La Administración creará listas negras de usuarios violentos con los funcionarios
Hacienda y sindicatos negocian la elaboración de listas negras de usuarios con conductas violentas en todas las oficinas de atención al público para prevenir agresiones
Los sindicatos quieren que la Administración sea más activa en llevar ante la Justicia a quien se comporte de forma agresiva o amenazante
Estos registros sólo tendrían como objetivo “poder dirigir a estas personas para que sean atendidas por empleados advertidos de antemano”, según el borrador al que ha tenido acceso eldiario.es
Hacienda y sindicatos negocian la elaboración de listas negras de usuarios con conductas violentas en todas las oficinas de atención al público para prevenir agresiones
Los sindicatos quieren que la Administración sea más activa en llevar ante la Justicia a quien se comporte de forma agresiva o amenazante
Estos registros sólo tendrían como objetivo “poder dirigir a estas personas para que sean atendidas por empleados advertidos de antemano”, según el borrador al que ha tenido acceso eldiario.es
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Perder los nervios y la educación ante el funcionario de turno puede dejar de ser en breve ese “desahogo” con el que muchos tratan de justificar su actitud para convertirse en una marca de la vergüenza.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se está planteando muy seriamente la idea de crear listas negras en todas las oficinas de atención al público de la Administración con el doble objetivo de tener fichados a los usuarios que se comporten reiteradamente de forma amenazante o directamente violenta, y de prevenir posibles agresiones a los funcionarios públicos.
De hecho, el último borrador del Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo en la Administración General del Estado en el que está trabajando la Dirección General de Función Pública, dependiente del Ministerio de Cristóbal Montoro, prevé el establecimiento de “sistemas internos de identificación de reincidentes en la realización de conductas violentas”.
Según el documento gubernamental, al que ha tenido acceso eldiario.es, estos registros únicamente tendrían como objetivo “poder dirigir a estas personas para que sean atendidas por empleados advertidos de antemano” y convenientemente preparados para actuar ante situaciones que puedan degenerar en violentas.
Sin embargo, Marian Mur, secretaria técnica de Igualdad de CSIF, sindicato promotor de este protocolo, considera que la Administración debería ser más ambiciosa y aprovechar esta información para llevar ante la instancia administrativa o judicial que corresponda a las personas que se comporten de manera violenta con los funcionarios públicos.
Perder los nervios y la educación ante el funcionario de turno puede dejar de ser en breve ese “desahogo” con el que muchos tratan de justificar su actitud para convertirse en una marca de la vergüenza.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se está planteando muy seriamente la idea de crear listas negras en todas las oficinas de atención al público de la Administración con el doble objetivo de tener fichados a los usuarios que se comporten reiteradamente de forma amenazante o directamente violenta, y de prevenir posibles agresiones a los funcionarios públicos.
De hecho, el último borrador del Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo en la Administración General del Estado en el que está trabajando la Dirección General de Función Pública, dependiente del Ministerio de Cristóbal Montoro, prevé el establecimiento de “sistemas internos de identificación de reincidentes en la realización de conductas violentas”.
Según el documento gubernamental, al que ha tenido acceso eldiario.es, estos registros únicamente tendrían como objetivo “poder dirigir a estas personas para que sean atendidas por empleados advertidos de antemano” y convenientemente preparados para actuar ante situaciones que puedan degenerar en violentas.
Sin embargo, Marian Mur, secretaria técnica de Igualdad de CSIF, sindicato promotor de este protocolo, considera que la Administración debería ser más ambiciosa y aprovechar esta información para llevar ante la instancia administrativa o judicial que corresponda a las personas que se comporten de manera violenta con los funcionarios públicos.
La violencia en el trabajo no es un riesgo laboral
Según la portavoz sindical, hasta ahora en la mayoría de los casos esta clase de actitudes no han acarreado ningún tipo de sanción, y cuando ha existido ha sido tan testimonial que su poder disuasorio es casi nulo.
