El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado unadenuncia por la vía penal por posibles delitos de prevaricación, usurpación de potestades públicas y malversación de fondos contra 42 altos cargos y exaltos cargos de la Administración de la Junta y de siete agencias públicas y entes instrumentales.
Así lo ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa el presidente del SAF, José Manuel Mateo, quien ha señalado que en la iniciativa legal se critican las prácticas que desde la aprobación de la denominada «ley del enchufismo» realiza la Junta, donde personal que carece de potestades públicas, ejerce actividades que sólo corresponden a los funcionarios de carrera, como es la gestión y concesión de subvenciones y ayudas, la contratación administrativa, el control del gasto y la fiscalización.
El SAF ha sumado a la denuncia un análisis sobre una muestra de contratos adjudicados y ayudas y subvenciones gestionadas desde 2011 sin la supervisión de los funcionarios, que suponen una cantidad estimada de más de 950 millones de euros.
El problema, según ha expuesto José Manuel Mateo, es que desde hace más de tres años la mayoría de las agencias públicas empresariales ejecutan potestades públicas sin la presencia de personal funcionario, al carecer de unidad administrativa adscrita. Igualmente ha indicado que solo tres de los 16 directores generales y/o directores gerentes mencionados en la denuncia son funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
El Sindicato ha solicitado que se abra una investigación y, llegado el caso, que se depuren responsabilidades. Los denunciados son viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales o directores gerentes, responsables directos de los departamentos de Personal.
Enlace a la noticia: http://sevilla.abc.es/andalucia/20141020/sevi-sindicato-funcionarios-denuncia-altos-201410201233.html
Según lo dicho en esta noticia parece ser que la administración andaluza ha creado una “administración paralela” a la administración pública a través de agencias públicas y entes instrumentales.
ResponderEliminarLos puestos de trabajo en estos organismos han sido ocupados por personal laboral, en vez de personal funcionario y, en algunas ocasiones, por personal a fines a partidos políticos.
De esta manera la administración andaluza ha gestionado recursos públicos a través de estos entes, sin el control del personal funcionario. Como consecuencia de la realización de estas prácticas, no se ha justificado en algunas ocasiones como se ha gastado el dinero.
Esta “administración paralela” debería de desaparecer para que el personal funcionario, que sirve con objetividad los intereses generales, pudiese justificar de forma adecuada todos los gastos de la administración pública.
Comentario realizado por: Fernando Martínez Pau en el blog de Lucas Segovia el 30-11-2014
ResponderEliminarNos encontramos en este artículo, ante la usurpación de funciones públicas de personal laboral, que ha sido colocado, la mayor parte, por los dirigente políticos de turno, y sin haber pasado por unos procesos selectivos en los cuales se garantizan las adjudicación de las plazas en función a los méritos de igualdad y capacidad de cada individuo, realizando potestades públicas que solamente la pueden realizar los funcionarios de carrera.
Esta situación se repite de forma constante en la Administración Pública de la Junta de Andalucía , desde la aparición de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz, un claro dejemplo de utilizar la Administración Pública con fines partidistas en decrimento de la Administración General de la Junta de Andalucía, garantizando los principios de transparencia y legalidad.