Propuesta de noticia por: Isabel Ruiz Hervás
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está ultimando el
diseño de un protocolo de actuación contra las agresiones físicas, verbales y
amenazas que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, ante el
"volumen creciente" de estas situaciones durante los últimos años, indica
el sindicato CSI-F.
Este protocolo, que generaliza las experiencias piloto realizadas en
algunos ámbitos como las oficinas de empleo, ha sido puesto en común con todos
los ministerios y se aplicará en el conjunto de las Administración General del
Estado y sus organismos dependientes.
La iniciativa, señala CSI-F, ha sido posible tras las reivindicaciones y
el acuerdo alcanzado con este sindicato, y se produce después de que Hacienda
haya reconocido el crecimiento número de agresiones a los trabajadores
públicos.
Tal y como reconoce Hacienda en su informe, durante 2013 "se ha
producido un incremento en el número de incidentes registrados, distribuidos en
un amplio número de organismos, pero especialmente concentrados en el área de
empleo".
Esta situación se atribuye a la sensibilidad de los ciudadanos
acrecentada por la situación de crisis prolongada, tal y como ha venido
denunciando CSI-F. El Gobierno aún no dispone de cifras y por eso pondrá en
marcha un registro de agresiones.
El Gobierno contemplará como episodio de violencia las agresiones
físicas ("pegar, golpear, empujar") y las conductas amenazantes que
sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, principalmente los
abusos verbales y las amenazas, puesto que son los incidentes más comunes.
CÓDIGO PENAL.
El documento, acordado con CSI-F, recalca que estas situaciones son
"delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios
públicos", reciben el nombre de atentados, resistencia y desobediencia y
están regulados en el artículo 550 del Código Penal.
El protocolo recabará la experiencia personal de los empleados públicos
que realizan trabajos con especial riesgo, como pueden ser el trabajo con el
público, personaciones o embargos.
Se establecerá además un dispositivo preventivo adaptado en cada ámbito
que incluye sistemas de detección, timbres de alarma, pantallas, personal de
seguridad, cámaras y protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
A partir de ahí, establece una serie de actuaciones durante la situación
de riesgo y grados de alerta, así como simulacros periódicos, que refuercen la
concienciación y las conductas preventivas de los empleados públicos.
Igualmente, se prevén actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por
parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante
terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales.
POSICIÓN DE CSI-F.
CSI-F se felicita de este acuerdo, que supone un avance en la
sensibilización social y mayor visibilidad a este tipo de situaciones "que
en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados
públicos por indefensión, miedo a las
represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para
nada".
CSI-F también espera que el Gobierno incluya las "amenazas
gestuales" y las grabaciones con el dispositivo móvil con la amenaza de
difundirlas en la 'web', una situación que se ha constatado en las oficinas de
empleo.
Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el
comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en
ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar
una cifra, indica.
Publicada originalmente por: http://www.rrhhmagazine.com/noticias.asp?id=4918
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