“Es cierto que los propios funcionarios denunciamos poco, por miedo a represalias o incluso porque tramitar este tipo de denuncias es costoso económicamente y muchos consideran que no merece la pena, pero tampoco ha ayudado que la violencia sobre el personal público nunca se haya considerado como un riesgo laboral”, denuncia Mur.
Aunque no existen datos sistematizados al respecto, la sensación que se tiene en CSIF es que las agresiones y las amenazas han crecido exponencialmente con motivo de la crisis.
Trabajos particularmente expuestos, como los puestos de atención al público de las oficinas públicas de empleo, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria o los encargados de comunicar notificaciones de embargo o realizar registros han vivido un incremento de las tensiones con los usuarios que hasta ahora la Administración ha ignorado.
Hace un par de semanas, el Ministerio de Hacienda anunció su intención de poner en marcha un protocolo de actuación ante este tipo de situaciones. El sindicato CSIF lleva exigiendo ese protocolo más de dos años.
En el borrador en el que está trabajando Hacienda se recoge la creación de esas listas negras de usuarios violentos en las oficinas de la Administración, pero también otras medidas de carácter proactivo, reactivo y de apoyo a las víctimas de violencia.
Entre las primeras destacan la mejora de las medidas organizativas y la mejor distribución de los recursos humanos para prestar una atención lo más eficaz posible y evitar esperas innecesarias que degeneren en situaciones de tensión.
Entre las segundas, destaca la definición de un protocolo de actuación ante situaciones potencialmente violentas, que incide en que el funcionario mantenga la calma, avise al vigilante de seguridad que haya en la oficina y, si fuera necesario, reclame la presencia en la oficina de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
“Todas ellas son medidas necesarias que contribuirán a mejorar la situación”, asegura Marián Mur. “Pero nosotros nos daríamos por satisfechos con que, al menos, se cumpliera el principio de que hubiera algún vigilante de seguridad en todas las oficinas de atención al público. A día de hoy, sigue habiendo lugares donde no los hay”.
http://www.eldiario.es/economia/Administracion-comportan-violenta-amenazante-funcionarios_0_313569510.html
Según la portavoz sindical, hasta ahora en la mayoría de los casos esta clase de actitudes no han acarreado ningún tipo de sanción, y cuando ha existido ha sido tan testimonial que su poder disuasorio es casi nulo.
“Es cierto que los propios funcionarios denunciamos poco, por miedo a represalias o incluso porque tramitar este tipo de denuncias es costoso económicamente y muchos consideran que no merece la pena, pero tampoco ha ayudado que la violencia sobre el personal público nunca se haya considerado como un riesgo laboral”, denuncia Mur.
Aunque no existen datos sistematizados al respecto, la sensación que se tiene en CSIF es que las agresiones y las amenazas han crecido exponencialmente con motivo de la crisis.
Trabajos particularmente expuestos, como los puestos de atención al público de las oficinas públicas de empleo, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria o los encargados de comunicar notificaciones de embargo o realizar registros han vivido un incremento de las tensiones con los usuarios que hasta ahora la Administración ha ignorado.
Hace un par de semanas, el Ministerio de Hacienda anunció su intención de poner en marcha un protocolo de actuación ante este tipo de situaciones. El sindicato CSIF lleva exigiendo ese protocolo más de dos años.
En el borrador en el que está trabajando Hacienda se recoge la creación de esas listas negras de usuarios violentos en las oficinas de la Administración, pero también otras medidas de carácter proactivo, reactivo y de apoyo a las víctimas de violencia.
Entre las primeras destacan la mejora de las medidas organizativas y la mejor distribución de los recursos humanos para prestar una atención lo más eficaz posible y evitar esperas innecesarias que degeneren en situaciones de tensión.
