Realizado por Maria
Gallardo Cabrales.
SECCIONES
Andalucía
Un funcionario rectifica su acusación sobre las
mordidas de la CEA
El principal testigo
en la macrocausa denunció mordidas de la CEA y los sindicatos
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El funcionario Teodoro Montes sale de los juzgados de
Sevilla. / PACO PUENTES
El antiguo responsable
de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, Teodoro Montes, se ha
retractado este miércoles de la acusación que hizo ayer como testigo de la macrocausa sobre los cursos de formación
que instruye la juez Mercedes Alaya. En su declaración acusó sin aportar
pruebas a una fundación pública del Gobierno de maltratar a personas
discapacitadas y a los agentes sociales de lucrarse a través de comisiones
ilegales de hasta el 20% por los cursos de
formación.
Respecto a la
patronal, el funcionario se ha desdicho con rotundidad de la acusación que hizo
ayer y en lo referente a esa práctica por parte de UGT y CCOO, a los que
también atribuyó ese cobro ilegal, su acusación ha quedado difusa, han señalado
fuentes judiciales, informa Efe.
El funcionario, que es
el principal testigo en esta causa de los fondos de formación, no ha explicado
el motivo del cambio de testimonio. El cambio podría deberse a que está
"atemorizado" por el anuncio de querellas por parte de la patronal y
de los sindicatos tras conocerse el contenido de su declaración de ayer.
Montes también ha
asegurado este miércoles, en su tercera jornada de declaración como testigo
ante la titular del juzgado 6 de Sevilla, que una veintena de superiores le
impedían ejercer sus funciones como supervisor de los cursos de formación.
Montes se ha referido
desde su inmediato jefe hasta los directores generales del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE), Teresa Florido y su sucesor Carlos Cañavate, y a los directores
provinciales de la delegación en Sevilla de la Consejería de Empleo, Aurora
Cosano y su predecesor Antonio Rivas.
En los tres días que
ha declarado, cada uno durante casi cinco horas, el funcionario solo ha
respondido a preguntas de la juez y está previsto que mañana empiece a hacerlo
con las cuestiones que le plantee la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de
Andalucía, que ejerce la acusación particular, y los defensores de los
exconsejeros Angel Ojeda y Antonio Fernández, imputados en la causa.
Montes se ha
presentado ante la juez custodiado por agentes de la Guardia Civil y con una
bolsa en la que contenían todos los documentos de quejas hacia sus superiores y
por el mal funcionamiento de los cursos.
En lo que sí ha sido
taxativo ha sido en no relacionar la concesión de cursos de formación y los ERE
para empresas, lo que supone desdecirse de lo que declaró ante la Guardia Civil
en agosto de 2013.
Una de las acusaciones
concretas que ha hecho este miércoles se refieren al hecho de que en algunos
cursos organizados por organismos como el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se
preveían 40 horas de prácticas y al final se exigían a los alumnos 80, lo que
les permitía disponer de mano de obra gratis y ocurrió en centros como el
hospital Macarena de Sevilla.
La juez ha citado al
funcionario para que ratificara su denuncia ante la Guardia Civil que hizo en
agosto de 2013, cuando dijo que había "graves irregularidades" en los
fondos de formación así como ausencia de inspección y de control económico de las
facturas justificativas.
El funcionario, que ganó una sentencia a
la Junta por acoso laboral, dijo que las irregularidades se extendía a las
fases de adjudicación, gestión, control y justificación de los fondos de
formación.
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