El Círculo de Empresarios pide equiparar el despido de los funcionarios al de los trabajadores privados - ABC.es
El Círculo de Empresarios ha reclamado este lunes una reducción del peso de las administraciones públicas en el conjunto de la economía española de entre 40.000 y 90.000 millones de euros. El presidente del Comité de Presupuestos de la asociación empresarial, Manuel Pérez-Sala, ha lamentado en rueda de prensa la "escasa ambición" en el ajuste del gasto de los presupuestos generales del Estado para 2015, que mañana empiezan a tramitarse en el Congreso.
"Todo indica que en 2015 se perderá el impulso reformista", asegura el Círculo, que critica que renunciar a verdaderos ajustes de gasto impide acometer una reducción de impuestos más profunda. Por ello el Círculo de Empresarios propone una reforma de las administraciones que reduzca su peso hasta estar comprendido entre el 35 y el 40% del PIB. Según sus cálculos, en la actualidad el peso del sector público es del 44%, y lo "sano" sería rebajarlo entre 9 y 4 puntos de PIB (entre 90.000 y 40.000 millones aproximadamente).
Además, el Círculo propone reformular el modelo de contratación, despido y remuneración de los empleados públicos, asimilándolo al sector privado. No obstante, antes de "hablar de despidos" entre los funcionarios o empleados públicos, para Pérez-Sala deberían contemplarse incentivos y reorganizaciones que fomenten la eficiencia.
Por otro lado, esta asociación considera "preocupante" la evolución del gasto en pensiones debido al envejecimiento de la población, y creen que el Fondo de Reserva podría desaparecer en 2019.
Así, insisten en que debería iniciarse el debate sobre una "auténtica reforma estructural" del sistema y caminar hacia "esquemas mixtos" en los que una parte sea pública y otra pueda ser la capitalización privada.
Además, recalcan la necesidad de profundizar en la reforma laboral y adoptar medidas específicas para reducir la temporalidad, eliminar la dualidad y aumentar la flexibilidad. A su juicio, deben además vincularse las prestaciones por desempleo a que se acepten ofertas de trabajo, o al fomento de la movilidad.
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Creo que el titular de la noticia es una muestra más de lo desinformada que está la sociedad española en relación al papel de los funcionarios en la Administración Pública.
ResponderEliminarPapel que yo considero fundamental, pues el funcionario es una garantía de servicio público, sin partidismos, y de objetividad, pues su función se rige por la ley. Por ello la inamovilidad del funcionario en su puesto de trabajo, recogida en el texto constitucional: dicha inamovilidad es una garantía para que determinados políticos no destituyan de sus puestos a funcionarios "incómodos" que les obliguen a cumplir determinados preceptos legales que muchos de los citados políticos no tendrían ningún escrúpulo para no respetarlos.
Resumiendo, la Constitución Española de 1978 no se equivocaba al garantizar la inamovilidad de los funcionarios públicos, muy al contrario.
En mi opinión, la idea de bajar entre 9 y 4 puntos la inversión realizada por el gobierno con respecto a las administraciones públicas, es buena siempre y cuando se determinen a que sectores se procederá a recortar.
ResponderEliminarPara empezar los mismos que llevarían a cabo el proceso regularizador, deberían de aplicarse a ellos mismos el sondeo de gasto que suponen, con esto me quiero referir, a cuantos cargos políticos existen en nuestra administración y de cuanto es el costo del mantenimiento de estos, ya que un funcionario no necesita de secretario/a como norma general, de coches oficiales, de viajes, de comidas, de dietas, ect…
Acto seguido comentar que muchos de ellos son propuestos a través del proceso de libre designación, todo lo contrario que el personal funcionario que obtienen su puesto de trabajo a través de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Por ello, estas personas que realizarán el proceso regularizador de las Administraciones Públicas, pienso que antes de llevar a cabo la privatización de determinados sectores públicos, de recortes en los salarios del personal funcionario, de anulación de las pagas extraordinarias, deben realizar un estudio pormenorizado de las escalas y el tipo de personal dedicado al servicio público, al cual, se debe comenzar con ese proceso ineludible de regularización.
Además de todo lo anterior, pienso que la privatización en determinados sectores públicos dañaría gravemente nuestro estado de bien estar y proliferarían los casos de corrupción, desviación, prevaricación, incluyendo la “ley del enchufismo” que se implantaría en muchísimos sectores.
Me sumo a la idea de Pérez-Sala, que plantea implantar incentivos que fomenten la eficiencia en el funcionario, aunque este principio es muy relativo al relacionarlo con la función pública, es decir, difícil de reconocer.
Frente a la idea de que los despedidos formen parte de la vida funcionarial, encontramos esta premisa en el EBEP;
Las causas según el Estatuto de la extinción de la condición de funcionario son:
• La renuncia a la condición de funcionario
• La pérdida de la nacionalidad
• La jubilación total del funcionario
• La sanción disciplinaria de separación del servicio de carácter firme
• La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público firme.
Se observa que no existe causa objetiva de la relación laboral, prevista en el Estatuto de los trabajadores como ineptitud del trabajador, falta de asistencia al trabajo… Este régimen jurídico tan distinto entre funcionarios y laborales, es una prueba más de la patológica presencia en las mismas organizaciones públicas de personal con regímenes tan distintos.
Si bien en la administración pública existe un exceso de burocratización, al que se le conoce como disfunciones de la burocracia, que se traduce en ineficiencia e irracionalidad de la misma, también se hace referencia a las tensiones que dificultan el funcionamiento del aparato administrativo y que hacen fracasar los objetivos ya sea por una sobre organización (desarrollo excesivo de aquellas rutinas burocráticas) o una infraorganización (basada en favoritismo y corrupción), que finalmente no se solucionará con el despido del empleado público, porque que las disfunciones de la burocracia siempre van a existir, aunque eso no significa su funcionamiento sea ineficiente o inadecuado, por ello para su mejoramiento es necesario realizar una reestructuración, valga la redundancia, de su estructura y funcionamiento interno, de manera lenta y gradual que permita la adaptabilidad, solucionando así el problema económico (ajuste del gasto de los presupuestos generales del Estado para 2015), en el que se en marca el despido de los empleados públicos.
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