Entre las segundas, destaca la definición de un protocolo de actuación ante situaciones potencialmente violentas, que incide en que el funcionario mantenga la calma, avise al vigilante de seguridad que haya en la oficina y, si fuera necesario, reclame la presencia en la oficina de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
“Todas ellas son medidas necesarias que contribuirán a mejorar la situación”, asegura Marián Mur. “Pero nosotros nos daríamos por satisfechos con que, al menos, se cumpliera el principio de que hubiera algún vigilante de seguridad en todas las oficinas de atención al público. A día de hoy, sigue habiendo lugares donde no los hay”.
http://www.eldiario.es/economia/Administracion-comportan-violenta-amenazante-funcionarios_0_313569510.html
Realizado por Maria Gallardo Cabrales
ResponderEliminarSólo digo que ojalá fuera verdad.Trabajo en la Administración General del Estado más concretamente en el SEPE y mis compañeros y yo somos blanco de insultos, amenazas y vejaciones diariamente, hasta el punto de tener miedo y pocas ganas de ir a trabajar. Tratamos ante personas que debido a su situación tan preocupante económicamente no ven otro medio de protestar que pagarla con el funcionario de turno.Se sufre muchas veces agresiones donde por denegar una prestación a la cual no se tiene derecho hay que poner una denuncia por seguridad.Y que pasa cuando se llega al juzgado? Pues que el juez dado las circunstancias económicas y sociales del acusado no lo condena, que como mucho le reprende y nosotros nos quedamos indefensos.Esto motiva que muchos se acojan a bajas por depresión.Con lo cual merma la productividad de la función pública en cuanto a calidad del servicio.Si con esto los funcionarios del SEPE se sienten aunque sean apoyados por su superiores seguramente mejorara la calidad del servicio que se presta al ciudadano.
Realizado por Silvia Martín Cea
ResponderEliminarEs cierto que la impotencia que sienten los ciudadanos ante la Administración se paga con quién menos culpa tiene de ello, porque los que realmente crispan a los usuarios no dan la cara. Pero no creo que la solución esté en crear “listas negras” como si estuviéramos en un régimen que terminó hace ya 40 años.
El trato con el público es un trabajo duro porque todos los días no se levanta uno con el mismo ánimo, pero eso mismo ocurre en cualquier otro sector que no sea una Administración Pública y no por ello hacen listas negras de los clientes.
Además, pienso que la mayor parte de la población soportan con bastante tolerancia los sistemas de administración que se les impone y que esos “violentos” son una minoría que, como en todas partes, siempre las hay. Para ello, creo que con un guardia de seguridad en la puerta habría más que suficiente y que los funcionarios tengan un procedimiento de denuncia rápida y sencilla, por supuesto, que prospere esa denuncia. Pero igualmente, que la hoja de reclamaciones que ponga el usuario no quede dentro de un cajón, porque lo mismo que como dices en un juicio el juez solo reprende al que ha insultado o amenazado a un funcionario por sus circunstancias, los funcionarios supongo que serán reprendidos por sus superiores pero siguen en su puesto de trabajo, y en la administración también hay una minoría que no tienen empatía con el público, pero no se les puede echar.
Realizado por Verónica Carrera Chacón.
ResponderEliminarEn cuanto a la creación de listas negras de usuarios violentos, considero que tanto el esfuerzo como recursos utilizados serían más convenientes y productivos destinarlos a medidas más necesarias para la población como servicios sociales o educativos, aparte de considerar que no tendría ninguna utilidad, pues a esos ciudadanos habría que seguir prestándole el servicio. Es cierto que hay ciudadanos que acuden a los servicios públicos de muy malas maneras pero también sería conveniente pensar porque acuden así. Habría que reconocer que en muchas Administraciones Públicas, hay una gran dejadez y tardanza en la resolución de expedientes. De igual modo, se debería de tramitar correctamente las reclamaciones que los ciudadanos interponen a través de las herramientas existentes y no limitarse la Administración a archivarla o darle una respuesta tipo.