuales no le beneficiaría nada la idea.